Con un horizonte de protestas, el Gobierno prepara su “mano dura” antipiquetes

La calle será un termómetro en los próximos días respecto de qué impacto tendrán la fuerte devaluación y la suba de tarifas que anunció este martes el ministro de Economía, Luis Caputo. Se avizora un horizonte de conflictividad ya con el piquete anunciado por la izquierda para el 20 de diciembre, en coincidencia con un nuevo aniversario del estallido social del 2001, cuando otra crisis de magnitudes terminó de la peor manera: saqueos y una feroz represión dejaron casi 40 muertos en todo el país, pero principalmente en la Capital Federal y el conurbano.

Ayer la CGT y la UTEP –que aglutina a los movimientos sociales kirchneristas– cuestionaron las medidas de Milei-Caputo, pero por ahora no plantean movilizaciones. Abrieron un compás de espera a ver cómo cala socialmente que el Gobierno no haya dispuesto ninguna compensación para los trabajadores formales y se congelara el Potenciar Trabajo –que a la larga será licuado por la inflación–. No está previsto un paro general ni las agrupaciones territoriales como el Movimiento Evita y Somos-Barrios de Pie se sumarán al piquete de la semana que viene. Sólo Juan Grabois, referente del MTE, avisó que se plegará a la marcha del 20. Las CTA se expresaron “en alerta” y hasta la Iglesia se puso del lado de los sectores vulnerables.

En ese marco de crisis latente, el nuevo gobierno se apresta a hacer valer su estrategia de “mano dura”, con Patricia Bullrich al frente de Seguridad y en tándem con su par porteño, Waldo Wolff, ministro de Jorge Macri. La policía de la Ciudad de Buenos Aires ya mostró su reacción ante la protesta social el mismo día en que se conoció el alcance del ajuste de Javier Milei: impidió que una marcha de Raúl Castells –que no era multitudinaria– realice un corte de tránsito en el microcentro.

Bullrich y Wolff tienen en agenda una reunión próxima con el tema de los piquetes como eje central, supo elDiarioAR. La intención es “coordinar tareas conjuntas” entre las fuerzas federales y las porteñas para cuando haya movilizaciones “importantes”. La prueba de fuego será el miércoles próximo, en la que se volcarán miles de personas a la calle. “Fortalecer el orden público”, es la directriz que comparten la Nación y la Ciudad.

CGT, UTEP, la izquierda y hasta la Iglesia

En las últimas horas hubo movimientos llamativos por debajo de la espuma de las críticas públicas a las medidas del Gobierno. Mientras la conducción de la CGT discutía cómo plantarse ante Milei en la sede porteña de la UOCRA, los referentes de la UTEP visitaron a monseñor Oscar Ojea, titular de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue un encuentro que estaba programado desde antes de la asunción del flamante mandatario, pero que tomó otro cariz a la luz del ajuste ya oficializado. 

Con Ojea estuvieron Alejandro “Peluca” Gramajo y Jhoana Duarte, del Evita; Norma Morales, de Somos-Barrios de Pie, y Nicolás Caropresi, del MTE. El representante de los obispos les transmitió su “preocupación” por el impacto social de las recientes medidas. “Ojea tiene las mismas preocupaciones que nosotros. Nos dijo que tenemos que estar atentos a la cuestión alimentaria, porque la devaluación va a generar que cada vez más gente venga a nuestros comedores en búsqueda de asistencia”, contó a elDiarioAR uno de los testigos del cónclave. 

Hay una trama compartida entre los movimientos territoriales y la Iglesia que podría confluir en cierta resistencia a futuro para Milei. “Hay que hacer scrum común y tratar de ir con un planteo compartido a este gobierno con respecto a la preocupación de los anuncios y sobre qué va a pasar en la vida cotidiana de la gente”, agregó la fuente consultada sobre la reunión Ojea-UTEP. Tanto Emilio Pérsico como Grabois tienen conexiones directas con el universo eclesiástico, desde el Papa Francisco a los curas villeros.

También la izquierda tuvo una agenda frenética post-anuncios y de cara al piquete de la semana próxima. Ayer hubo una reunión de la Unidad Piquetera, donde pesa mayoritariamente el Polo Obrero. Para mañana se espera un encuentro de los piqueteros con los gremios más combativos y seccionales de sindicatos que responden al trotskismo, como el de neumáticos. “La movilización del 20 va a ser enorme”, anticipó Eduardo “Chiquito” Belliboni a este medio. Aunque la medida de fuerza estaba convocada desde antes del balotaje, el dirigente del PO entiende que quedó más que ratificada con el ajuste que impulsa Milei. 

“La devaluación nos parece horrorosa y los planes sociales van a quedar congelados, así que en dos o tres meses van a desaparecer; no les hace falta ningún decreto para eliminarlos”, denunció el piquetero. Belliboni espera que se sumen a la movilización las ahora ex organizaciones oficialistas y hasta le exige a la CGT que convoque a un paro general y el reclamo de un salario mínimo de $500.000. 

Pero el Evita y Barrios de Pie no esperan movilizar pronto. “Por ahora vamos a esperar. En marzo o abril esto va a ser un quilombo generalizado”, le puso plazo un importante dirigente que hasta el fin de semana fue funcionario nacional en Desarrollo Social. 

Esta semana hubo contactos entre los referentes territoriales y la nueva gestión mileísta de la ahora secretaría a cargo del manejo de los planes, con Pablo de la Torre al frente, como pararrayos de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Hasta el PO fue convocado a una reunión con segundas líneas gubernamentales. “No saben nada. Todo muy improvisado”, pintó el panorama un dirigente consultado. 

Bullrich-Wolff, con “la misma música”

El Gobierno también se está preparando para un escenario de creciente conflictividad social. Antes de asumir hubo encuentros al respecto entre Bullrich y Pettovello, y entre la ministra de Seguridad nacional y su par porteño. La política de “mano dura” es parte del ajuste que impulsa el nuevo oficialismo. Con las medidas económicas en marcha, ahora se está aceitando un operativo de “control” de todas las movilizaciones que pueda haber en Buenos Aires. 

La estrategia es compartida entre la Casa Rosada y Uspallata. La narrativa tiene que ver con la idea de “orden”; ni por asomo se menciona la palabra “represión”. “Vamos a fortalecer el orden público. Hay una misma idea de que el espacio público sea de los vecinos y de tratar de poner todo eso en caja. La música es parecida entre el gobierno nacional y el nuestro, y eso hace el trabajo más fácil”, apuntaron desde el ministerio de Seguridad porteño. 

Wolff y Bullrich tienen diálogo a diario y se mostraron juntos el martes en la celebración de Janucá que protagonizó Milei. La postal ocurrió en la misma jornada del anuncio de Caputo, el cerco policial a la protesta de Castells y el desplazamiento de toda la cúpula de la fuerza de seguridad que realizó Macri. El flamante jefe de Gobierno espera que cada vez haya más policías en las calles, recortando los efectivos que hacen tareas administrativas.

En la Ciudad ahora esperan que el Gobierno refuerce con federales el operativo de “control” de las manifestaciones que puedan venir a raíz del descontento social. Será clave lo que se organice para el próximo 20, cuando se espera movilización desde el conurbano a la zona del Obelisco y la Plaza de Mayo. 

“Las marchas que son chicas ya las estamos controlando, como por ejemplo la de Castell. Pero sí o sí se necesita un trabajo coordinado para las grandes marchas”, afirmó un funcionario porteño, que reveló el cálculo que hacen en la Policía de la Ciudad: no alcanzan los efectivos propios para lograr evitar un piquete de miles de personas, como suelen movilizar el PO o las organizaciones kirchneristas. 

“Para trabajar los piquetes tenés que hacer una ecuación de policías por sobre los manifestantes, porque si a vos los manifestantes te superan en cantidad, y hasta traen menores de edad, es muy difícil abordar el tema y dar una respuesta favorable. Si te meten 50 mil personas, necesitas de mínimo 50 mil policías, cuando entre todos los turnos tenemos 26 mil en la Ciudad”, planteó la fuente consultada. Bullrich y Wolff también están coversando sobre una ley antipiquetes. Habrá que ver entonces el desenlace de la política de “mano dura” y “control” oficialista ante las primeras protestas por el ajuste.

MC/JJD