Represión en el Congreso: liberan a 17 de los detenidos por falta de pruebas y quedan en prisión 16

Un amplio abanico de representantes de partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos así como de sindicatos reclamó hoy la liberación inmediata de los detenidos el miércoles en el marco de las protestas que tuvieron lugar frente al Congreso cuando se debatía la ley Bases en el Senado. También repudió la criminalización de la protesta y condenó las políticas represivas del Gobierno. Horas más tarde, por decisión de la jueza federal María Servini 16 de los detenidos quedaron en prisión, los que aparecen en fotografías o filmaciones, mientras que 17 fueron excarcelados por faltas de pruebas, informaron fuentes judiciales.

“Pedimos el inmediato cierre de la causa y la inmediata liberación de los detenidos”, dijo la hasta hace poco días diputada nacional por el Frente de Izquierda (dejó su banca a otro integrante del FIT por el acuerdo de rotación de este espacio), Myriam Bregman, que encabezó la rueda de prensa realizada en la sede el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), a la que también acudieron familiares de las personas encarceladas.

“No solo fueron encarcelados, sino que recibieron un trato degradante”, hacinados y sin agua, denunció Bregman. “Las acusaciones son arbitrarias, ridículas y no hay ni una sola prueba”, señaló la política, que responsabilizó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al fiscal Carlos Stornelli, por intentar armar una causa para justificar las “gravísimos delitos” que se imputan a los detenidos como terrorismo y sedición, entre otros. “La represión fue desmedida e ilegal”, añadió.

Según señalaron varios de los presentes, las personas detenidas se manifestaban pacíficamente o eran vendedores ambulantes, como se puede ver en numerosos videos. No formaban parte del grupo que incendió un móvil de Cadena 3. Ninguna de esas personas está detenida.

“Hace años que no había una presencia gremial, política, social, de las organizaciones sociales y de los organismos de Derechos Humanos para decir libertad de los detenidos, libertad de las detenidas y el cierre inmediato de esta causa”, señaló Bregman.

“Realmente es un hecho notable, me parece que la jueza (María Romilda) Servini de Cubría debería mirar a la hora de resolver si va a seguir las indicaciones que le dan el fiscal Stornelli y su jefa Patricia Bullrich o va a mirar a todo este conjunto de organizaciones que le están diciendo que esto es una persecución lisa y llana y que no puede seguir en pie”, expresó.

El diputado Leopoldo Moreau, de Unión por la Patria, sostuvo que la ministra de Seguridad busca instalar el estado de excepción en la Argentina. “Es la principal responsable de esta política en complicidad con el fiscal Stornelli. Intenta instalar el estado de excepción a través de un fallo judicial. Por eso es importante, además de la liberación, derribar esta causa”.

En la conferencia de prensa también participaron los diputados nacionales Nicolás del Caño, Roina del Pla, Cristian Castillo, Paula Penacca, Leopoldo Moreau, Itai Hagman, Mónica Macha, Juan Marino y José Glinski; los diputados nacionales con mandato cumplido Victoria Donda, Néstor Pitrola, Leonardo Grosso y Horacio Pietragalla; la legisladora porteña Victoria Montenegro, el referente de Hijos Charly Pisoni, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el ex legislador porteño Marcelo Ramal, así como organismos de derechos humanos, muchos de ellos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia; referentes de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, culturales y políticas.

La conferencia de prensa contó con la adhesión del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Elia Espen, Mirta Baravalle y Tati Almeyda, y la Abuela de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.

También delante de la sede del SERPAJ se reunieron numerosas personas para apoyar el reclamo.

“Libertad, libertad, a los presos por luchar”, fue el cántico que más retumbó desde la calle y que se escuchó en la abarrotada sala donde los dirigentes políticos y de derechos humanos realizaron el informe de situación.

El comunicado de la Oficina del Presidente, del que se sirvió Stornelli para argumentar su dictamen, en el que se calificó de “terroristas” a los manifestantes que protestaron contra la Ley Bases, provocó indignación y amplificó la bronca contra el Poder Ejecutivo.

“Bullrich, fascista, vos sos la terrorista”, fue otro de las consignas que se cantaron, en alusión al papel que le asignan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el operativo de represión.

Varios de los detenidos fueron trasladados a Marcos Paz, Devoto y a la cárcel de mujeres de Ezeiza. La causa está a cargo de la jueza María Servini de Cubría, que hoy mismo indagó a varios.

#Protesta
Sin pruebas y basándose en tuits del gobierno, el fiscal Stornelli acusó en forma grave e infundada a las personas detenidas en Congreso. La jueza Servini las indagó y algunas ya son enviadas a cárceles.

Es una escalada penal arbitraria y peligrosa. pic.twitter.com/OAYb74hsqR

— CELS (@CELS_Argentina) June 14, 2024

Moreau, que el miércoles fue gaseado durante la movilización, adelantó que el martes su bloque realizará una denuncia ante la Justicia Federal por la represión que sufrieron diputadas y diputados nacionales. A través de un posteo en las redes sociales, UP mostró además registros audiovisuales donde puede verse que “la agresión fue planificada y direccionada desde el más alto nivel del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

“Asimismo, notificaremos la realización de la denuncia penal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, señalan desde Unión por la Patria.

Tras la conferencia de prensa, todos los presentes se trasladaron a Comodoro Py, para seguir reclamando la liberación de los detenidos.

Según informó ayer el Ministerio de Seguridad, hay 33 personas detenidas. El fiscal Stornelli les imputó delitos graves, entre los que se cuentan atentado y resistencia a la autoridad, intimidación pública, atentado contra el orden constitucional y estragos.

Stornelli pidió que se dicte la prisión preventiva por la “gravedad de los hechos” en un escrito en el que refiere a un “posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática” con el propósito de perturbar el trabajo del Congreso. 

CRM