Lijo y García Mansilla, improbables jueces de la Corte por falta de acuerdo en el Senado

¿De dónde va a sacar La Libertad Avanza los dos tercios que necesita en el Senado para cumplir el deseo de Javier Milei de que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla sean jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? En el edificio del Congreso nadie sabe. Probablemente, en la Casa Rosada tampoco.

La noticia es muy reciente y por eso, ante las consultas que realizó elDiarioAR, en el Senado nadie quiere conjeturar on the record sobre la suerte de ambos nombramientos pero en off todos coinciden en algo: no la ven.

La Corte funciona con 4 de los 5 miembros que establece la ley desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, que se hizo efectiva el 1 de noviembre de 2021. Es decir, más de dos años. Alberto Fernández, quizás asumiendo que no reuniría los dos tercios en el Senado para nombrar un reemplazante, terminó su mandato sin proponer a nadie.

Ahora su sucesor propone al juez federal Lijo para cubrir la vacante que dejó Highton, y a Manuel García Mansilla, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien el próximo 29 de diciembre cumplirá 75 años de edad y, en consecuencia, deberá retirarse.

La Constitución nacional establece que para designar a un juez del máximo tribunal de Justicia del país el Poder Ejecutivo debe elegir a un postulante y luego el Senado debe aprobarlo por mayoría de dos tercios de los legisladores presentes en el recinto. Hoy por hoy, a esos dos tercios no los conseguirían ni Lijo ni García Mansilla, porque prima facie no son juristas que vayan a reunir, por su perfil y sus antecedentes, el consenso amplio que se exige para cargos de tanta relevancia institucional.

Antes de la reforma de 1994 los pliegos de jueces de la Corte se aprobaban por mayoría absoluta (al menos la mitad más uno de los miembros de la Cámara de Senadores). Es decir, al menos 37 voluntades. Ahora se exigen los dos tercios de los presentes en sesión. Si todos los integrantes del cuerpo estuvieran presentes, se deberían reunir al menos 48 votos afirmativos para que Lijo y García Mansilla —en cada caso– se conviertan en jueces de la Corte. Un número inalcanzable no sólo por la distribución de fuerzas, con un oficialismo en situación de hiperminoridad, sino por el clima político, de conflicto y falta de acuerdos.

Cristina no pudo nombrar a sus jueces en la Corte por falta de acuerdo en el Senado

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner propuso a tres candidatos para el máximo tribunal sin éxito en ningún caso.

En enero de 2015 elevó el pliego de Roberto Carlés (apodado Robertino) para cubrir la vacante que había dejado el ya jubilado Raúl Zaffaroni. La cantidatura del penalista Carlés nunca consiguió respaldo político para alcanzar los dos tercios en el Senado. Fue sobre el final de una gestión que ya transitaba el desgaste de su octavo año consecutivo.

El entonces nonagenario Carlos Fayt, considerado adversario político por aquella adminstración peronista, había anunciado en octubre que renunciaría finalmente —después de más de tres décadas— a su sillón en el supremo tribunal. Conocida esa decisión, 42 días antes de dejar el poder, Cristina retiró la postulación de Robertino Carlés, que entonces tenía 33 años de edad, y propuso a los abogados Domingo Sesín y Eugenio Sarrabayrouse, pliegos que jamás fueron considerados por el Senado.

El 11 de diciembre de aquel año, en el segundo día de la Presidencia de Mauricio Macri, se hizo efectiva la renuncia de Fayt y la Corte quedó con tres miembros: Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. En diciembre próximo, y como consecuencia de la eventual inviabilidad de los pliegos de Lijo y García Mansilla, la Corte podría volver a quedar menguada, con tres de los cinco integrantes: Lorenzetti, designado en 2004, y Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, nombrados en 2016, durante la gestión Cambiemos (finalmente con acuerdo del Senado, como manda la Constitución, aunque inicialmente Macri los había designado por decreto, una decisión cuestionada por todo el arco político y judicial).

Qué se dice en el Senado

Antes de llegar al recinto, y como consecuencia del decreto 222 firmado en 2003 por el entonces flamante presidente Néstor Kirchner, los candidatos a la Corte deben sortear un proceso de participación de la sociedad civil, con audiencias en las que se permite la presentación de impugnaciones y apoyos a los pliegos. Ese proceso se sustancia en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que ahora preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri, del PRO.

“Mirá, esto recién empieza, pero mi primera intuición es que lo de Lijo puede ser un acuerdo con el PJ, y el otro es un ultracatólico montano celeste, que se asocia a la concepción conservadora de este gobierno”, analizó una fuente parlamentaria del radicalismo. “No sé si el Gobierno habrá hecho algún cálculo o si tendrá algunas cuestiones ya habladas. Pero hoy los dos tercios no existen acá”, sostuvo otra fuente del Senado del mismo espacio político.

En el peronismo tampoco la ven: “Pareciera que hacen todo por perder y ponerse en víctimas”, dijo un senador del interbloque Unión por la Patria, espacio que tiene 33 de las 72 bancas.

Esto significa que sin el apoyo de al menos una parte importante de Unión por la Patria no hay ninguna chance de que las candidaturas de Lijo y García Mansilla lleguen a buen puerto. A lo mejor habría que esperar al próximo turno electoral, en octubre de 2025, y que la renovación parlamentaria sea favorable a los planes de Milei para la Corte. Pero por ahora, nadie lo ve posible.

JJD