Los 207 jueces y funcionarios judiciales intimados por su jubilación

Son 128 hombres y 79 mujeres, hay camaristas, jueces, fiscales y peritos, algunos de alta rotación mediática y causas clave, otros de bajísimo perfil, de manifiesta crítica al oficialismo y otros que incluso apoyan políticas del Gobierno. Parece un corte transversal que abarca desde técnicos hasta una integrante de la Corte Suprema y a la titular de un tribunal provincial que, además, fue convocada por Alberto Fernández para sumarse a la Comisión de Expertos que propuso reformas judiciales.

Son los 207 nombres a los que ANSeS, según el listado al que accedió elDiarioAR, notificó para que en el plazo de 30 días se retiren o archiven los trámites iniciados al cumplir los 60 años, edad a partir de la cual se pueden jubilar según la ley vigente. Es un procedimiento que según el Gobierno supone terminar con un “privilegio” previsional y político, pero que para la oposición es un mecanismo para presionar a integrantes del Poder Judicial. El grupo original incluía a Jorge Di Lello, fiscal electoral, que falleció hace una semana.

La lista, que se publica por primera vez, puede repartirse en tres bloques: los 207 intimados, los seis -de ese grupo- que hasta este viernes habían aceptado la intimación y formalizado el inicio de la jubilación y los trece que superaron los 75 años que, según la Constitución y un fallo de la Corte Suprema de 2017, no pueden seguir en sus cargos sin nuevo acuerdo del Senado. “Están fuera de lo que marca la Constitución”, dicen en el Gobierno.

Dos de las organizaciones que representan a jueces y fiscales presentarán en los próximos días una acción de inconstitucionalidad contra la circular de la Anses que dispuso las intimaciones.

Según confirmó este medio en fuentes judiciales, siete de los intimados respondieron la notificación de ANSeS para iniciar el trámite definitivo de su jubilación, entre ellos Fernando Pons, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 21; Norberto Ricardo Tavosnanska del juzgado Correccional 17; y Alicia Marta Ferrari, de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Un repaso minucioso de la lista de los 207 intimados por la ANSeS ofrece muchas sorpresas. La jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, quien consiguió que un fallo le permita continuar más allá de los 75 años; fiscales como Carlos Stornelli y camaristas como Leopoldo Bruglia. ANSeS explicó en su momento que su decisión responde a un cambio jurídico: a partir de la ley 27.546, las funciones referidas al pago y liquidación de jubilaciones y pensiones que estaban a cargo del Consejo de la Magistratura relacionadas con el pago y la liquidación de jubilaciones y pensiones fueron transferidas a la misma Administración Nacional de la Seguridad Social. Eso supone, según fuentes oficiales, un universo de 5.600 magistrados sólo del Poder Judicial (también está el Ministerio Público Fiscal).

Qué dicen jueces y fiscales

La consulta a jueces y fiscales de distintos sectores y lineamientos ideológicos arroja un patrón en común: sólo tienen dudas e incertidumbre sobre qué alcances prácticos tiene esta circular de la Anses sobre sus jubilaciones: cuánto van a cobrar de jubilación si renuncian ahora y cuánto en el futuro si rechazan la intimación; si el archivo del trámite significa que vuelve a foja cero o si sólo queda en pausa; si pierden los derechos adquiridos hasta el momento, ya que estos 207 magistrados habían completado el trámite bajo el viejo régimen.

De los 207 intimados en los últimos días, hasta el viernes siete habían presentado la renuncia e iniciado el trámite último para jubilarse.

Dos de las organizaciones que representan a jueces y fiscales presentarán en los próximos días una acción de inconstitucionalidad contra la circular de la Anses que dispuso las intimaciones. Así lo confirmó a este diario Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que realizará la presentación junto a la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

“La presentación de ambas asociaciones planteará ante el fuero Contencioso Administrativo que la circular es inconstitucional y va contra la ley misma, ya que prevé consecuencias que no están previstas en la reforma legislativa del régimen” jubilatorio de los judiciales, dijo Gallo Tagle. “Comparto la incertidumbre de los colegas porque la circular está redactada de modo provocativo y ambiguo y no explicita cuáles son las consecuencias prácticas de que se archive el trámite, por ejemplo”, agregó el titular de la Asociación de Magistrados. Una de las principales dudas es sobre si la Anses reconocerá y cómo el “derecho adquirido”. Estos magistrados intimados obtuvieron la aprobación de su trámite jubilatorio bajo el régimen anterior, con otras condiciones que ahora reclamarán que se respeten, explicó Gallo Tagle.

En Anses explicaron que los magistrados que acepten la intimación deben renunciar al cargo, presentar el cese de funciones ante el organismo para finalizar el trámite y en unos 60 días estarían cobrando la jubilación.

De lo contrario, si rechazan jubilarse ahora, Anses va a analizar las carpetas tramitadas, éstas “se destruyen” y el magistrado deberá empezar nuevamente de cero el trámite cuando se quiera jubilar efectivamente, dijo una fuente del organismo. Para entonces, se jubilarán con las condiciones previstas en esa fecha, no con las actuales, agregó la persona consultada. La titular del organismo no ratificó aún a este medio esos dichos. 

El juez Leopoldo Bruglia, integrante de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py, tiene 65 años y dijo a elDiarioAR que recibió la intimación. “No pienso jubilarme”, respondió. Es uno de los magistrados apuntados por la vicepresidenta Fernández de Kirchner en su alegato del jueves por el caso Dólar Futuro.

Stornelli le dijo a Todos Noticias (TN) que no quería opinar sobre la intimación de la Anses porque es muy amigo del empresario especializado en seguridad y defensa Mario Montoto, padre de la titular de la Anses

El fiscal federal ante la Cámara Federal de Casación Javier De Luca, otro magistrado que figura en la lista, aseguró a este medio que no pensaba jubilarse ya mismo (tiene 61 años) y que no sabe qué hacer. “Nadie me da certezas de qué implica que me archiven el trámite si no renuncio ahora; si voy a cobrar o no el 82% de mi salario del último año, como marcaba el régimen anterior bajo el cual me aceptaron el trámite”, afirmó De Luca.

 El fiscal federal Miguel Ángel Osorio es otro de los magistrados que respondió la consulta de este medio. Al igual que De Luca, nunca entró en conflicto político con el oficialismo, como algunos de sus colegas más mediáticos. Tiene 68 años, el fiscal de juicio oral (intervino en el caso de los bolsos del exsecretario de Obras Públicas José López)  no pretendía jubilarse por el momento, aclaró. “Obtuve el beneficio hace unos dos años. Me llegó la intimación pero no puedo imaginarme lo que no está escrito. La intimación no dice qué vamos a perder si no renunciamos en 30 días hábiles. Yo interpreto lo previsible: el derecho adquirido está previsto por la Constitución y no puede ser tocado. Pero si eso cambia, cambia por completo mi situación. Tendría que analizar si me jubilo”, explicó Osorio.

El fiscal federal Carlos Stornelli también está en la lista pero se negó a responder la consulta de elDiarioAR. El lunes dijo a Todos Noticias (TN) que no quería opinar sobre la intimación de la Anses porque es muy amigo del empresario especializado en seguridad y defensa Mario Montoto, padre de Raverta, la titular de la Anses. El fiscal federal Eduardo Taiano también figura en la lista y había adelantado al diario La Nación que no se jubilará.

 La lista incluye también a cuatro de los trece jueces de la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal federal penal del país, cuyos integrantes cumplen el rol de revisar las condenas de los tribunales que realizan los juicios orales por presunta corrupción e intervienen en la confirmación o desestimación de procesamiento y sobreseimientos, entre otros tantos recursos.

 Los cuatro intimados de la lista son la jueza Liliana Catucci y los magistrados Eduardo Riggi, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci. Los últimos dos jueces respondieron esta semana con cartas documentos a la Anses rechazando la intimación, según informaron fuentes de la Casación a elDiarioAR. En el caso de Mahiques, el magistrado respondió al organismo provisional que no renunciará a su cargo y que el día que lo haga será de acuerdo a los mecanismos establecidos por la Constitución Nacional“. También informó que se reserva el derecho de accionar judicialmente contra la Anses en el caso de que al archivar su trámite jubilatorio, el juez perdiera los derechos adquiridos antes de la intimación.

 Otro caso particular es el de las únicas dos juezas de la Sala B de la Cámara Comercial. María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini también figuran en la lista de intimados. Ambas tienen en sus manos el destino del caso Correo Argentino SA. La sala debería estar integrada por tres magistrados pero uno de los cargos está vacante. Si ambas se jubilan ante la intimación, la sala quedaría desierta y debería ser subrogada por otros camaristas. 

La reforma

El nuevo régimen jubilatorio para jueces y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público fiscal fue aprobada por el Congreso en marzo de 2020 y entró en vigencia en abril del mismo año. Junto al nuevo régimen, un decreto dispuso que la liquidación de las jubilaciones de los jueces y fiscales dejarán de depender del Consejo de la Magistratura y pasarán a la Anses, como las del resto de los asalariados. 

 La iniciativa del Gobierno estableció en 2020 una nueva fórmula para calcular el haber inicial de los magistrados jubilados. Entre las modificaciones, incrementó del 12% al 18% los aportes adicionales de los jueces al sistema; estableció el 82 % móvil sobre un promedio de los sueldos -actualizados- de los últimos diez años (120 remuneraciones) y no sobre el último haber; exigió cesar efectivamente en la función para poder jubilarse; y elimina que magistrados y funcionarios jubilados puedan ser convocados para intervenir en causas y juicios.

 Bajo el régimen modificado en 2020 por el oficialismo, jueces y fiscales tenían el beneficio de iniciar los trámites jubilatorios una vez cumplidos los requisitos legales, pero podían dejar su carpeta en suspenso durante meses o años mientras seguían cumpliendo funciones. Luego, cuando decidían jubilarse, el trámite estaba en suspenso a la espera de la decisión, lo que les permitía ejecutarla rápidamente.

Hay una explicación oficialista de otra índole: la jubilación iniciada fue utilizada en ocasiones por los jueces como un recurso de salvataje, porque ante el riesgo de una denuncia, tenían el “botón rojo” para jubilarse con el trámite en suspenso y evitar un eventual juicio político. Un caso emblema fue el de Norberto Oyarbide.

Las intimaciones de Anses comenzaron a llegar el lunes 22 de febrero, según relataron varios magistrados consultados.  Los jueces y fiscales que hablaron con elDiarioAr explicaron que la notificación intima a los magistrados a renunciar en el plazo de 30 días hábiles para completar el trámite jubilatorio bajo dos medidas de apercibimiento, en caso de no renunciar: primero, que el trámite se “archiva”; y segundo, que la Anses se reserva el derecho de hacer “control de legalidad” de todo lo actuado en el expediente administrativo hasta el momento.

PI / ED