Pfizer declaró que la negociación con el Gobierno fracasó porque la ley “no es compatible con los requisitos del contrato”

El gerente general del laboratorio Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, sostuvo este martes frente a la comisión informativa en la Cámara de Diputados que el actual marco legal para la provisión de vacunas en Argentina “no es compatible con los requisitos del contrato” debido a las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que la farmacéutica busca negociar con el Ejecutivo. El ejecutivo también afirmó que el gobierno de Alberto Fernández no le solicitó “pagos indebidos” ni intentó imponer un socio local como intermediario en la provisión de las dosis.

“¿Necesitan que modifiquemos la ley (de vacunas) o no?”, le preguntó Sergio Massa al ejecutivo en nombre de varios diputados. Vaquer reiteró: “Hoy el marco legal (de Argentina) no es compatible con los requisitos del contrato, en cuanto a indemnidad y otras protecciones del marco contractual”. Fue una frase que el gerente repitió en reiteradas oportunidades durante su exposición.

Vaquer, quien declaró de manera virtual y con fines informativos ante las comisiones parlamentarias de Salud y Legislación General, confirmó que Pfizer se encuentra negociando la manera de acordar con el Ministerio de Salud pero ante las preguntas de distintos diputados sobre qué cláusulas del contrato impedían llegar a un acuerdo para adquirir las vacunas, Vaquer aclaró que no es abogado, por lo que no pudo precisar qué requisitos del contrato trabaron la negociación con el Gobierno. 

El 6 de noviembre (de 2020), se publicó la nueva ley de vacunas y la segunda oferta (de la farmacéutica) fue el 1° de octubre.

La mayoría de las preguntas de los diputados giró en torno a por qué la ley actual no encuadra con los requisitos de Pfizer en cuanto a la protección que exige el laboratorio.

A finales de 2020, el Congreso sancionó la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19 para posibilitar los acuerdos con los laboratorios.

La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas, pero éstas no se adecuaron a los requisitos de Pfizer, explicó Vaquer, aunque no precisó por qué, a pesar de las insistencias de legisladores de todos los bloques. 

Detalles del contrato que no fue

El gerente general del laboratorio declaró que Pfizer firmó el 11 de julio de 2020 un acuerdo de confidencialidad con el Ejecutivo y que el primer ofrecimiento del laboratorio al Gobierno fue el 25 de julio de 2020, cuando le compartió al Ministerio de Salud el plan de desarrollo de la vacuna y una primera oferta comercial por escrito. “Eran contratos preliminares, no sabíamos si la vacuna iba a funcionar”, aclaró.

“El 6 de noviembre (de 2020), se publicó la nueva ley de vacunas y la segunda oferta (de la farmacéutica) fue el 1° de octubre. El Gobierno nos pidió acelerar las entregas y demostró interés para las vacunas que pudiéramos entregar antes de marzo de 2020”, dijo Vaquer ante los diputados.

En una segunda oferta, Pfizer ofreció al Gobierno proveer “13,2 millones de vacunas, a ser entregadas a partir de diciembre de 2020”, sostuvo el representante del laboratorio. Detalló además que las entregas requeridas por el Ministerio de Salud constaban de una primera entrega de un millón de dosis antes de finales 2020: otros dos millones durante el primer trimestre de 2021; y otros 5 millones para el segundo trimestre. El resto sería entregado después.

Durante todo la negociación en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos ni intervención de intermediarios.

El debate sobre la indemnidad

El representante de Pfizer sostuvo que ese conflicto está siendo discutido por los abogados del laboratorio con el Ministerio de Salud en una mesa de negociación para concretar el acuerdo. Vaquer aseguró que las cláusulas de indemnidad son las mismas impuestas en 116 países donde firmaron y están proveyendo vacunas y cuya necesidad se basa en “los riesgos inusuales y sin precedentes” en la producción de las dosis, teniendo en cuenta que la velocidad y escalas de producciones son “requeridas por los gobiernos” de distintos países. El gerente dijo que las cláusulas también se deben a la necesidad de “intercambiar información con el Ejecutivo” que no sería de acceso público.

Pfizer es uno de los cinco proveedores convocados por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (Frente de Todos), en acuerdo con el interbloque de Juntos por el Cambio, citados “bajo apercibimiento de ley” a una comisión informativa.

Vaquer afirmó que “durante todo la negociación en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos ni intervención de intermediarios” para la venta de vacunas al Estado ni un socio local para firmar el contrato, ante las versiones de miembros de la oposición, como la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien refirió públicamente en las últimas semanas que el Ejecutivo había solicitado sobornos al laboratorio y que eso llevó al fracaso de las negociaciones.

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ED