Condenaron a 19 años de prisión al curandero entrerriano acusado de más de 60 casos de abuso sexual

Ramón Angel Zabala fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado con acceso carnal. Fueron relevantes los testimonios de cuatro de las víctimas en contra del “sanador” que durante más de 30 años tuvo un consultorio en el centro de Concordia. 

“Se hizo justicia. Esperamos durante dos años a que se tomaran medidas, incluso la detención preventiva, en una causa que era muy compleja, no solamente por quien era la persona que denunciamos y el poder que tuvo durante tantos años, sino también por la cantidad de víctimas que había”, dijo a elDiarioAR Aldana Pesis Laid al término del juicio que condenó a Ramón Angel Zabala a la pena de 19 años con prisión efectiva. 

Zabala se presentaba como asesor espiritual, reikista, grafólogo y clarividente. Ofrecía sus servicios a familias completas que llegaban en delegaciones incluso desde distintos puntos del país. En ese marco de confianza, el hombre abusaba sexualmente de menores, mientras sus familiares estaban en la habitación contigua, esperando la atención. “Es un caso para ser estudiado”, aseveró Pesis al señalar que había un grado de perversión y de manipulación total por parte de Zabala al cometer estos delitos.

La joven fue la primera en denunciar formalmente al curandero y en exponer en las redes sociales el caso, lo que generó que aparecieran más de 60 víctimas que aseguraron haber pasado por situaciones idénticas, aunque solo cuatro realizaron la exposición judicial. En su mayoría se trató de adolescentes que temieron que si contaban lo sucedido no se les creyera y por eso desistieron de acudir a la Justicia.

Ese era el marco que usaba Zabala para cometer los delitos: la indefensión de las menores, a quienes sometía sexualmente con distintas excusas. Entre las estrategias que llevaba adelante hacía que las jóvenes cerraran los ojos, para pasarle sus genitales por el rostro mientras les aseguraba que se trataba de una terapia. Todo esto sucedía mientras los familiares permanecían en la sala de al lado, en la que el curandero los hacía aguardar. 

“La mayoría de las víctimas eran menores de edad y no podían decidir en el contexto de vulnerabilidad absoluta en la que se encontraban”, puntualizó Pesos, al tiempo que celebró que sus testimonios hayan sido tomados en cuenta. “Invito a otras jóvenes a que se hagan escuchar, a que denuncien y que vayan con la verdad”.

Por el tribunal –presidido por Pablo Garrera Allende e integrado por Clara Mondragón y Aníbal Lafourcade– pasaron también otros testigos y psicólogos de parte que, al igual que los peritos de la Justicia, corroboraron los delitos ultrajantes y dieron cuenta del daño postraumático que los abusos cometidos por Zabala generaron en las víctimas.

“Estamos conformes con la pena establecida”, señaló el fiscal, Francisco Paoli, al término del juicio y agregó: “Fueron momentos muy duros, en donde muchas víctimas se quebraron al dar nuevamente testimonio de lo que tuvieron que atravesar”.  Cabe señalar que en la sesión de clausura el funcionario judicial, junto al fiscal Mauro Jaume, habían pedido 30 años de prisión, mientras que por la querella de las víctimas, Brenda Vittori y Pablo Moyano Ilundain, solicitaron una pena de 36 años. Por su parte la defensa de Zabala, ejercida por el defensor oficial, Joaquín Garaicoechea, pidió la absolución del ahora condenado, argumentando la prescripción de los hechos. 

Si bien la condena sobre el curandero es un mensaje claro en torno a la pena que debe pesar sobre quienes cometen delitos sexuales, en la resolución el Tribunal no avanzó sobre la trama que da lugar a este tipo de casos. El hecho de que Zabala haya estado por casi 30 años ejerciendo esta función, con un consultorio en pleno centro de la ciudad de Concordia, deja abierto el interrogante sobre la serie de complicidades y omisiones que le otorgaron al curandero cierto poder. Quienes debían observar esta situación, optaron por mirar para otro lado, permitiendo que el sanador sostuviera por décadas el sistema de abusos. También el caso pone al descubierto las condiciones adversas en las que viven muchas familias que no encuentran respuestas en las áreas de gestión correspondientes ante problemas concretos y la falta de controles sobre una práctica ilegal.

SM/DTC