Juicio político o comisión investigadora: en el Congreso la oposición busca tomar ventaja del escándalo de $LIBRA

Martín Menem empezó a llamar por teléfono poco después de que explotara la bomba $Libra. Javier Milei acababa de promocionar una criptomoneda que había generado pérdidas millonarias a más de 40 mil personas –entre las que se encontraba el hijo de Diego Santilli– y las balas empezaban a picar cerca. Unión por la Patria y el socialismo querían impulsar un juicio político contra el Presidente, y había que blindarlo. Los aliados lo tranquilizaron y anunciaron que no irían por la destitución. Pero hasta ahí llegaba el amor: el Gobierno se había pegado un tiro en el pie y ellos no iban a dejarlo pasar. 

Los primeros en reaccionar fueron los peronistas. Habían pasado unas horas desde el derrumbe de la moneda digital auspiciada por el Presidente, y la bancada que preside Germán Martínez decidió reunirse por zoom para definir una estrategia. Se acordó avanzar con un pedido de juicio político. El peronismo había olido sangre: era la primera vez que la agenda no la controlaba Santiago Caputo y había que aprovechar. 

“Es una estafa sin precedentes”, salieron a denunciar desde el bloque, mientras iban ordenando los fundamentos para exigir la destitución del Presidente (la mayoría referidas a la violación de la ley de Ética Pública, basada en el artículo 36 de la Constitución Nacional). Había que moverse rápido y aprovechar el desconcierto de La Libertad Avanza, que no atinaba a organizar una respuesta oficial. Los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein ya habían presentado, junto a la cordobesa Natalia de la Sota, su propio pedido de juicio político. Pero UxP quería avanzar por su cuenta. 

El ojo estará puesto ahora en la comisión de Juicio Político, cuya conformación quedó en veremos en abril del año pasado luego de que Martín Menem desautorizara la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión. Fue una de las primeras en caer bajo la guillotina de Karina Milei, que fue quien envió a Menem y a Lilia Lemoine a hacer lo imposible para evitar que Pagano –en quien Karina no confía– se hiciera cargo de una de las comisiones más importantes y delicadas de la Cámara de Diputados.

El escándalo que se generó terminó, entonces, con un golpe de poder interno que derivó en la expulsión de Oscar Zago de la presidencia del bloque. Luego asumiría Gabriel Bornoroni, quien alinearía la bancada a las directrices de Karina y los Menem. La comisión de Juicio Político, sin embargo, nunca se volvió a tocar. Al día de hoy, la comisión está sin autoridades y en el oficialismo no tienen interés en rectificar esta situación.

La estrategia de Menem es clara: esperar y dilatar. No es la primera vez, ya incurrió en la misma táctica cuando explotó el caso de la visita de una comitiva libertaria al penal de Ezeiza para verse con Alfredo Astiz. A la espera de que el tema se diluya por su cuenta, el presidente de la Cámara de Diputados esperará a que UxP mueva primero. No conformará la comisión de Juicio Político y aguardará a que fuercen su emplazamiento en una próxima sesión. Sabe que el peronismo, para lograr avanzar con el emplazamiento, primero tendrá que conseguir el número entre los aliados del Gobierno. Aliados que, de momento, no acompañan la idea del juicio político.

Comisión investigadora: la alternativa de la oposición friendly

El radicalismo, la Coalición Cívica y el pichettismo de Encuentro Federal prefieren avanzar despacio. Al igual que el peronismo, los diputados de la oposición más amigable dedicaron el fin de semana a afinar la estrategia. Se reunieron en zooms y whatsappearon, concientes de que UxP había lanzado un desafío –el pedido de juicio político– y ellos tenían que responder. Principalmente porque, con sus votos, el peronismo tendría el número para avanzar con una investigación contra el Presidente en la comisión de Juicio Político. 

La primera reacción fue exigir explicaciones. Encuentro Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, presentó un pedido de informes al Ministerio de Economía, al BCRA y a la Comisión Nacional de Valores, exigiendo que brindaran algunas respuestas sobre la relación entre el Gobierno nacional y la moneda digital Libra y sus creadores, como Hayden Davies y Julian Peh. “No es para voltear un gobierno pero no es tampoco para no hacer nada”, reflexionaban en la bancada, en donde hubo que equilibrar entre posturas muy disímiles.

Los más duros, como Nicolás Massot o Paulón, pedían por el Juicio Político. Los cordobeses que responden a Martín Llaryora, en cambio, pidieron “no hacer quilombo” con el tema. Pichetto y Oscar Agost Carreño decidieron, entonces, una alternativa intermedia: pedir un informe con explicaciones y acompañar, en el caso de que este pedido fuera denegado, acompañar el reclamo por la conformación de una comisión investigadora.

Los impulsores de la idea de la comisión investigadora fueron los radicales díscolos de Democracia Para Siempre. “No hay clima social ni número para avanzar con un juicio político. El dedo acusador tiene que tener capacidad política, sino es hacerle el juego a Milei”, explica uno de sus pesos pesados, partidario de la “muerte lenta”. Considera, como muchos dirigentes de la oposición, que la polémica desatada por la criptoestafa será de largo aliento y que hay que aprovechar para acumular prueba y dejar que el escándalo haga mella al interior del propio Gobierno.

La UCR no deloredista, que preside Pablo Juliano, exige crear una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que, en el plazo de tres meses, se aboque a ahondar sobre los pormenores detrás de la promoción de la criptomoneda. Esta comisión no tiene la capacidad de avanzar con la destitución del presidente, pero sí podrá recopilar información que después utilizará la Justicia. El objetivo, fundamentalmente, es construir agenda, ya que la comisión, por ejemplo, tendrá la facultad de exigir la presencia de testigos.

Los lilitos de la Coalición Cívica, mientras tanto, siguen atentos esta iniciativa. El partido que lidera Elisa Carrió ya presentó una denuncia penal contra Milei, pero conversa con dirigentes de Democracia y de Encuentro Federal para avanzar con una estrategia conjunta que impulse la comisión investigadora. El objetivo es diferenciarse del “kirchnerismo”: ninguno quiere que el Gobierno los acuse de destituyentes, por lo que buscan mecanismos alternativos para continuar con la investigación.

El PRO, mientras tanto, es un caso aparte. El partido amarillo viene sufriendo, desde hace semanas, la fuga de dirigentes que abandonan el espacio para sumarse a las Fuerzas del Cielo. Las presiones internas para cerrar un acuerdo electoral con LLA son cada vez mayores y Mauricio Macri resiste, casi en soledad, junto a su primo Jorge. El ex presidente pretende cerrar un acuerdo macro que le garantice un determinado porcentaje en las listas, pero Karina no quiere saber nada. Hasta ahora. O al menos eso espera Macri, que se esperanza con que el criptogate le permita ganar poder de negociación.

Así lo demostró el fin de semana, cuando el PRO sacó un duro comunicado contra el gobierno. “Lo que pasó es grave. No solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial”, rezaba el documento, que llevaba, implícita, la firma de Macri. 

En la oposición había muchas dudas respecto a cómo evolucionaría el escándalo. Pero una cosa era segura: “Macri está feliz”, repetían todos.

MC/MG