El oficialismo presenta su informe para avanzar contra la Corte y la oposición evitará mostrarse dividida
Luego de un miércoles de reuniones, pase de mensajes y consultas entre los integrantes de la comisión de Juicio Político en la cámara de Diputados, los distintos interbloques están listos para presentar este jueves a partir de las 11 sus respectivos informes con respecto a los 14 proyectos de juicios políticos contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a las fuentes legislativas de las distintas fuerzas políticas consultadas por elDiarioAR.
En el Palacio de Justicia, casi en simultáneo, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantendrán la primera reunión de acuerdo del año y dictarán sentencias, aunque no trascendió qué casos tratarán. El jueves último, los magistrados tuvieron un plenario para tratar la agenda del máximo tribunal en 2023, según una fuente de la Corte, que mantiene un hermetismo extremo desde que el gobierno de Alberto Fernández motorizó el tratamiento de los pedidos de juicio político durante enero.
En esta etapa del proceso en la comisión, tras escuchar los argumentos de los firmantes de los pedidos de jury contra los ministros del máximo tribunal del país, los 31 integrantes deben decidir si abren una investigación contra todos o algunos de los jueces acusados -paso previo a la acusación formal en el recinto de Diputados- o si, en cambio, estas acusaciones se archivan.
La prioridad para el oficialismo es que este jueves se vote su informe de admisibilidad para abrir una investigación sobre los cuatro jueces de la Corte y el Frente de Todos tiene los votos suficientes para lograrlo, ya que necesita una mayoría simple en la votación y tiene 16 de los 31 diputados de la comisión.
Es el máximo al que apunta el kirchnerismo: no cuenta con los votos necesarios para avanzar con la segunda etapa del proceso, ya que necesita los dos tercios de los votos en el recinto de Diputados para que la acusación se formalice y pase al Senado, encargado del juzgamiento. En la cámara alta, además, tampoco cuenta con los dos tercios necesarios para la destitución de los jueces.
Informes
Dos fuerzas políticas presentarán dos informes de admisibilidad, es decir que argumentarán por qué deben abrirse formalmente sumarios contra los jueces Horacio Rosatti (presidente de la Corte), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Por un lado, el oficialismo presentará un informe de admisibilidad contra los cuatro magistrados, los 14 proyectos presentados y buscará promover la destitución de todos los jueces de la Corte por presunto mal desempeño. Incluirá los dos pedidos de juicio políico contra el juez Lorenzetti que había presentado años anteriores la Coalición Cívica (CC) que lidera la opositora Elisa Carrió.
El segundo informe de admisibilidad que se someterá a votación este jueves es el de los diputados de la CC, que contó con la participación y seguimiento de Carrió, afirmó una fuente directa del bloque.
El vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, y la diputada Paula Oliveto tienen listo un documento de casi 20 páginas en el que analizan las razones por las cuales consideran que debe abrirse un sumario contra Lorenzetti e iniciar su pedido de juicio político por presunto mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones.
El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), principal fuerza opositora, tiene desencuentros en este último punto. Los diputados de la Unión Cívica Radical (UCR, que lidera Mario Negri) y el PRO (que preside Cristian Ritondo) que integran la comisión no acompañarán los pedidos de juicio político contra Lorenzetti presentados por la CC, pero los legisladores no se mostrarán divididos y presentarán un único informe con dos posturas: plantearán el rechazo in limine de los pedidos de juicio político contra los cuatro jueces de la Corte y en el mismo documentos los diputados Lago y López declararán la apertura del sumario de investigación respecto de Lorenzetti, pero exclusivamente en relación a los hechos previstos en los expedientes que impulsaron con Carrió y no por los que argumentó el kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández.
Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados.
El diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, del Interbloque Federal que responde a Roberto Lavagna, presentará su propio informe, separado de Juntos por el Cambio pero en el mismo sentido general: rechazará in limine las solicitudes de juicio político a los cuatro jueces de la Corte, de acuerdo con un documento que publicó el miércoles la periodista Silvina Brandimarte en Twitter.
Cómo se votará
Durante este miércoles, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), definió junto a su bloque cómo se llevará a cabo la votación de los informes este jueves. La decisión era central y debía estar definida antes del inicio de la comisión.
La CC había planteado que la votación fuera por expediente (son 14), lo que le permitía votar únicamente a favor de iniciar una investigación contra Lorenzetti solo por los dos expedientes que impulsa esta fuerza política y rechazar el resto de los cargos contra Lorenzetti y sus colegas, ya que las acusaciones que plantea el oficialismo contra el juez de Rafaela son diferentes a las de la CC. El espacio liderado por Carrió apunta al manejo de los fondos millonarios del Poder Judicial durante las presidencias del magistrado, entre otros hechos.
Sin embargo, el miércoles por la tarde, Gaillard confirmó a la oposición que se votará el paquete completo de expedientes contra los cuatro jueces, sin diferenciarlos. Incluirá los dos expedientes iniciados por los diputados aliados de Carrió.
Argumentos del FdT
El oficialismo promoverá la apertura de sumarios contra los cuatro jueces por alrededor de 60 hechos. Entre las principales causas de presunto mal desempeño se encuentra el fallo de la Corte en diciembre, en el que ordenó a Nación devolverle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
El pedido de juicio político contra la Corte se activó luego de la filtración de chats entre Silvio Robles (vocero del juez Rosatti) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad porteño en licencia, a quien le hackearon el teléfono), en el que el asesor del presidente de la Corte supuestamente anticipaba el resultado de la sentencia que benefició a Horacio Rodríguez Larreta.
Otro hecho por el que el kirchnerismo busca enjuiciar a los ministros de la Corte es la declaración de inconstitucionalidad de una reforma del Consejo de la Magistratura –el organismo que nombra y remueve jueces– y que había impulsado Cristina Fernández de Kirchner en 2006. El fallo del máximo tribunal retrotrajo la composición del organismo a 20 miembros y puso al presidente de la Corte como cabeza del Consejo que maneja la designación y sanción de los jueces.
Un tercer hecho es la sentencia que otorgó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña en 2017, que votaron Rosenkrantz y Rosatti, entre otras acusaciones relacionadas por derechos humanos.
Lorenzetti
A diferencia del oficialismo, la Coalición Cívica no basó las acusaciones contra el ex presidente de la Corte (2007-2018) en sus fallos, sino en los manejos internos del máximo tribunal durante sus consecutivas presidencias, un período en el que Lorenzetti supo construir y concentrar poder como cabeza del tribunal.
En el informe que presentarán este jueces ante la comisión, los diputados López y Oliveto explican las dos causales del juicio político: el mal desempeño o la mala conducta, que “no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
Pero además, López y Oliveto acusan a Lorenzetti de supuestos delitos penales: “Queremos dejar en claro que en el caso hay conductas que pueden constituir ilícitos penales. En algunos casos incluso existieron expedientes que fueron archivados, pero sin haber sido dictado sobreseimiento alguno”, argumentaron.
Acusan al juez de Rafaela de haber sido “el articulador de una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia que condicionara el accionar en la magistratura”; “evidente falta de transparencia en su gestión en la Corte, como presidente del Tribunal”; “eventual comisión de delitos por cooptar las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y del manejo de los fondos de la justicia”; entre otros argumentos.
“Con cuatro mandatos —casi doce años— a cargo de la presidencia de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti se convirtió en un hombre temido y con un poder de influencia de niveles insospechados. Y desde que dejó de ser presidente del Tribunal, sus energías estuvieron dirigidas en minar la imagen de los ministros de esa misma Corte que integra pero que ya no puede dominar a su gusto”, sostienen López y Oliveto.
Los diputados aliados de Carrió también acusan a Lorenzetti por “la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la justicia”, que “se habría materializado en una serie de resoluciones que produjeron el debilitamiento del control interno y externo de la utilización de los recursos económicos del Poder Judicial de la Nación a cargo del Consejo de la Magistratura, que habría quedado en manos de personas muy allegadas al expresidente de la Corte”.
Carrió y sus aliados vienen sosteniendo desde hace años que Lorenzetti centralizó las decisiones de tipo presupuestario en la Corte Suprema y propicio “el desbaratamiento de todo mecanismo de control interno y externo por parte del Consejo de la Magistratura” sobre estos fondos.
También lo acusan por los “sospechosos sorteos de causas e irregularidades en el sistema de informatización del Poder Judicial” y citan las denuncias de dos empresas, Indra y Thompson-Reuters (La Ley), por supuestas irregularidades en una licitación para informatizar todos los tribunales del Poder Judicial durante la presidencia de Lorenzetti.
“Durante la presidencia de Lorenzetti, la Corte Suprema contrató a una empresa investigada en la Justicia por irregularidades en convenios con ANSeS y el Ministerio del Interior para la provisión de una cartelería digital durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de la empresa Dinatech SA”, cita el informe de admisibilidad de la Coalición Cívica.
También alegan “irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución presupuestaria” de la propia Corte; la “designación y asignación arbitraria del personal” en el máximo tribunal; y el “incumplimiento a la ley de Ética Pública en relación a la presentación de Declaraciones Juradas”, ya que Lorenzetti, “para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función pública —por la ausencia de transparencia en su patrimonio—, modificó el contenido de las Declaraciones Juradas previstas en la norma y dispuso así la creación de un sistema complejo para obtenerlas, que, en la práctica, no funciona correctamente”.
El informe también apunta al “manejo irregular y discrecional de la obra social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN)”.
El resto de los bloques que conforman Juntos por el Cambio (la UCR y el PRO) no votarán a favor de abrir una investigación contra Lorenzetti por estos hechos, pero el oficialismo sí lo hará, confirmó una fuente del Frente de Todos.
ED
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