Organizaciones cuestionan la idoneidad del candidato del Ejecutivo para dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública

Después de casi tres meses de acefalía, el martes 23 de marzo se celebra la audiencia pública para la exposición de observaciones y adhesiones de la sociedad civil a la candidatura de Gustavo Juan Fuertes, propuesto por Jefatura de Gabinete como próximo Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), en reemplazo de Eduardo Bertoni, quien dejó su cargo el 1 de enero de este año después de renunciar en octubre del 2020.

El proceso de designación del reemplazo de Bertoni sigue los pasos explicitados por la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública sancionada en 2016, según la cual es el Ejecutivo el que propone el candidato. Según su CV, expuesto en el sitio de la Agencia como parte del procedimiento, Fuertes es abogado y escribano y actualmente es asesor asesor legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Cuenta con experiencia en gestión en temas de Defensa al consumidor y se desempeñó como autoridad provincial de aplicación de leyes vinculadas a ese tema.

Pero entre sus antecedente no figura ninguna relación con el acceso a la información pública ni la protección de datos personales, algo que exige la misma ley que creó la Agencia como condición para quien la dirija. 

Ese es el principal argumento de las distintas organizaciones de la sociedad civil que presentaron sus observaciones de cara a la audiencia pública: “Nosotros lo que discutimos es la idoneidad, no tiene ningún antecedente en materia del derecho al acceso a la información pública, que es un conocimiento bastante específico y bastante nuevo en materia legislativa nuestro país”, dice Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano. Junto con otras organizaciones -como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia  (ACIJ) y Fundación Huésped-, intentaron tener una reunión con Santiago Cafiero a propósito de este proceso pero no recibieron respuesta. Distintas fuentes observan que la gestión inaugurada en diciembre de 2019 tuvo una actitud colaborativa con la Agencia en términos de presupuesto y de gestión y que esta postulación de alguien no vinculado con la temática es el primer elemento que los lleva a encender las alertas respecto cuánto el gobierno de Alberto Fernández pone en valor el desafío de abrir los datos públicos. 

Entre las observaciones, también aparecen las de representantes políticos del Congreso. En un largo alegato en el que recorre la prehistoria de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, que se aprobó en la gestión de Cambiemos, la diputada de ese partido Karina Banfi, una de las legisladoras que promovió esa ley y que más involucrada ha estado en la temática, apunta no sólo a la falta de idoneidad del candidato sino también a la falta de imparcialidad: “La idoneidad e independencia del candidato resultan trascendentes por la función que cumple la Agencia, que no es la de una mera oficina burocrática que tramita reclamos. Entre sus roles se destacan no sólo el de resolver los reclamos de las y los peticionarios y monitorear la publicación proactiva de información, sino también el de garantizar que se apliquen los mejores estándares en la materia y sea estimulada una práctica ciudadana y estatal que permita contar con un Estado Abierto basado en los pilares de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas”, argumenta Banfi en su objeción. 

El mandato de director dura 5 años, aunque Eduardo Bertoni renunció a los 3 para ocupar el cargo de Representante Alterno de la Oficina Regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos para América del Sur. Bertoni es un especialista en derecho a la Libertad de Expresión, acceso a la información pública y protección de datos personales, que había sido Relator Especial para la Libertad de Expresión en la Organización de Estados Americanos (OEA), además de ocupar posiciones académicas en universidades argentinas y estadounidenses para investigar estas temáticas. Antes de asumir en la Agencia, venía de ser funcionario del gobierno de Cambiemos como Director Nacional de Protección de Datos Personales, posición desde la cual asistió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016 para representar al gobierno de Mauricio Macri ante las peticiones de diversas organizaciones de la sociedad civil por la promulgación de los decretos que anularon aspectos clave de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Desde la sanción de la ley y la creación de la Agencia, aumentaron progresivamente los pedidos de Acceso vehiculizados por la AAIP, algo que la pandemia acentuó: si en 2019 la Agencia recepcionó 4862 pedidos, en el año 2020 fueron 5993. Todo indica que el uso de la herramienta y la actitud ciudadana de demandar información que debe estar al alcance se van asentando. A esto contribuyó también la rapidez de reflejos que tuvo la AAIP para exceptuarse, por medio de una resolución firmada por Bertoni, de la suspensión de los plazos administrativos incluida en el paquete del decreto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio: a pesar de lo trabado que resultó el 2020 en varios sentidos, la Agencia siguió respondiendo con relativa normalidad.

En la audiencia pública tomarán la palabra tanto los que objetan la candidatura de Fuertes como los que la apoyan con argumentos de trayectoria en el sector público y su formación, entre los que aparece el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata, alma mater del candidato, y organizaciones ligadas a Defensa al Consumidor, además de profesores y académicos de la Argentina y Latinoamérica que suman más de una treintena, si bien entre las adhesiones no aparecen organizaciones vinculadas con la temática, que fueron un motor relevante en la promoción de la ley y de otras iniciativas de gobierno abierto y protección de datos personales. Fuentes de Jefatura de Gabinete señalan que confían en que podrán nombrar a Fuertes como el próximo Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública: “Estamos seguros que su plan, que reforzará fuertemente la capacidad de la agencia y su relación con la sociedad civil, podrá tranquilizar a aquellos que no lo conocen aún”, confían.  

Con 64 oradores y oradoras registradas en la audiencia pública, será una extensa jornada de argumentos a favor y en contra del candidato.  

  

NS