García-Mansilla, antiabortista vinculado con el Opus Dei y abogado de petroleras, nuevo juez de la Corte por decreto

Manuel José García-Mansilla, a quien este martes Javier Milei designó por decreto, sin el debido acuerdo del Senado, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló el 29 de diciembre último al cumplir 75 años, es un abogado constitucionalista de perfil conservador: está vinculado a la organización católica Opus Dei y fue uno de los expositores en contra del derecho al aborto, durante el debate en el Congreso.

Nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, tiene 53 años, está casado, tiene tres hijos y comezó a ejercer la abogacía en 1996, luego de graduarse en la Universidad Austral, donde actualmente es decano de la Facultad de Derecho.

Es portador de un apellido de prosapia histórica: es descendiente de Manuel José García, ministro durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, y de Lucio N. Mansilla, héroe de a Batalla de Vuelta de Obligado en 1845.

Se desempeña como director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Antes, y durante cuatro años y medio, fue abogado de la petrolera Oxy, que posteriormente fue comprada por el empresario Eduardo Eurnekián, uno de los principales impulsores del proyecto presidencialista de Milei, un anterior empleado suyo en Corporación América.

García Mansilla fue propuesto al Senado, con su correspondiente pliego, el 20 de marzo de 2024, y al parecer su nombre había sido sugerido a Milei por quien entonces se desempeñaba procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, exintegrante de la mayoría automática de la Corte menemista, y otro expositor antiabortista relacionado con el Opus Dei.

“Es evidente que el aborto [legal] no tiene consenso. Gran parte de los ciudadanos a los que ustedes representan están en claro desacuerdo con este proyecto de ley. Y las discusiones básicas de una sociedad no se zanjan con argumentos de autoridad de funcionarios internacionales sino con decisiones soberanas del pueblo en su máxima expresión, es decir a través del ejercicio del poder constituyente. Señores senadores, no aprueben este proyecto de ley, no convaliden un atropello a nuestro sistema constitucional”, pidió García-Mansilla en 2018. El Senado le hizo caso: ese año el proyecto fue rechazado. Finalmente fue convertido en ley el 29 de diciembre de 2020.

El 28 de agosto último, ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla tuvo que dar explicaciones en el Senado sobre cómo actuaría siendo juez de la Corte Suprema ante el derecho al aborto. El entonces candidato al máximo tribunal propuesto por Javier Milei –a la par del juez Ariel Lijo– intentó ese día una salida técnica a su postura. Afirmó que “las leyes vigentes se tienen que cumplir”, pero dejó dudas sobre su postura de fondo, ya que entendió que la norma choca con tratados internacionales que tienen rango constitucional, como la Convención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ONU y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

García-Mansilla también ensayó una respuesta más personal para defenderse de lo que denunció como un “prejuzgamiento” en su contra. Justificó que sus posiciones en el debate de 2018 las hizo como “académico”, que no corresponde a una postura “confesional” y negó ser parte del Opus Dei, pese a sus conocidos vínculos con los sectores más conservadores de la Iglesia –actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral–.

La oposición también le lanzó un dardo a García-Mansilla luego de que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justo el día anterior a esa audiencia en la comisión de Acuerdos, contrariara a la ley de Identidad de Género al decir que el Gobierno rechaza “las identidades sexuales que no se alinean con la biología”. “Honestamente no vi las manifestaciones de Cúneo Libarona”, aclaró primero García-Mansilla, pero luego agregó: “La ley de Identidad de Género es vigente y las leyes vigentes se tienen que cumplir. Las leyes vigentes se aplican y para no aplicarlas hay que declararlas inconstitucionales”.

JJD