Milei avanza con una profunda reforma del mercado laboral

Este Día Internacional de los Trabajadores estuvo marcado por una embestida contra los derechos laborales. La nueva reforma laboral que lleva el título de “modernización” busca flexibilizar aspectos clave como la posibilidad de reemplazar la indemnización por un fondo de cese laboral que se deducirá del salario mensual, la extensión del período de prueba a seis o 12 meses y la exención de multas para empresarios que no hayan registrado a sus empleados.

El capítulo laboral forma parte del proyecto de Ley Bases que el martes consiguió media sanción en la Cámara de Diputados.

La reforma laboral impulsada desde el Gobierno precariza las condiciones de trabajo y la volatilidad del empleo. Se habilita que mediante la negociación colectiva se cree un denominado fondo de cese laboral en reemplazo del sistema indemnizatorio contemplado en la ley del Contrato de Trabajo de 1974. El modelo que propone es el que rige en el sector de la construcción, que, por su dinámica, implica contrataciones temporales por duración de una obra. Así, se reducirían las indemnizaciones y se facilitaría el despido. 

Luis Ramírez, abogado laboralista, señala que este proyecto es una foto de una película que aparece cíclicamente con un ropaje diferente. “Nuestra ley de Contrato de Trabajo tuvo su primera mutilación con la dictadura militar de 1976, luego en la década de los 90, con la flexibilidad laboral Carlos Saúl Menem y en los 2000 la ley 25.250, obra del gobierno de Fernando de la Rúa ya no habló de flexibilidad laboral, sino de reforma laboral y resultó en un tercer manotazo a los derechos de los trabajadores. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri, quiso avanzar con una reforma con enfoque neoliberal y regresivo, pero no logró que se aprobara en el Congreso. Hoy se plantea como modernización, pero el hilo conductor apunta a flexibilizar la entrada laboral, la relación de trabajo y la salida, y también debilitar el movimiento sindical”.

Qué incluye la reforma

La reforma extiende el período de prueba tres a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores; de ocho meses para pymes de seis a 99 trabajadores; y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. De este modo, se posterga el acceso pleno a los derechos laborales y en particular a la estabilidad laboral y la cobertura indemnizatoria. En paralelo, se plantea una derogación de las multas para aquellas empresas que tengan trabajadores no registrados. Para el gobierno de Milei, esto es con el objetivo de avanzar en la destrucción de lo que llama la “industria” de los juicios laborales, ya que las multas representan en la actualidad un ítem clave ante acciones judiciales impulsadas por trabajadores despedidos sin causa.

Ramírez, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, afirma que este cambio laboral favorece al empleador, que tendrá una hiperflexibilidad. “El empleador hace un aporte fijo por mes al fondo de cese laboral, y puede despedir cuando quiera al trabajador, tiene libertad de hacerlo, no necesita una causa justa. La estabilidad es la madre de todos los derechos laborales. Si ese empleador dice que no te afilies a un sindicato porque si lo haces peligra tu empleo, no te afilias. Se lo despoja al trabajador de la protección de sus derechos. El despido fácil es inconstitucional, ya que el artículo 14 bis de la Constitución señala que 'el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”. 

Milei ya había dado señales de su radicalidad cuando dijo en campaña que derogaría el artículo 14 bis porque, esgrimió, “es el cáncer de la Argentina”. En un claro retroceso, su reforma laboral habilita a que si un empleador despide por causa de origen sindical, étnico, racial, religioso solo deba pagar un poco más de indemnización. Hoy ese tipo de despidos son nulos y quienes son víctimas de ellos deben ser reincorporados.

La reforma establece una nueva forma de contratación que vulnera el sistema de convenios al admitir la contratación de hasta cinco trabajadores bajo la modalidad de monotributo como “trabajadores independientes”, extinguiendo de esta forma la relación laboral. Durante el embarazo, una mujer podría trabajar hasta diez días antes del parto, mientras que la ley hasta ahora estipula que sea un mes antes.

Con todo, se trata de cambios en asuntos clave que tienden a reducir los costos laborales y habilitar los despidos. Es decir, busca recuperar el poder del sector empresarial y no “mejorar la calidad de vida de los trabajadores” y el “desarrollo económico del país” como promete, según han indicado voces expertas, que señalan que las reformas regresivas nunca han dado esos resultados en ningún lugar del mundo. 

Delegación de facultades y privatizaciones

En un debate maratoniano en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista, junto con el apoyo del PRO, la UCR y HCF sumó 142 para la aprobación.. En contra del proyecto de Ley Bases votaron 106 diputados opositores: la totalidad de Unión por la Patria ) y del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). La votación promete ser más disputada en el Senado.

Entre los capítulos más polémicos se destaca la delegación de facultades legislativas al presidente en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, la autorización para privatizar empresas públicas y cerrar organismos estatales y el fin de las jubilaciones para quienes aportaron menos de 30 años a la seguridad social. Esta última medida perjudica particularmente a las trabajadoras. Quienes a los 60 años no lleguen a reunir 30 de aportes, deberán esperar a cumplir 65 años para tramitar una pensión (PUAM), que tiene un monto un 20% menor que la jubilación mínima.

En un giro impositivo en beneficio de los más ricos, la Ley Bases incluye una reducción gradual hasta su casi extinción del impuesto a los bienes personales (riqueza). Mientras el Gobierno recorta presupuestos científicos, educativos, sociales y sanitarios, el Estado dejará de recaudar 0,36% del Producto Interno Bruto en 2024, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La Ley Bases autoriza la privatización de casi una decena de empresas estatales, entre las que destacan Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos y la Radio y Televisión pública. Este desguace del Estado llegará cuando el capítulo de la venta de empresas públicas en la década de 1990 sigue abierto.

Los trabajadores del sector público serán los más afectados por el achicamiento del Estado. Por este motivo, y por el restablecimiento del impuesto a las ganancias a los trabajadores con salarios superiores a 1,8 millones de pesos para solteros y 2,2 millones para casados con dos hijos, el gobierno de Milei se enfrentará a un complicado inicio de mayo con movilizaciones. A la marcha por el Día del Trabajador de ayer le seguirá el 6 de mayo un paro de transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo, y tres días después se manifestará laCGT en contra de los más de 10.000 despidos de empleados estatales.