Milei y los aliados negocian para que la ley ómnibus no quede en una cáscara vacía

Javier Milei se llevó el chasis de la ley ómnibus el viernes pasado, pero a último momento pegó un volantazo para que el próximo martes, cuando el proyecto sea votado en particular, no quede solo en una cáscara vacía. El diputado libertario Gabriel Bornoroni, como miembro informante, no leyó tres de los artículos que quedaban excluidos del dictamen según había anunciado el propio oficialismo que se eliminaban: los números 179, 180 y 196. Son los que habilitan la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y cambian el destino de lo que recauda el Impuesto PAIS por la compra de divisas. 

No fue un yerro involuntario de Bornoroni, quien debutó en una sesión al igual que el resto de los legisladores de La Libertad Avanza y completaba tres días de debate casi sin pararse de su banca. Sino que fue una jugada orquestada por el Gobierno para mantener abierta la negociación más dura sobre la ley Bases y que se terminará de saldar con la votación del martes a las 14. 

La oposición aliada le exige al oficialismo que habilite la coparticipación del impuesto PAIS o, de lo contrario, que vía el FGS el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales “armonizadas”, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe son las más importantes. El reclamo opositor lo encabezan justamente los diputados que responden a Martín Llaryora. Casualidades o no, Bornoroni representa al mismo distrito mediterráneo.

Cuando el viernes la sesión se encaminaba a la votación en general, otra vez en el despacho de Martín Menem hubo un cónclave de alto vuelo: el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con las espadas del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal. 

En la mesa, los “federales”, que conduce Pichetto, amenazaron con que si no se acuerda un fondeo para las cajas previsionales ellos tendrían la capacidad de convocar a los demás bloques opositores a incorporarle a la ley un artículo que imponga la coparticipación del impuesto PAIS. ¿Qué legisladores de las provincias, salvo que sea libertario, se opondría a que haya más recursos para sus distritos? 

El tributo fue de los que más recaudó en 2023: unos $1,5 billones, con un incremento del 335% respecto de 2022. Hoy por ley el 70% se destina a la Anses y el 30% restante fondea un programa de urbanización de barrios populares. La ley de Milei le da a la Nación discrecionalidad en su uso. 

A su vez, las acciones de la Anses en empresas privadas a través del FGS son otra caja jugosa: como detalló elDiarioAR el domingo pasado, tiene participación en el Banco Macro, Edenor, Consultatio, TerniumSiderar, La Anónima, Molinos, Mirgor y Pampa, entre otras. El ministro Luis Caputo había estimado ese paquete para su liquidación en unos U$S 4.000 millones. 

La entrega de algunas de esas cajas sería la última concesión que Milei estaría dispuesto a hacer sobre la ley Bases, luego de haber quitado el capítulo fiscal. Al borde de la votación anteayer, los opositores también exigieron una reunión con Caputo, que nunca pasó por el plenario de comisiones que debatió el proyecto. La reunión fue rechazada, pero como contraoferta escucharon que podría haber una convocatoria a los gobernadores antes del martes. Desde el jueves hay un runrun de que la Casa Rosada podría llamar a un nuevo pacto fiscal Nación-provincias.

Además de ese punto en discordia, para el martes en la votación en general sigue pendiente la letra chica sobre delegación de facultades y privatizaciones. Luego de haber recortado de once a seis los superpoderes, ahora los aliados piden que solo se mantengan emergencias en materia fiscal, administrativa y de seguridad. 

En cuanto a la venta de las empresas públicas, lo que sigue trabando la discusión es el procedimiento. Los radicales proponen que sea la Auditoría General la Nación la encargada de cotizarlas, ya que el Ejecutivo pretende someter la tarea a la jefatura de Gabinete y la Sigen. Por otro lado, otra propuesta de los aliados es que por cada compañía que el Gobierno desee iniciar su proceso de privatización intervenga la bicameral. La división del listado de empresas en distintos grupos le permitiría a LLA conformar distintas mayorías para aprobar cada anexo. 

Las cajas de las provincias, las facultades delegadas y privatizaciones son el corazón de lo que queda de la ley ómnibus. De un acuerdo entre el Gobierno y los aliados depende que esos puntos sean aprobados en la votación en particular. 

Del resto de los artículos hay muchos que también se siguen discutiendo, pero no son tan importantes para Milei, enfocado en el bolsillo. El aumento de penas en el capítulo de Seguridad, los ajustes en el sector cultural y la flexibilización de las leyes ambientales no tienen consenso entre los aliados. De hecho, en la UCR y en el bloque de Pichetto hay “libertad de acción” en esos puntos, lo que hace tambalear esos artículos. 

El único cortafuegos que podría salvar al Gobierno en esos puntos es el lobby minero sobre el tema ambiental. Como la ley Bases habilita la explotación en zonas hoy protegidas por la ley de Glaciares, hay una fuerte presión sobre los legisladores de las provincias mineras para que voten a favor, más allá del color político que tengan. El rechazo lo encabezan la Coalición Cívica, los socialistas, Margarita Stolbizer y algunos radicales, a los que se le plegarían Unión por la Patria y la Izquierda.

Las próximas horas serán decisivas. El oficialismo tuvo tres días para debatir –y negociar– su proyecto. Ahora le quedan casi tres días más para negociar. El martes desde las 14 se define el contenido real de la ley ómnibus.

MC/DTC