El FdT va por la séptima audiencia sin avanzar sobre las acusaciones contra los jueces de la Corte
La comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados tendrá este martes 14 de marzo su séptima reunión en torno a la investigación contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por presunto mal desempeño y hasta el momento el foco central de los interrogatorios y las citaciones no ha girado en torno a ninguno de los ministros del tribunal, de acuerdo al análisis de los testimonios y debates entre los diputados realizados por elDiarioAR.
El Frente de Todos (FdT) se propuso avanzan con 14 pedidos de juicio político contra los Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pero un mes y medio después de aquella primera audiencia, los principales esfuerzos del oficialismo apuntan a obtener información sobre el vocero de Rosatti, Silvio Robles. Si bien Robles es el colaborador más cercano al presidente del tribunal, no puede ser destituido por juicio político.
Por el momento, el oficialismo no ha buscado profundizar sobre el manejo de los fondos económicos y financieros de la Corte Suprema ni en la discusión sobre si los jueces de la Corte pueden ser investigados por el fallo que otorgó el beneficio del 2x1 a un represor de la dictadura. Tampoco sobre el criticado funcionamiento de la obra social del Poder Judicial o los presuntos conflictos de intereses de algunos de los jueces con respecto a decisiones judiciales.
En cambio, las interrogatorios a personal de la Corte han estado centrados en cuestiones relacionadas con Robles, como la citación al juez Sebastián Ramos y al fiscal Carlos Stornelli; o una inundación que habría afectado su despacho y su computadora y que los diputados como Leopoldo Moreau sospechan que podría tratarse de una maniobra para hacer desaparecer documentación.
También han tratado de indagar sobre las llamadas y correos electrónicos del vocero; si Robles accede a expedientes judiciales de la Corte; su grado de poder real en la vocalía del presidente del tribunal; si dispone de autos oficiales; o si participa de las reuniones y chats grupales de la vocalía y la Corte. ¿Podría ese hecho alcanzar al juez Rosatti por supuesto mal desempeño de sus funciones? Aún así, el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos para que la acusación avance en Diputados. Tampoco con los dos tercios en el Senado para la destitución.
En la anteúltima reunión de la comisión, algunos de los interrogatorios demostraron que los diputados no sabían exactamente qué funciones cumplían los funcionarios del tribunal citados como testigos, en qué causas habían intervenido ni para qué jueces habían trabajado en los últimos años, como informó elDiarioAR.
Obsesión Robles
Robles viene de la política. Fue vocero de Rosatti cuando el santafesino ocupó el cargo de ministro de Justicia de Néstor Kirchner y luego de la entonces ministra de Economía de Kirchner, Felisa Micheli. También trabajó para el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Regresó a escena con el nombramiento de Rosatti en la Corte, tras el decreto de Mauricio Macri y su posterior aprobación en el Senado.
Desde entonces se convirtió en un hombre con influencia directa en el máximo tribunal de Justicia del país: es director general de la vocalía del presidente de la Corte. Sin embargo, la filtración de los chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, colocó a Robles en el centro de las críticas. Si bien el funcionario porteño, ahora en uso de licencia, asegura que los chats son falsos, algunos de sus interlocutores en las conversaciones filtradas han admitido los chats o no los han negado.
En la supuesta conversación entre Robles y D’Alessandro, el vocero de Rosatti adelantó al funcionario porteño información sobre el fallo de la Corte a favor de la Ciudad y en contra del Gobierno Nacional por la coparticipación de impuestos. Robles no se ha pronunciado públicamente sobre si el chat con el funcionario es o no veraz.
La mayor parte de la agenda de la comisión viene desarrollándose en sintonía con los pedidos del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, como adelantó elDiarioAR.
Zamora fue el primero en denunciar a Robles por el contenido de los chats y solicitar el secuestro de su teléfono celular, y fue quien pidió al bloque del Frente de Todos que no avanzara con el pedido de juicio político contra el juez Lorenzetti -cercano al gobernador- que impulsa la Coalición Cívica en la comisión y en torno al manejo de los fondos millonarios de la Corte durante las presidencias del juez de Rafaela.
Zamora pidió avanzar contra Rosatti y el oficialismo, tras la intervención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acordó postergar el avance contra Lorenzetti, admitieron fuentes parlamentarias a este medio.
Obsesión Stornelli
El martes último, los diputados oficialistas citaron para este martes al fiscal federal Stornelli, por segunda vez, para que declare como testigo en la comisión de Juicio Político en torno a su decisión de archivar durante la feria judicial de enero una denuncia contra Robles por el caso de los chats. Stornelli notificó a la comisión por tercera vez en diez días que no asistirá y que quiere declarar por escrito, informó una fuente del Ministerio Público Fiscal (MPF) a elDiarioAR.
En su segunda notificación, que envió por escrito el 6 de marzo y que llegó a la comisión parlamentaria mientras los diputados discutían sobre la ausencia del fiscal, Stornelli ya había reiterado que no irá a declarar de manera presencial y que espera un pliego de preguntas para responder a los legisladores por escrito.
El fiscal volvió a ampararse, como ya lo había hecho en un primer escrito, en la inmunidad de los fiscales para declarar por escrito ante los tribunales en caso de ser citados como testigos en expedientes y juicios, en base al artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Cualquier posición contraria “no puede sino ser interpretada como una inaceptable actitud que avasalla la jerarquía constitucional” del Ministerio Público Fiscal, “como así los preceptos básicos del sistema republicano de gobierno, cuyo eje radica en la división de poderes”, afirmó Stornelli en su último escrito.
Sin embargo, el oficialismo insistió en que esa norma no se aplica a la citación de una comisión parlamentaria porque no se trata de un tribunal y que Stornelli debe presentarse de manera presencial, conforme al reglamento de la Cámara, como lo hizo el juez federal Sebastián Ramos, quien archivó la denuncia contra Robles en base al dictamen de Stornelli, y no apeló al artículo 240 del Código Procesal Penal que otorga a los integrantes del Poder Judicial de la Nación el beneficio de declarar por escrito ante un tribunal. Fue criticado por esa decisión en los tribunales federales de Retiro, de acuerdo a las consultas con jueces y fiscales, y le valdría una denuncia por presunto falso testimonio del oficialismo.
El oficialismo advirtió que si el fiscal no vuelve a presentarse, la comisión, por mayoría, solicitará su desafuero para que sea llevado a declarar por la fuerza pública. En 2019, Stornelli ya se enfrentó al desafuero, sin consecuencias, cuando fue citado a indagatoria en el juzgado federal de Dolores en reiteradas oportunidades. El entonces juez a cargo de la causa por presunta asociación ilícita, extorsión y espionaje ilegal, Alejo Ramos Padilla, lo declaró en rebeldía y pidió su desafuero, sin éxito. Stornelli terminó declarando como imputado ocho meses más tarde, tras seis citaciones.
Además de Stornelli, la agenda de este martes incluye a otros cinco testigos, de los cuales al menos la mitad están relacionados con la línea de investigación sobre Robles: Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, por un chat que admitió haber tenido con D’Alessandro, quien niega la veracidad de esas conversaciones; además de dos integrantes de la vocalía de Rosatti, Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, colega de Robles.
ED
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