Pozo de Vargas: admiten la deuda con los investigadores, pero aún no saben cuánto es

A raíz de la denuncia que publicó Eldiarioar.com de que desde hace dos años no cobran sus honorarios los peritos arqueólogos que trabajan en el Pozo de Vargas, la fosa común en Tucumán en donde ya se identificaron a 116 detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, desde el Consejo de la Magistratura se admitió que la mora existe.

Todos los años el organismo destina fondos específicos para sostener investigaciones de la Justicia Federal relacionadas con causas de crímenes de lesa humanidad. En este caso, los trabajos de campo se iniciaron en 2002 y entre 2004 y 2005, ya con financiamiento del Consejo, se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de restos óseos humanos y se confirmó que allí intentaron ocultar a víctimas del terrorismo de Estado.

Para que el Consejo de la Magistratura autorice la liberación de fondos para los honorarios debe contar con un pedido y una rendición de cuentas del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que está a cargo de la investigación Pozo de Vargas. Debido a los testimonios de los peritos arqueólogos a elDiarioar y por consultas realizadas por este medio, se señaló desde el Consejo que la deuda es real aunque se desconocen los montos que corresponden a cada investigador y el estado de los expedientes de las gestiones.

Para obtener esta información se iniciaron contactos desde la Unidad de Derechos Humanos, Género, Trata de Personas y Narcotráfico del Consejo, a cargo de Virginia Croatto, ante el juzgado Federal tucumano, por lo que se contaría la semana próxima con esos datos. “Es preciso aclarar la situación y resolverlo cuanto antes pero también hay que avanzar en un sistema que garantice un pago ágil y previsible para los trabajadores y trabajadoras. La voluntad es acompañar y que no se desfinancien estas tareas”, señaló una fuente consultada.

Los tres peritos con los que dialogó este medio, del total de diez que se encuentran en esta situación, coincidieron en que la deuda corresponde a un mes de 2019, todo el 2020 y 2021. El pago por día para cada científico, que debe estar registrado como monotributista, es de $ 1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $ 6.000. 

elDiarioAr se comunicó con la arqueóloga María Gloria Colaneri, coordinadora de los trabajos de campo y laboratorio en el Pozo de Vargas, quien confirmó una vez más la mora y la preocupación que generó en el ambiente de la ciencia. “Me llamaron colegas del Conicet y de otros organismos que realizan tareas similares a las nuestras, ante el temor de que pudieran faltar fondos. Deseamos que se resuelva cuanto antes”, sostuvo.

En forma paralela, se conoció que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se instruyó a la titular del Programa Verdad y Memoria, Claudia Lencina, para que se interiorice y colabore en las gestiones para que se cancele la deuda con los expertos. La principal dificultad para avanzar en una solución es la feria judicial por la falta de personal en los juzgados.

Por el momento, la investigación está paralizada debido a la rotura de una bomba que impide que se desagoten los últimos seis de los 40 metros profundidad que tiene el pozo, construido a metros de las vías a principios del siglo XX para alimentar a las locomotoras a vapor. Están avanzadas las gestiones en el propio juzgado Federal para que el nuevo equipo de instale.

Los investigadores esperan encontrar restos óseos pequeños, pertenencias personales de las víctimas y balas de distinto calibre con las que fueron ultimadas algunas de ellas, entre otros objetos que le darán contexto a la existencia del plan sistemático de desaparición de personas entre 1976 y 1983.

DC/WC