Pozo de Vargas: denuncian atrasos de dos años en el pago a los peritos arqueólogos

El cierre de 2021 llegó junto con una nueva identificación de restos hallados en el Pozo de Vargas, en donde trabajan desde hace casi veinte años peritos del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT), en cuya primera etapa también participaron miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los resultados de los estudios de los datos genéticos señalaron que se trata de los restos de la tucumana Ana María Rodríguez Belmonte.

La joven tenía 19 años cuando fue denunciada como desaparecida el 26 de enero de 1976, según legajo SDH2504. La secuestraron en Salta junto a su pareja, Otto Stranka. Ambos militaban en Montoneros y se habían trasladado de provincia en un intento por escabullirse de la dictadura. Los dos figuran en la lista de 267 personas víctimas de terrorismo de Estado que pasaron por los Arsenales Miguel Azcuénaga, sobre ruta nacional 9, que confeccionó la abogada Laura Figueroa, de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de Tucumán.

Con esta identificación ya suman 116 desde que se iniciaron los trabajos. Las tareas de campo son realizadas por miembros del CAMIT y los estudios genéticos por el EAAF. Pese a la importancia de las tareas de los peritos tucumanos en el Pozo de Vargas, no cobraron sus honorarios por los trabajos realizados durante el 2020 y todo 2021.

Las tareas en el predio, que se encuentra en Tafí Viejo, en el límite suroeste con San Miguel de Tucumán, comenzaron en abril de 2002. Las consecuencias de esta mora en los pagos no tardaron en llegar para los siete arqueólogos que realizan las investigaciones en el lugar y que integran el CAMIT.

María Gloria Colaneri, que estuvo desde los inicios, se alejó en diciembre de 2020 de la función de Coordinadora General de Campo y Laboratorio. “La situación se hizo insostenible porque era mi único ingreso y me dedicaba ‘full time’. Volví a Chaco, mi provincia, en donde conseguí trabajo como docente y en el área de museos. Durante 2020 trabajé analizando evidencias contextuales, sin recursos, todo a pulmón, pero me cansé. Es lamentable haber llegado a esta situación”, se lamentó.

Las primeras tareas en el Pozo de Vargas, denominación que tiene por el apellido de la familia propietaria del lugar, se sostuvieron con actividades artísticas, como recitales, en 2002. Al año siguiente la Legislatura de Tucumán otorgó subsidios. Y también en 2003, tras la visita del ex presidente Néstor Kirchner al predio, la Nación facilitó partidas. Todos estos montos recibidos se destinaron a mantener el predio, a las excavaciones, a la adquisición de equipos y honorarios para los peritos.  

Entre 2004 y 2005 se obtuvieron los primeros resultados de hallazgos de pequeños fragmentos de restos óseos humanos y se confirmó la hipótesis. El viejo pozo, a metros de las vías del tren, construido para proveer de agua a las antiguas locomotoras a vapor, había sido usado para esconder restos de detenidos desaparecidos y luego se tapó con distintos materiales.

Con esta confirmación el Juzgado Federal N° 2, que está a cargo de la investigación, gestiona y obtiene del Consejo de la Magistratura de la Nación el compromiso de garantizar los fondos que sean necesarios para los trabajos en el Pozo de Vargas. Desde entonces, los giros de las partidas nunca fueron regulares y en reiteras ocasiones se acumularon varios meses de falta de pago. “Nos llegaron a deber hasta diez meses pero nunca como hasta ahora. Eso provoca que las tareas se hagan muy lentas pero, además, desalientan. Con los años, algunos compañeros han dejado esta actividad por trabajos más seguros, como la docencia o ingresar al Conicet”, contó el arqueólogo de campo Ruy Díaz.

Para cobrar, los peritos deben ser monotributistas y desconocen cómo es el flujo y el criterio con el que el Consejo de la Magistratura libera los fondos. Desde el Juzgado Federal N° 2, una fuente explicó que luego de elevar un informe, el Consejo efectúa un giro y se informa a todos los que trabajan en la investigación del Pozo de Vargas que deben a entregar sus facturas, cuyos montos dependen de los fondos recibidos. Es decir, en algunas ocasiones no alcanzan para percibir todo lo adeudado y deben esperar un tiempo indefinido hasta la próxima partida.

La última vez que les pagaron fue en noviembre de 2020 pero era una deuda de los cuatro últimos meses de 2019. Cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, las tareas se paralizaron en el predio, por lo que el lugar quedó casi en estado de abandono hasta diciembre. Sí se mantiene en el lugar una guardia con personal de la Policía Federal y la actividad no se suspendió en el laboratorio que está ubicado en Italia al 900, en la capital tucumana.

Consultado por eldiarioar, Alberto Lugones, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, señaló que pidió un informe para conocer el estado de la situación que se denuncia para adoptar decisiones. Igual respuesta dio el consejero Mariano Recalde.

En febrero de 2021 fueron autorizados por el Juzgado los peritos Zurita y Luciano Molina a volver al sitio para continuar con trabajos, aunque sólo de mantenimiento y atención a visitas de estudiantes de colegios secundarios y familiares de detenidos desaparecidos que fueron identificados en el pozo. En todos los casos, previa autorización judicial.

Las pesquisas en el pozo de 40 metros de profundidad no avanzan por desperfectos en el ascensor y en los equipos de bombeo. Aún hay agua en los últimos seis metros y no se cuenta con equipos de desagote, de acuerdo a los investigadores. En este último tramo esperan hallar restos óseos de menor tamaño, pertenencias personales de las víctimas y proyectiles, entre otros objetos contextuales.

El pago por día para cada científico es de $ 1.600, cuando el Colegio de Arqueólogos sugiere que sea de $ 6.000, pero ante la mora y el paso de los meses, la situación económica de los científicos se agravó. Molina trabaja desde hace dos meses como empleado de una empresa tercerizada que coloca postes para el cableado de energía eléctrica en el interior de Tucumán. “No daba más, mi familia está compuesta por mi esposa y dos hijos pequeños. Cuando nos pagaban, administraba ese dinero para que nos dure varios meses pero se acabó. Con ese estado de necesidad busqué trabajo en lo que sea y salió esto que me lleva todo el día. Lamento que no haya una política de Estado para investigaciones de este tipo porque esto nos desalienta”, confesó.

Se le consultó sobre esta situación al fiscal federal Pablo Camuña, quien está a cargo de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra Humanidad. “En 2020 se hizo una reunión de la mesa nacional interinstitucional a donde expusimos los problemas de pago a los peritos pero desconozco cómo se resolvió, ya que es algo que nos excede, no depende de nosotros”, expresó.

Josefina Molina, hija del ex vicegobernador de la provincia Dardo Molina, quien fuera secuestrado en 1976 y sus restos identificados en el pozo en 2014, reflexionó: “El compromiso de los miembros de CAMIT es incuestionable, siempre han tenido estos problemas pero aun así sostuvieron los trabajos. Son un ejemplo y duele que atraviesen estos inconvenientes porque así será imposible avanzar en nuevas investigaciones que sabemos que están pendientes”.

El Pozo de Vargas se ha convertido con los años en una investigación que expuso ante el mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Allí fueron identificados, hasta ahora, los restos de 116 militantes de distintos partidos políticos, obreros y estudiantes, la mayoría de Tafí Viejo. En el lugar se encuentra un memorial con los nombres de cada uno de ellos para que nadie olvide sus historias.

DC/WC