Rocca y dos directivos de Techint ya tienen sobreseimiento firme, tras la falta de apelación de Stornelli y la UIF
El presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, y dos de sus directivos de confianza, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, cerraron su capítulo del caso de los cuadernos. Los sobreseimientos de los tres imputados por pagos ilegales de un millón de dólares al exfuncionario Roberto Baratta en 2008 quedaron firmes esta semana, luego de que el fiscal Carlos Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Julián Ercolini, según el escrito al que accedió elDiarioAR y la confirmación de fuentes judiciales de la causa.
El grupo de los Rocca, que lidera el mercado de tubos de acero para la industria petrolera, tiene otros procesos abiertos por presuntas coimas sin muchos avances en los tribunales de Comodoro Py, pero sí tiene dos frentes judiciales activos en Italia y Brasil por las mismas acusaciones, como informó este medio el domingo último. Otras acusaciones contra el grupo de Rocca por supuestos pagos indebidos a funcionarios públicos van desde el caso Skanska hasta una licitación en Uzbekistán, en el Mar Caspio. Este último le valió una sanción millonaria en los Estados Unidos.
En 2018, los ejecutivos Betnaza y Zabaleta admitieron ante Stornelli y el juez Claudio Bonadio que el primero había ordenado ocho pagos a Baratta que el segundo director ejecutó en varias entregas, que incluyeron un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionarios en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro. Rocca, en cambio, declaró ante la Justicia que no conocía los pagos y que no se responsabilizaba por los hechos.
El daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños.
El juez Julián Ercolini entendió que Techint pagó un millón de dólares en dádivas y no en sobornos al entonces funcionario Baratta en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país.
Baratta, quien al momento de recibir los pagos ilegales de Techint era mano derecha del entonces ministro Julio De Vido y hombre clave del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la relación con los empresarios, quedó procesado por el supuesto delito de dádivas por haber presuntamente exigido alrededor de un millón para mediar entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor. También se le dictó un embargo sobre sus bienes.
El abogado de Baratta, Alejandro Rúa, sí apeló el martes último el procesamiento de su cliente ante el juzgado de Ercolini por lo que el caso llegará nuevamente a la Cámara Federal porteña para su revisión, según el escrito que consta en la causa y la confirmación del defensor. Baratta niega las acusaciones, sostiene que Betnaza y Zabaleta mintieron sobre los pagos, que sólo tuvo reuniones de trabajo en la sede de Techint y que no tenía ninguna injerencia para intervenir por Sidor en Venezuela.
Al conceder el recurso de apelación de Baratta, el juez Ercolini -quien subroga este año el juzgado que dejó vacante Bonadio tras su muerte- también dejó asentado en el expediente que los sobreseimientos de Rocca, Betnaza y Zabaleta quedaron firmes.
Stornelli y la UIF tenían plazo hasta el martes último para apelar los sobreseimientos de los hombres de Techint e incluso también el procesamiento por dádivas de Baratta, ya que podrían haber alegado que se trató de un delito más grave: el de cohecho pasivo. Sin embargo, ninguno de los dos acusadores se presentó en el expediente.
Ante la consulta de elDiarioAR, el organismo antilavado dijo esta semana que los plazos estaban vencidos para proceder con una apelación pero que la UIF estaba estudiando los pasos a seguir en el caso y no daba por descartada una acción judicial. Stornelli no respondió las consultas de este medio.
Estado de necesidad
En 2018, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Héctor Zabaleta, quien aparecía en los registros de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del ministerio de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas.
El exgerente de Administración de Techint, contador de confianza de los Rocca, declaró como arrepentido que había entregado un bolso y paquetes de dinero por un total de un millón de dólares a Baratta en 2008 a pedido del director corporativo del grupo, Betnaza.
Según la declaración de Betnaza como imputado colaborador en la causa, “Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos de los dividendos de los accionistas del grupo”. “Esto pasó por una cuestión humanitaria”, dijo el ejecutivo en su indagatoria. En las causas que tramitan en Brasil e Italia, Zabaleta es sindicado como un presunto gestor de pagos ilegales de Techint a nivel mundial.
A finales de 2018, Bonadio procesó a Paolo Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por el pago de sobornos. El fiscal Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo -quien ya no interviene en el expediente- llegó a pedir la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.
Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado sumados a los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación).
Desde la Cámara Federal hasta la Casación, Techint y el resto de los acusados en este capítulo de los cuadernos -que algunas instancias incluyó fallos a favor de Fernández de Kirchner- fue favorecido con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito, hasta llegar a los sobreseimientos firmes de esta semana.
“Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas”, declaró Rocca en la causa.
El presidente de Techint sí admitió que intercedió ante Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Dima Russeff para pedirles que mediaran con Chavez por el conflicto de Sidor. “Mi involucración en el tema fue la de mantener el contacto en máximo nivel con los países involucrados para contener la violencia, asegurar la incolumidad de nuestra gente, promover una retirada ordenada de la sociedad”, afirmó en el expediente.
En el último reporte semestral de Tenaris -la principal compañía del grupo- a sus inversores, la multinacional informó: “Operamos a nivel mundial y realizamos negocios en ciertos países que se sabe que experimentan altos niveles de corrupción”. “Aunque estamos comprometidos a realizar negocios de manera legal y ética de acuerdo con los requisitos legales locales e internacionales y estándares aplicables a nuestro negocio, existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes”, agregó la multinacional, “con el propósito de obtener o mantener negocios”. Techint declinó responder las últimas consultas de este medio.
Dádivas
El juez Ercolini entendió que la prueba en el expediente “no deja lugar a dudas” acerca de la existencia de los pagos ilegales “ejecutados por Zabaleta y ordenados por Betnaza”. Sin embargo, el juez concluyó “que los pagos efectuados por Zabaleta a Baratta habrían tenido origen en ese pedido de ayuda a las autoridades del gobierno” por el caso de Sidor en Venezuela.
“Su accionar habría tenido como única y forzada motivación: la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela”, afirmó el juez. “El daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños”.
Esto pasó por una cuestión humanitaria.
Los pagos indebidos a Baratta fueron la opción “menos lesiva” que tenía Techint “de todas las acciones que tenía a su alcance”, sostuvo el juez. El magistrado basó su decisión en los testimonios de cuatro ejecutivos de distintas empresas del grupo Techint, e-mails que relatan la situación de tensión en Venezuela y pruebas aportadas por la multinacional, como la contratación de la firma “Control Risk” para elaborar “un plan de emergencia para proteger la integridad física de sus dependientes y garantizar que puedan salir de Venezuela hacia Colombia”, que nunca se llegó a ejecutarse.
Baratta desmiente haber recibido pagos. Sin embargo, en el expediente, el ex funcionario Claudio Uberti declaró ante el fiscal Stornelli que él personalmente retiró entre cinco y seis coimas de Techint dirigidas a Néstor Kirchner en 2006. Esos dichos fueron negados por Betnaza en el expediente.
El caso sigue abierto. Ercolini ordenó a los ministerios de Relaciones Exteriores y Energía que informen si durante 2008 el Ejecutivo realizó gestiones formales a los efectos de tomar intervención en los hechos de violencia en Sidor. También pidió análisis de cruce de llamados
ED
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