El proyecto de ley para nombrar a un nuevo procurador vuelve a foja cero en Diputados

Oficialismo y oposición coinciden actualmente en muy pocas cosas pero una excepción clara es que ambos sectores están de acuerdo en que la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández en 2020 no será ley, al menos, dicen, por los próximos dos años, de acuerdo con las consultas realizadas por elDiarioAR a legisladores de ambas fuerzas. Un segundo proyecto clave, la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal, principal apuesta del kirchnerismo puro contra el Poder Judicial, también retrocedió en el Congreso: volvió a foja cero en Diputados y Argentina está más lejos de tener un jefe o jefa de los fiscales, cargo vacante desde hace cuatro años. El dictamen de comisión que había logrado el kirchnerismo cayó con la renovación legislativa y será muy difícil para el oficialismo volver a conseguir esos números que tanto les costó en 2021.

Si bien ninguno de los dos proyectos de ley perdieron estado parlamentario, su supervivencia en el Congreso hoy sería testimonial. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica (Juntos por el Cambio) explicó a este medio que “al tener media sanción del Senado, para ambos proyectos se prorroga el estado parlamentario por un año más” pero confirma que la oposición está a años luz de apoyar ese proyecto en las circunstancias actuales.

“En el caso del proyecto de ley de reforma del Ministerio Público Fiscal, conseguir los votos para el dictamen de comisión fue difícil para el oficialismo ya en 2021. Con la nueva composición en la Cámara, será todavía más difícil volver a conseguir esos números”, agregó López. “Si los proyectos no son aprobados en 2022, entonces sí ambos perderán estado parlamentario en 2023”, aseguró, y entonces quedarán definitivamente fuera de agenda.

“Si nos ajustamos al reglamento de la Cámara, el dictamen de comisión caería a finales de febrero, principios de marzo, cuando se defina la conformación de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales”, se limitó a responder el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), expresidente de la primera de esas comisiones. 

En el oficialismo, sin embargo, reconocen que la “tradición” en Diputados es que los dictámenes caigan en diciembre. Hay una ventana clave: el kirchnerismo tiene tiempo hasta finales de diciembre para forzar el tratamiento del proyecto en el recinto, con la extensión de las sesiones ordinaria. “Pero eso no va a suceder”, aclaró una fuente del bloque. No existe ni la remota posibilidad de consenso para lograr la ley en los próximos días y la prioridad es la agenda económica, afirman.

Mientras los proyectos se estancan en Diputados, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner logró sus propios triunfos personales en los tribunales federales. En lo que va de 2021, obtuvo tres sobreseimientos anticipados, previos a los juicios orales y públicos previstos en los casos Dólar Futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. En este último también iba a ser juzgado Máximo Kirchner, titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

Un/una jefe para los fiscales

El oficialismo tenía hasta el 10 de diciembre para conseguir el quórum en la Cámara de Diputados y tratar en el recinto el dictamen de las comisiones legislativas de Justicia y Asuntos Constitucionales. Desde finales de 2017, Argentina no tiene un Procurador General de la Nación, cargo central en la vida democrática de un país: un jefe o jefa de los fiscales federales y nacionales que lleve adelante la política criminal y judicial del Ministerio Público Fiscal, que active los concursos para nombrar nuevos fiscales y que encabece la aplicación en todo el país del sistema acusatorio, a tono con lo que sucede en el resto del continente, donde los fiscales investigan y los jueces sólo juzgan.

Para conseguir su procurador, el Ejecutivo requiere que los dos tercios del Senado apruebe a su candidato. El proyecto, impulsado por el sector más afín a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, busca flexibilizar las condiciones para nombrar y desplazar al Procurador General de la Nación.

Conseguir la sanción de este proyecto era la “prioridad” de Martín Soria cuando asumió como ministro de Justicia, a finales de marzo. El entonces diputado se incorporó al Gabinete tras el desplazamiento de Marcela Losardo, a quien el kirchnerismo le adjudicaba el fracaso del avance de este proyecto y el de la reforma judicial.

El principal punto del proyecto es que el procurador o el jefe de los fiscales pueda ser elegido por mayoría absoluta en el Senado (el voto de más de la mitad de los presentes), en lugar de los dos tercios exigidos actualmente. También contempla que en Diputados alcance con una mayoría de la mitad más uno de los miembros presentes para iniciar el juicio político y buscar la destitución del procurador. Antes de las elecciones legislativas de noviembre, este proyecto hubiese permitido al Gobierno nombrar a su candidato sin un acuerdo con parte de la oposición. 

El candidato del Presidente para ocupar este cargo central es el juez federal Daniel Rafecas pero, a excepción de Elisa Carrió, tanto la oposición como el kirchnerismo se negaron a impulsar su pliego en el Senado, según reconocen opositores y oficialistas. El juez, además, se opuso públicamente a asumir si se lograba modificar las mayorías para elegirlo. La Procuración está a cargo de Eduardo Casal de manera interina. El funcionario es procurador ante la Corte Suprema y estaba en la línea de sucesión cuando Alejandra Gils Carbó presentó su renuncia, ante el embate del macrismo y un sector de los tribunales federales, en 2017.

La reforma que no será

Con este proyecto para intentar nombrar un Procurador con nuevas condiciones, el kirchnerismo puro desplazó como prioridad de la agenda legislativa al de reforma judicial del presidente Fernández, para el que el mandatario había convocado a una comisión de juristas que lo asesorara.

La reforma judicial también tiene media sanción del Senado pero nunca se trató en comisión de Diputados por lo que ni siquiera estaba en condiciones de pasar al recinto para su tratamiento como ley. 

Fernández propuso un reordenamiento de la Justicia federal en todo el país y en cuanto a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se investigan los casos de presunta corrupción del poder político, propuso fusionar el fuero con Penal Económico -que investiga casos de lavado, tributario y contrabando-, obligando a los jueces y fiscales federales a compartir su cuota de poder con los colegas de la sede de la calle Inmigrantes. Además, los juzgados a cargo de las causas contra el Gobierno pasarían de 12 jueces a 46 (los 12 penales, 12 penales económicos y otros 24 nuevos cargos).

ED