Una obra emblemática para Macri y el jefe de gobierno porteño y una investigación suspendida por más de un año

En los tribunales federales de Comodoro Py 2002, la Cámara Federal porteña fallará en los próximos días sobre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una causa suspendida hace más de un año y que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros funcionarios y exfuncionarios, como adelantó este domingo elDiarioAR, en base a fuentes judiciales con acceso al expediente. 

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, y los barrios porteños de Barracas y Retiro. Tiene 12 carriles, paso de camiones, viaductos y túneles. El presupuesto original era de $8.700 millones y la obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), que la definió como “la obra más grande del siglo XXI”.

Se realizó una licitación internacional y el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar justicia queda trunca.

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Sergio Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación se direccionó durante 2016 para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra. Iecsa era entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri.

Para supuestamente direccionar la licitación, según las denuncias, los funcionarios de la Ciudad alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego. 

El caso tiene varias aristas y es sumamente complejo. Un punto central de la investigación es si existieron irregularidades en la alteración del orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas durante la licitación. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

Luego debía abrirse el tramo B, que tenía un presupuesto asignado de $2.350 millones, y por último, el tramo A, de $1.870 millones.

Si una empresa ganaba uno de los tramos, no podía competir por otro y el tramo más costoso (el C) debía adjudicarse en primer lugar para que entonces los costos de la obra fueran siempre los más baratos. Sin embargo, una serie de circulares alteró el orden predeterminado de la apertura de sobres: se comenzó por el tramo A, el más económico.

La oferta más barata para el tramo A fue la de Corsan-Conviam. Le adjudicaron obras por $1.547 millones. Iecsa también había ofertado, pero quedó segunda, según los escritos del expediente a los que accedió elDiarioAR.

Cuando abrieron los sobres del tramo C, Corsan-Corviam también era la oferta más barata pero fue descartada porque ya había ganado el tramo A. La segunda oferta más barata para el tramo C era el consorcio liderado por Iecsa, que se quedó con esa etapa de la licitación con una oferta de $3.183 millones, 27% más barata del presupuesto oficial.

Ni siquiera el Presidente de la Nación había emitido el decreto por el que se aprobara el modelo de préstamo.

Al abrir el tramo B, Iecsa y Corsan-Corviam habían presentado la mejor oferta, pero no podían quedarse con ese tramo porque ya habían ganado los tramos A y C. Se lo adjudicaron a la empresa Green y socias por $1.640,5 millones. 

De las seis empresas que quedaron preadjudicadas para el tramo A, cinco ofertaron por encima del presupuesto oficial. Solo dos presentaron números para ganar: Iecsa y Corsan-Corvam, según la información oficial.

Corsan-Corvam ganó el tramo A a pesar de un dictamen de la Procuración de la Ciudad que advirtió que debía analizarse “la capacidad técnica y económica” de la compañía.

La compañía quebró meses después de ganar el contrato y el gobierno asumió la administración del tramo A.

El presidente de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa pública a cargo de la licitación, explicó al juez Bonadio en un descargo que la alteración de los sobres se debió a que debían cerrar el contrato de al uno de los tramos de la obra antes de que terminara 2016 para cumplir con las exigencias del financiamiento; que el tramo A era el más simple y que por eso se decidió alterar el orden de apertura y firma del contrato del tramo A primero.  

Sin embargo, los fiscales plantearon en su apelación que mientras el contrato del tramo A se firmó el 16 de diciembre de 2016, los de los otros dos tramos también se firmaron antes de que finalizara el año: el 30 de diciembre de 2016.

Mángano y Rodríguez también resaltaron en su apelación que el contrato con el banco internacional que financiaba parte de la obra fue suscrito recién el 30 de enero de 2017, meses después de la alteración del orden de los sobres. “Ni siquiera el Presidente de la Nación había emitido el decreto por el que se aprobara el modelo de préstamo” cuando se adjudicaron los tres tramos de la obra, escribieron.

El fiscal de Cámara, Agüero Iturbe, dijo ante el tribunal de apelaciones en 2020: “No puedo dejar de mencionar que luego de leer la resolución (de Bonadio) se presenta esa amarga sensación que causa el sentir que otra vez la ilusión de encontrar justicia queda trunca. Queda así un halo de que la corrupción es connatural a la obra pública y transversal a los gobiernos”. “No importa quién, no podemos quedarnos a medias en una investigación de esta naturaleza”, pidió el fiscal general a los camaristas, quienes definirán el destino de la causa en los próximos días.

“La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que Iecsa SA, firma investigada en el marco de la causa por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad en las distintas etapas del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento” y en la “vulgarmente llamada causa de los cuadernos, fotocopias o cartelización de la obra pública según el gusto de quien la invoca”, resaltó el fiscal general. Iecsa niega las acusaciones del caso Odebrecht. Calcaterra declaró como arrepentido en el caso de los cuadernos y admitió pagos ilegales a los Kirchner para acceder a contratos de obra pública.

ED