Juicio político: el oficialismo va en busca de “puntos débiles” de los jueces para ampliar las acusaciones contra la Corte

El sector más duro del oficialismo prepara su estrategia en la avanzada contra la Corte Suprema: ampliar la investigación sobre los jueces del máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político a otros pedidos de jury que van más allá de la presentación del presidente Alberto Fernández, según explicaron a elDiarioAR integrantes del bloque del Frente de Todos (FdT). También buscarán incorporar el contenido de casos penales que tramitan o tramitaron en Comodoro Py producto de la interna entre los cuatro supremos.

Rodolfo Tailhade, uno de los 16 diputados oficialistas de la comisión en la Cámara de Diputados, afirmó a este medio que “la postura del bloque oficialista todavía no está definida y lo hablaremos esta semana posiblemente. Mi posición y la de varios de los integrantes, la que creemos que va a prevalecer, es la de poner en consideración de la comisión la mayor cantidad de expedientes posibles contra los jueces de la Corte. Es decir, no sólo la presentación del Presidente sino también otras denuncias que se acumulan contra los ministros del máximo tribunal”.

“El Presidente presentó el pedido de juicio político al jefe del bloque y a la presidenta de la comisión para que sean ellos quienes lo presenten a su vez en la comisión de juicio político. Eso permite, según el reglamento, darle estado parlamentario de tres años en lugar de sólo un año, que es la diferencia de plazos entre un pedido de jury realizado por un diputado y otro ciudadano”, explicó Tailhade a elDiarioAR. 

“Eso también implica que la investigación de la comisión puede llegar al recinto dentro de un año o dos”, agregó el diputado, uno de los que encabeza la ofensiva pública contra jueces y fiscales enfrentados al kirchnerismo. De esta manera, el oficialismo se asegura una batalla pública a largo plazo contra los supremos, incluso más allá de la actual composición en Diputados y Senado, donde ninguna fuerza política tiene los dos tercios de los votos, necesarios para destituir a un juez de la Corte.

Los jueces de la Corte nunca se han manifestado públicamente sobre las acusaciones en su contra. “Los ministros hablan a través de sus fallos”, suelen responder en el máximo tribunal.

El trío

La Corte está compuesta por una mayoría que vota en sintonía permanente desde la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte, a finales de 2021. Está integrada por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. El cuarto juez, Ricardo Lorenzetti, quien pretendía recuperar la presidencial del máximo tribunal, quedó en minoría, aunque en el fallo que potenció la crisis entre la Corte y el Gobierno (por la coparticipación de fondos a favor de la Ciudad) votó junto a sus colegas.

“Este Gobierno ha logrado lo impensado: unir a los cuatro jueces de la Corte”, ironizó un magistrado de diálogo constante con Lorenzetti.

En la Comisión de Juicio Político, el sector más duro del oficialismo ya repasó dos pedidos de jury que servirán como argumento para investigar al juez Carlos Rosenkrantz. Se trata de una presentación de 2020 realizada por la diputada (FdT) y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, en la que denunció a Rosenkrantz por su voto a favor de aplicar el 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad.

También, estuvieron releyendo la presentación de la Asociación Americana de Juristas (rama argentina) contra los cuatro ministros de la Corte, anunciada en agosto de 2022, aunque aún no figura en los registros públicos de la comisión. Allí, prestaron especial atención a las acusación contra Rosenkrantz que este grupo de juristas, con buen diálogo con el kirchnerismo, basó a partir de una nota publicada por El Destape, en la que sostenían que el juez de la Corte había supuestamente intervenido en una veintena de fallos ligados a clientes de su ex estudio jurídico. 

El juez Juan Carlos Maqueda, el más antiguo de los cuatro integrantes actuales de la Corte, no tiene pedidos de juicio político individuales en su contra, aunque sí está acusado en la denuncia contra los cuatro jueces que realizó la Asociación Americana de Juristas. 

Aún así, el kirchnerismo anotó en su lista la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py por presuntas contrataciones irregulares en la Obra Social de los judiciales, que estuvo a cargo de Maqueda durante años, antes de que dejara de estar bajo su órbita, tras la asunción de Rosatti como presidente de la Corte, a finales de 2021, como informó La Nación.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es el principal apuntado en el pedido de juicio político que promueve Alberto Fernández y un grupo de gobernadores. “Ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño”, dice la presentación sobre los cuatro jueces del máximo tribunal.

También los acusó de provocar un “grave ataque” al sistema federal por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación de impuestos nacionales.

A Rosatti, Fernández lo acusó “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones”. “En su inconfesable vocación cesarista, ha diseñado una maniobra arbitraria e ilegal según la cual (...) asumió en primer lugar y de forma irregular la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; posteriormente, tomó por asalto el Consejo de la Magistratura”, entre otros supuestos hechos.  “Todo ello orquestado junto a la alianza política opositora a este gobierno, específicamente junto a (Marcelo) D’Alessandro, Ministro de Justicia y Seguridad del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como se señaló previamente”, en base a los supuestos chats filtrados en las últimas semanas.

Lorenzetti

Mientras el Presidente ha puesto énfasis en la acusación contra Rosatti, en la Comisión de Juicio Político de Diputados descansan desde 2017 varios pedidos de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Fueron presentados por Elisa Carrió y el bloque de la Coalición Cívica (CC), integrante de Juntos por el Cambio.

El oficialismo analiza rescatarlos del olvido y por primera vez darles tratamiento, explicaron fuentes del bloque del FdT. Allí, la CC ha solicitado que se investigue a Lorenzetti por su patrimonio y supuestas relaciones con empresas privadas y la “oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial de la Nación” durante su presidencia en la Corte; además de “la inapropiada e intimidatoria injerencia” sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La CC incluso afirmó que en la causa de los cuadernos “habría escuchas donde se menciona ‘al loro’ (sic) -como se lo conoce a Lorenzetti en el Poder Judicial- como operador de esa causa contra el fiscal Carlos Stornelli” y presuntamente intentando “ayudar al ex funcionario de Cristina Kirchner Roberto Baratta”. 

El diputado Juan Manuel López (CC), uno de los opositores que integra la comisión, dijo a elDiarioAR: “En principio, no creo que el oficialismo tenga una real intención de avanzar con nuestro pedido de juicio político contra Lorenzetti”, un juez que ha construido y deconstruido alianzas con el que el kirchnerismo, siempre circunstanciales. “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”.

“En segundo lugar -aseguró López-, si así lo hicieran será bienvenido por la Coalición Cívica. No vamos a retirar nuestra denuncia y no nos preocupa que se tramite eventualmente en la comisión en este contexto porque cada cargo se tramita por separado, por lo cual las acusaciones contra Lorenzetti pueden avanzar de manera independiente a los pedidos de juicio político del resto de los jueces del tribunal”

“El trabajo en la comisión permite realizar medidas de prueba de cada expediente. Nuestro objetivo no es obtener los dos tercios en el recinto de la Cámara de Diputados para que avance el proceso de juicio político, sabemos que ese objetivo es muy difícil de alcanzar porque hoy no están los votos. Pero sí tenemos la cantidad de diputados para avanzar con una investigación profunda sobre los cuatro jueces y dejar en evidencia las acusaciones en su contra”, sostuvo Tailhade.

Entre las medidas de prueba, la Comisión de Juicio Político puede citar a declarar a magistrados y funcionarios, quienes están obligados a comparecer ante los diputados, de acuerdo con el reglamento parlamentario. Los denunciados también pueden ser citados pero tienen el derecho de optar por un descargo escrito.

ED