Con Lorenzetti desmarcado del resto de los jueces, la Corte ya prepara su defensa ante la comisión de Juicio Político

Los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz comenzaron a preparar sus defensas de manera conjunta ante el avance de la comisión de juicio político en la Cámara de Diputados, confirmó a elDiarioAR una alta fuente del máximo tribunal. El cuarto integrante de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien mantiene un enfrentamiento con sus colegas, elaboraría por el momento su propia defensa.

En el Palacio de Justicia, donde los cuatro jueces volverán a verse las caras en febrero, luego de la feria de verano, los magistrados y sus principales colaboradores se alistan para dar la pelea “con argumentos”. Aunque saben que los pedidos de juicio político en su contra no podrán avanzar hasta el final, dado que el oficialismo no cuenta con los dos tercios de los votos necesarios para acusarlos en el recinto de Diputados ni para destituirlos en el Senado, aguardan una larga embestida del Frente de Todos en los medios de comunicación a través de la actividad de la comisión de Juicio Político. 

La Corte que el presidente Alberto Fernández quiere destituir por presunto mal desempeño está atravesada con una interna política y personal entre sus jueces, divididos en dos bloques: el trío que conforma la mayoría (integrado por el actual presidente del tribunal, Rosatti; Maqueda; y Rosenkrantz) y un unitario (Lorenzetti), quien quedó en minoría tras perder la presidencia de la Corte en 2018. “Las diferencias son irreconciliables”, aseguró una alta fuente del tribunal.

En el marco de esa pelea interna de poder, Lorenzetti hizo saber a través de periodistas y allegados que solicitará al trío Rosatti-Maqueda-Rosenkrantz la salida de Silvio Robles, vocero y principal asesor del presidente de la Corte. Robles ha estado en el centro de las críticas y denuncias del oficialismo por las supuestas conversaciones filtradas en internet tras el hackeo al teléfono del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. En los chats, Robles habría intercambiado información y el resultado final del fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno de la Ciudad por la coparticipación y los fondos para financiar la policía porteña.

Para el trío que conforma la mayoría soltar la mano de Robles en medio de la embestida oficialista sería un error estratégico, explicó una fuente al tanto de la defensa que preparan los jueces. Además, el asesor de Rosatti cumple una función central en la organización del Consejo de la Magistratura, que preside el magistrado y se encarga de la selección y sanción de los jueces nacionales. El control sobre el funcionamiento de este organismo es uno de los puntos centrales de conflicto entre el kirchnerismo y la Corte.

Los chats o supuestos chats (el ministro D’Alessandro, quien debió pedirse licencia del cargo por este caso, asegura que son falsos o están adulterados) fueron el argumento central del Gobierno y un grupo de gobernadores para activar la avanzada sobre la Corte en la comisión de juicio político. Hasta la filtración de esas conversaciones, varias denuncias contra los jueces del tribunal se acumulaban en la comisión, sin movimientos.

La publicación de esos chats ocurrió tras el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires que aumentó de manera cautelar los fondos de impuestos coparticipables que el Gobierno debe entregarle a la Administración de Horacio Rodríguez Larreta.

En las próximas dos semanas, la comisión en Diputados debe escuchar a los autores de los 14 pedidos de juicio político presentados contra los jueces de la Corte y se espera que el jueves 9 de febrero se vote el informe de admisibilidad de las acusaciones para dar inicio a la investigación, que podría alcanzar unos 60 hechos, explicó al final de la primera sesión el diputado Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara baja. El oficialismo tiene mayoría en la comisión, por lo que se entiende que el informe será aprobado.

Los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz cuentan con el apoyo de Juntos por el Cambio, pero el juez Lorenzetti tiene pedidos de juicio político por parte de la Coalición Cívica (CC), liderada por Elisa Carrió e integrante del principal bloque opositor. El oficialismo ya adelantó que apoyará por primera vez el avance de las denuncias de los “lilitos” y ese punto es la principal preocupación de Lorenzetti, afirmó a elDiarioAR un allegado al juez de la Corte.

A su vez, Juan Manuel López, diputado de la CC y vicepresidente de la comisión, adelantó a este medio hace dos semanas: “Creo que la estrategia del oficialismo de tratar ahora este pedido de juicio político contra Lorenzetti busca no sólo dividir a Juntos por el Cambio sino también a la Corte, y podría terminar en una negociación entre Lorenzetti y el Frente de Todos”, que dejaría al juez de Rafaela afuera de la avanzada oficialista. En el bloque oficialista lo niegan, en la Corte no lo descartan.

Luego, comenzará una etapa clave que deberá librarse no sólo en la comisión sino también en los medios de comunicación: los integrantes de la comisión deberán escuchar a los testigos. Entre ellos, el oficialismo citará a Robles y D’Alessandro. La declaración del asesor de Rosatti y posiblemente de otros integrantes de su vocalía será el punto de mayor tensión dentro de la Corte, explicó una fuente con acceso directo a los magistrados, y el que nadie en el Palacio de Justicia espera con ansías, a excepción tal vez de Lorenzetti. Robles es un asesor de perfil político, no jurídico, y un cara a cara con los diputados más duros del oficialismo es un partido que los jueces supremos no quieren ver.

Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) explicó a elDiarioAR que los testigos están obligados a presentarse ante la comisión y que en caso de ausentarse o rechazar la citación, se los llevará por la fuerza pública. “Hay antecedentes de la propia Corte que admiten la facultad del Congreso para ordenar arrestos y usar la fuerza pública en casos en que una persona obstaculice el normal funcionamiento de las cámaras, pero el criterio del bloque es que ese eventual requerimiento se realice a través de un juzgado y que en todo caso sea un juez quien traiga por la fuerza pública al testigo”.

“Los argumentos para avanzar con los pedidos de juicio político no sólo se basan en los fallos de los jueces de la Corte, como la aplicación del 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad. También sobre el manejo de la obra social de los judiciales por lo que escucharemos a damnificados que van a venir a declarar; y sobre dos cuestiones clave en la Corte: el manejo de los fondos, sobre el que nadie salvo ellos tienen control”, adelantó Tailhade.

ED