Recortes, despidos y un negacionista al mando del país: la crisis que atraviesan los científicos del ambiente

Subsidios frenados, becas canceladas, despidos, acceso bloqueado a fondos económicos y bibliotecas virtuales, universidades que no llegan a pagar la electricidad y un presidente que niega el cambio climático, denosta a la ciencia y al ambientalismo. Este es el escenario que enfrentan las personas dedicadas a la ciencia y el medio ambiente en Argentina, desde la llegada de Javier Milei al gobierno.

Especialistas en biología y ecología coinciden: la ciencia y el medio ambiente atraviesa una crisis sin precedentes en el país.  

Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para la desregulación de la economía, en diciembre de 2023, y el impulso de una ley ómnibus que pretende resetear las bases legales del país, Milei ha intentado avanzar sobre leyes de protección ambiental, como la Ley de Glaciares y del Manejo del Fuego. Sin embargo, existe un riesgo extra para el ambiente: la desmantelación de las líneas de investigación científica que buscan preservarlo.   

“Somos una estructura estatal que está perdiendo cualquier tipo de dirección estatal”, asegura Andrés Breccia, licenciado en Ciencias Biológicas y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)  desde 2020. Breccia trabaja en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estudiando las hormonas que regulan la alimentación y reproducción de una especie de pez nativa de Argentina.

El Conicet es la principal institución científica del Estado y una de las mayores  empleadoras de investigadores de la ciencia. Durante la campaña electoral, Milei prometió privatizarla. Sin embargo, tras asumir, optó por un fuerte ajuste presupuestal. El 20 de marzo, su directorio criticó una segunda ola de despedidos y solicitó en un comunicado sus reincorporaciones. El viernes 22, una tercera ola de despidos en el organismo afectó al área administrativa, entre otras.

Además, en diciembre de 2023, Milei nombró como presidente del organismo a Daniel Salamone, médico veterinario, doctor en Filosofía en Biotecnología y Biomedicina, y especialista en clonación, una tecnología a la que el presidente argentino acudió para clonar a su perro Conan hace unos seis años. 

También en diciembre, el Poder Ejecutivo eliminó, entre otros, el ministerio de Ciencia y Tecnología e implementó una estructura gubernamental totalmente distinta. El área fue convertida en una subsecretaría, que depende de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, bajo la estructura de la jefatura de Gabinete, a cargo de Nicolás Posse.

Sin becarios, sin recursos

“Todo lo que tiene que ver con los recursos humanos está en riesgo” en el ámbito científico, explica Haydee Pizarro, doctora en Ciencias Biológicas del Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires, que depende de Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Pizarro dedica su carrera a investigar el impacto de la actividad agrícola y el uso de agrotóxicos en el agua dulce.

El gobierno de Milei recortó de 1.300 a 600 la cantidad de becas académicas que habían sido adjudicadas a los investigadores en 2023, señala Manolo Sueiro, trabajador del Conicet y miembro del consejo directivo del gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE). 

“En el caso del Conicet, los becarios son un insumo básico y clave, porque conforman la base de la pirámide que forman los científicos y científicas. Ya tenemos un problema básico que es el riesgo completo de que esta pirámide reduzca su base”, afirma Pizarro.

Breccia explica que Argentina tenía una política estatal que era el llamado anual a becas de carrera doctoral y postdoctoral y de carrera de investigador. “Todo eso está discontinuado. Hay grupos de trabajo que no podrán tener futuros becarios y no podrán trabajar”.

La falta de recursos y el recorte de becas para dedicarse a la investigación tienen un efecto colateral. “Muchos compañeros empiezan a pensar en otros destinos o en otras formas de sostenerse económicamente”, dice Sueiro.

“Las becas son el sustento de vida de los científicos y científicas. Son, además, de dedicación exclusiva y de ellas dependen tanto los fondos destinados al proyecto como a la economía personal del investigador o investigadora”, explica Magdalena Salas, licenciada en Ciencias Biológicas (UBA) y quien realiza su doctorado como becaria del Conicet, enfocada en ecología. 

Salas trabaja en la Universidad de Jujuy en la conservación de especies de mamíferos grandes y medianos de las Yungas, en el noroeste de la Argentina, donde el bosque andino se entrelaza con la selva de montaña. “Se ve un desinterés claro en desfinanciar la investigación científica en las solicitudes de fondos que son para nuestros proyectos y con los que ya no contamos porque se encuentran frenados”, afirma.

La investigadora tiene planificado un viaje a campo en mayo y las zonas a las que suele trasladarse son de difícil acceso, sin rutas nacionales ni provinciales. Requiere de un vehículo acorde a los caminos complejos, un ayudante de campo, combustible —que desde la asunción de Milei aumentó alrededor del 80 % por la liberación del mercado— y otros insumos.

En el área de las Yungas jujeñas donde Salas trabaja no existen reservas estatales ni áreas protegidas y las tierras están en manos de privados con quienes la investigadora busca preservar los bosques. “Es un trabajo fino y a largo plazo”, explica. Le preocupa también que comience un proceso de extranjerización de la zona, ante el intento del gobierno de Milei de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión extranjera.   

Los recortes llegaron, incluso al funcionamiento cotidiano. “Ya empezamos a traer de nuestras casas elementos básicos como el jabón y el papel higiénico”, afirma Pizarro. “En mi facultad ya comenzaron a recortar servicio de personal de seguridad y limpieza”, asegura Breccia.

La devaluación del peso es otra causa de la crisis en la ciencia. El ministro de Economía, Luis Caputo, ordenó una nueva devaluación de más del 50% del peso argentino en diciembre de 2023, que se acumuló a otra reciente devaluación ordenada por su antecesor, Sergio Massa. “En nuestro laboratorio tenemos muchos insumos dolarizados. Entonces, nuestro presupuesto en pesos pasó a valer la mitad de un día para otro. La compra de insumos en dólares se volvió muy complicada. También se suspendieron las entregas de insumos adquiridos en el exterior necesarios para todos los que hacen investigación experimental”, afirma Breccia.

Reduciendo y reduciendo

El Estado argentino se encuentra funcionando con el presupuesto de 2023, debido a que la Ley de Presupuesto 2024 no fue aprobada por el Congreso y el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto 2023 para el año vigente. El problema es que la inflación devora cualquier presupuesto desactualizado. La inflación interanual en febrero de 2024 fue de poco más de 276%. 

Los fondos para la Asistencia Financiera para el Funcionamiento Universitario eran de 69.188 millones de pesos argentinos (unos 81 millones de dólares al valor oficial), de acuerdo con  el sitio Chequeado. Sobre esta cifra, el Ministerio de Capital Humano de la Nación debió anunciar un aumento del 70% a mediados de marzo,  ante la imposibilidad de muchos institutos y universidades de afrontar los gastos mínimos de funcionamiento, como pagar la luz eléctrica.

“Ciencia y universidad van muy de la mano y lo que pasa en un lugar impacta en el otro, porque muchas dependencias del Conicet están arraigadas a varias facultades”, afirma Breccia. 

Algunas universidades están pagando la energía eléctrica de los equipos de investigación científica, ya que las unidades tienen doble dependencia, explicaron los entrevistados.

Todo esto ya está teniendo consecuencias en diversos campos. “Lo que nos va pasando es que muchos investigadores del Conicet no tienen los recursos para responder ante inquietudes que tenemos desde el movimiento socioambiental”, resalta Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA).

Hay plata, pero no hay plata

La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene 79.000 millones de pesos argentinos (más de 90 millones de dólares al valor oficial) y una ejecución de apenas el 0,3% en los últimos tres meses y medio, aseguró Valeria Levi, vice decana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, durante una exposición frente a la comunidad académica el martes 19 de marzo.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDTI) es otro organismo clave para los científicos: es la financiadora de la mayoría de las investigaciones, incluidas las que se realizan en el Conicet. La agencia tiene un presupuesto en pesos, subejecutado en apenas el 7% en lo que va del año, al cierre de esta edición, según explicó Levi. Pero, además, cuenta con préstamos por 225 millones de dólares de organismos internacionales para los subsidios de investigación, aseguró la vice decana. 

Hay plata, pero no hay nadie que autorice los giros. Recién el viernes 15 de marzo, tres meses después de asumir, el Gobierno nombró a una outsider como presidenta de la agencia: Alicia Caballero, doctora en Economía y exdirectora del Banco de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Los subsidios están frenados. Son subsidios que en muchos casos estaban ya aprobados (por la gestión anterior) y que están trabados”, explica Pizarro. “El hecho de que los fondos estén frenados hace que ciertos planes temporales se vean frenados y pone en riesgo tareas de muchos años”.

“El desfinanciamiento de las actividades científicas es un puñal en el marco del colapso ecológico climático que estamos viviendo. Necesitamos más ciencia, más Estado para poder enfrentar estos colapsos ecológicos focalizados, como la provincia de Corriente y la región del Litoral inundadas; olas de calor, la epidemia del dengue”, agrega el abogado Viale.

Desafío extra

La investigadora superior del Conicet Maristella Svampa considera que el “terraplanismo climático” de Milei tiene varias consecuencias en términos de políticas ambientales. “Una de ellas es que exacerba aún más el extractivismo y el consenso fósil que vive la Argentina y, además, amenaza con endurecer los contextos represivos en los distintos territorios en donde hay resistencias contra la expansión de la frontera minera, la frontera petrolera, entre otras cuestiones”. 

“Milei expresa muy bien la creencia, la ideología de una extrema derecha que considera a los ambientalismos como el enemigo principal”, concluye Svampa.

“Las líneas de trabajo que se dedican a hacer diagnósticos del impacto de la actividad humana y actividades productivas tienen un desafío extra”, asegura Pizarro. 

La científica explica que “cuando hablamos de monitorear y controlar la biodiversidad estamos hablando de monitorear, analizar y controlar las contribuciones de la naturaleza a las personas. Esas contribuciones permiten regular el clima, purificar el agua con los humedales, regular el clima con los espacio verdes, la producción de alimentos y fibras. Contribuciones que hacen que nuestra vida sea mejor”.

Que el Estado no tenga una presencia en el campo científico —aún con todas sus falencias— abre el camino para algo incluso peligroso, plantea el biólogo Juan Pablo Nievas, integrante de la Fundación Ceferino Namuncurá, en Puerto Madryn, provincia de Chubut: que el sector privado del extractivismo penetre las instituciones científicas y elija qué financiar y qué no, de acuerdo a sus intereses. 

Pizarro coincide: “¿Cómo hacemos para asegurar el financiamiento de nuestras líneas de trabajo cuando la mirada actual es que hay que buscar fuentes de financiamiento privado? ¿Qué va a pasar con ciertas líneas de trabajo como la mía, que se dedican a hacer diagnóstico del impacto de la actividad productiva o extractivista? Lo veo complicado”.

* Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y elDiarioAR.

ED