Milei y su nuevo “contrato social”: como si fuera tan fácil

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, nuestro Presidente anunció la convocatoria a firmar en Córdoba un nuevo “contrato social”. El contrato incluye diez principios, que rápidamente fueron festejados por unos y repudiados por otros, multiplicando las grietas con las que nos hemos acostumbrado a vivir. Para algunos, “no es más que un listado de las cosas que hacen desde hace mucho tiempo los países serios del mundo”; para otros es una mala réplica de los principios del Consenso de Washington, los que argumentan, cuando aplicados en Argentina tuvieron consecuencias devastadoras.

No resulta claro, por lo tanto, cómo un listado de este tipo puede ayudar en el camino de la construcción de los acuerdos requeridos para el desarrollo de políticas de Estado que se sostengan en el tiempo, de las que necesitamos para que muchos de los deseos que contienen los principios se empiecen a cumplir. De hecho, si el anuncio unilateral de estos diez puntos fuera el emergente de algún tipo de consenso previo, los principios entonces serían irrelevantes: no habría nada que negociar y todo el frente político estaría actuando en consecuencia. No obstante, si el objetivo es imponerlos sin discusión estaríamos en la presencia de simplemente un oxímoron y no tendrá ninguna consecuencia relevante para la formulación de políticas de Estado. Basta recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández también se anunciaron un decálogo de supuestos consensos que rápidamente pasaron a la historia. 

La falta de precisión de los llamados “principios”, y sus ambigüedades tampoco ayuda. Para poner un ejemplo, el punto número 3 del decálogo impone un límite ad-hoc al gasto público, sin ninguna justificación técnica, más allá de que fue el promedio histórico del gasto público de Argentina como si este promedio tuviese un carácter de “equilibrio”. O tomemos el punto 4, el cual promueve una reforma tributaria que “simplifiquen la vida de los argentinos”, olvidándonos que el propio Javier Milei voto a favor de derogar el impuesto a los ingresos que es el pilar de la recaudación de los llamados “países serios”. Y podemos seguir. ¿Qué quiere decir por ejemplo comprometerse a una reforma laboral “moderna”? O ¿la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global? Este último más que un principio es una expresión de un deseo que no necesariamente será consecuencia de lo que proponen. Cualquiera que haya estudiado o trabajado en política económica sabe que la ambigüedad, las generalidades, y expresiones de deseo, no se transforman fácilmente en políticas concretas, y que las políticas concretas requieren la negociación con actores que suelen tener intereses contrapuestos.

Pero nos queremos detener y desglosar con mayor profundidad uno de estos principios, el 6. Este principio pide un compromiso por parte de las provincias para “avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”. Cada palabra de este supuesto principio es problemática.

Para empezar, ¿cuáles son los recursos naturales que habría que explotar? Presumiblemente, con un enfoque economicista como el de nuestro Presidente, los de mayor valor. Pero ¿valor para quién? ¿cómo se determina su valor? y ¿quién lo determina?

Por ejemplo, si un territorio particular en una provincia sabemos que tiene litio, agua y biodiversidad. ¿Debería avanzarse en la explotación del recurso natural que tiene más valor dictaminado por los “mercados” presentes, digamos litio, sin tener en cuenta que su explotación muchas veces se hace a costa de otros recursos, los cuales tienen valor para otros actores sociales? La biodiversidad y el agua, por ejemplo, tienen valor para los agricultores locales. Pero no solo, porque también tienen valor para las generaciones futuras. Entonces podría convenir cuidarlos ahora para “explotarlos” luego, ya que muy probablemente tenga un valor muy alto en unos años. El mismo dilema se presenta en una región que cuenta con bosques nativos y tierra fértil para la agricultura y/o la ganadería.

Pero entonces, ¿cómo determinamos su valor para decidir que “recurso natural” explotamos y cuál no?

Toda actividad productiva tiene costos y beneficios, y solo tiene valor llevarla adelante si el beneficio es mayor a los costos. Pero el problema es que en la mayoría de las actividades que explotan recursos naturales, el costo público de la explotación supera al privado. Por ejemplo, cuando la extracción de litio contaminan el agua, y las empresas no incluyen en sus costos esa contaminación, como sucede en la mayoría de los casos. Si este costo se tuviera en cuenta, el valor de la explotación disminuiría. Aun más si se buscaran mecanismos de compensación para los habitantes de las tierras afectadas por las explotaciones que enfrentarán dificultades para acceder agua (si fuera posible compensar). Es decir, si se respetaran sus derechos de propiedad (salvo que no todos los derechos de propiedad estén en el primer principio del presidente Javier Milei). 

El problema es que la mayoría de las veces, esos costos no se tienen en cuenta o no se calculan. Así es que podemos terminar explotando recursos naturales con costos mayores que los beneficios que generan, y por lo tanto desvalorizando, más que valorizando nuestra economía. Parte del problema es que es muy difícil calcularlos, es por esto que las decisiones sobre si se explota o no un recurso natural son materia de enormes controversias, y los que se resisten, no sorprendentemente, son en general los que pagan los costos y no reciben los beneficios o para los que como dice Yupanqui, las “penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”. 

Otra pregunta importante que surge del principio tal como fue anunciado es: ¿Qué significa explotar? ¿Entregar una licencia de producción a una empresa extranjera para que extraiga el litio y lo exporte, a cambios solo de rentas fiscales, o deberíamos esperar que la empresa a la que se le entregó la licencia genere encadenamientos productivos a sectores intensivos en conocimiento y empleo local de calidad?; ¿o explotar en verdad significa que los extraiga una empresa pública poniendo como prioridad la generación de beneficios sociales de largo plazo, siguiendo un camino como lo el que procuran recorrer países como Chile e Indonesia? o ¿qué, aunque con menores beneficios económicos a corto plazo, lo hagan las comunidades locales como lo han hecho por siglos cuidando su preservación? Hoy podemos discutir un largo rato que significa aprovechar -quizás esta es la palabra que deberíamos utilizar en vez de explotar -los recursos de un territorio, sobre todo los no renovables, en un contexto de escasez de estos recursos, en el cual muy probablemente van a adquirir cada vez más valor económico los más escasos a futuro. Si tomamos seriamente el cambio climático, ¿cuánto valen los bosques nativos, la biodiversidad o el agua que tienen el Amazonia, o del Chaco? 

Finalmente ¿De quienes en el país? ¿El Gobierno nacional, los provinciales, los municipales, las empresas, las poblaciones locales? Está claro que los llamados recursos naturales no tienen un solo dueño. Nuestras leyes otorgan poder de decisión a los gobiernos provinciales, de ahí parte el problema y la necesidad de pedirles el compromiso a ellas: pero, aun así, la explotación de litio o cobre requiere utilización de agua, y contamine el aire. Tanto el agua como el aire son recursos comunes. No son recursos privados. Es por esto por lo que nuestras leyes ambientales protegen los glaciares o nuestros bosques. Entonces cuando se dice que beneficien al país ¿a qué países se refiere? 

AM/GP