Forma y fondo: los retrocesos que trae el proyecto de la ley ómnibus para las conquistas de las mujeres

El proyecto de ley ómnibus presentado por el presidente Javier Milei ha generado la reacción de gran parte de las organizaciones sociales defensoras de los derechos de mujeres, de las identidades diversas y de las niñas, los niños y los adolescentes. A 48 horas de su ingreso al Congreso, sus referentes siguen sosprendidos por los alcances del megaproyecto y los retrocesos en la conquista de derechos, pero confían en la capacidad del Poder Legislativo para frenarlos.

elDiarioAR consultó a referentes del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y de Aralma, y a abogadas e historiadoras, quienes coincidieron en que la reforma impulsada por Milei borra rotundamente las conquistas de los últimos años.

“Estamos totalmente preocupadas por la negación de la desigualdad de géneros que intenta imponer el nuevo gobierno”, señaló Sonia Almada, psicóloga fundadora de Aralma, una organización que trabaja por los derechos de niñas, niños y adolescentes, para quien “la degradación del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación a subsecretaría es un nueva forma de disciplinamiento hacia las mujeres, las infancias y las diversidades”. Almada vaticinó que “la feminización de la pobreza se profundizará y aumentarán los actos de violencia hacia las mujeres, las diversidades y los niños y niñas porque se intenta cambiar la narrativa”. 

Sobre las nuevas reglamentaciones acerca de las jornadas laborales, flexibilización laboral y licencias, dijo: “Nos dejan, una vez más, empobrecidas, precarizadas y sin redes de contención”. Señaló que la pretensión del cambio con relación a licencias hasta de hijas e hijos prematuros y con discapacidades también dejará a los niños y niñas sin amparo, y que perjudica a las mujeres, que están en su gran mayoría a cargo de las tareas de cuidado.

“No se han querido meter con la legalización del aborto porque hubiera sido un escándalo internacional”

En referencia la legalización del aborto, que fue sancionada hace tres años, y la ley de los Mil Días, que también rige desde el mismo momento y que se propone fortalecer el cuidado de la salud en la primera infancia, la ley ómnibus de Milei deja de lado conceptos claves, como el de persona gestante, para pasar a mencionar solo a “madres embarazadas”, “mujeres y sus hijos por nacer”.

La historiadora y socióloga Dora Barrancos afirmó que “no se han querido meter de lleno con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y lo han hecho con la Ley de los Mil Días” porque de otro modo hubiera significado “un escándalo de alcance internacional”. Dijo que el cambio propuesto a la ley de los Mil Días “es una forma para controlar a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para que abandonen cualquier tentativa de aborto”. “Es un dispositivo por sobre la Ley IVE, un control estricto sobre embarazadas vulnerables para que desistan de cualquier idea de aborto voluntario” afirmó.

Agustina Ramón Michel, abogada integrante del CEDES, por su parte, dijo que “aunque no afecten la legalidad del aborto, las propuestas dan cuenta de la nula intención de este gobierno de distribuir y garantizar insumos para la interrupción segura del embarazo entre hospitales y centros de salud, y podrían generar un contexto donde legisladores locales propongan medidas desorbitadas y profesionales de la salud se sientan autorizados para actuar de forma arbitraria o violenta, limitando opciones para las pacientes”.

La activista Lucía de la Vega, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del CELS, afirmó que “en lo que tiene que ver con la ley de los Mil Días, las personas gestantes no están, las mujeres sólo son consideradas en su rol materno y las infancias se extienden al momento de la concepción. En el cruce de la ‘detección’ y el ‘niño por nacer’, encontramos un rol proactivo del Estado, que puede avasallar en nombre del ‘niño por nacer’, la voluntad de la persona gestante”.

De la Vega advierte que la figura del “niño por nacer” no tiene una definición en nuestro cuerpo legal. “No es una figura legal y su definición es brumosa. Por otra parte, si la intención es proteger la vida en gestación, a través de la gestante, ya lo hace la Asignación Universal por Hijo (AUH) para personas embarazadas en el marco de las asignaciones familiares. Entonces, una ley que viene a cuidar las infancias como la de los Mil Días, ampliamente debatida por representantes de distintos partidos, se encuentra con modificaciones que cambian su objetivo, sus sujetos de protección y el rol de las y les usuaries ante ese derecho”, sostuvo.

Guillermo Torremare, abogado y presidente de la APDH hizo hincapié en lo que suponen estas modificaciones que incorporan el concepto de la vida desde la concepción, “algo que estaba superado”, por lo cual para el abogado “implica el cuestionamiento a la IVE”.

Existen varios temas que se desprenden de la ley ómnibus, como por ejemplo en relación a la red que constituía la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y la producción de medicamentos. “El cierre de este organismo y la modificación de la ley de fabricación estatal de medicamentos sin dudas afectará la producción de misoprostol y desfinanciará políticas públicas”, dijo Soledad Deza, abogada especialista en Género, Sociedad y Políticas y directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo.

Qué pasará con el cumplimiento de la Ley Micaela

Micaela García fue asesinada por una persona que no conocía, Sebastián Wagner, luego de atacarla sexualmente. Tras ese femicidio, el Congreso sancionó por unanimidad una ley que lleva su nombre y que obliga a las y los trabajadores de los tres poderes del Estado a capacitarse con perspectiva de género. A esta ley adhirieron las provincias. El gobierno de Milei planteó una restricción en su aplicación.

Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA, señaló que se trata de un “retroceso” y una “falta de respeto” a la memoria de las víctimas de femicidio. Deza subrayó que al sacar de la Ley Micaela la palabra “género” y circunscribirla sólo a la violencia familiar “se despolitiza el conflicto y nos retrotrae décadas”.

“Otro tanto ocurre con las referencias normativas a ‘madres’ e ‘hijos por nacer’ de la modificación de la 27611, que es mucho más que semántico: es reconocer una personalidad jurídica fetal que no existe con la cual imponer maternidades forzadas. El giro biologicista también es innegable cuando sacan ‘persona gestante’”, explicó la abogada.

Por su parte, Lucía de la Vega aseguró que las modificaciones en torno de la Ley Micaela son contrarias a su objetivo. “Las capacitaciones se reducen a la violencia familiar y sólo van a recibir formación las autoridades estatales ‘competentes’ y no todas las personas en función pública de los tres poderes del Estado. La decisión de reemplazar la noción de violencia de género por ‘violencia familiar y contra la mujer’ invisibiliza las violencias contra las personas LGTBIQ+. También desanda años de desarrollo teórico y legal, y diluye responsabilidades estatales. Por otra parte, naturaliza una desigualdad estructural y las jerarquías sociales ordenadas en razón del género de las personas. Esto último deriva de confundir ‘igualdad ante la ley’, como escuchamos en toda la campaña, con la igualdad real y la equidad”, indicó.

Los cambios al sistema electoral son otro eje que preocupa a las organizaciones por la reducida representación que pudieran tener las mujeres. Ahora resta ahora ver el rol que cumplirá el Congreso respecto de este megaproyecto.

SM/JJD