Los Rocca, las “lapiceras” y acusaciones que se repiten: presuntos sobornos, contratos y licitaciones a medida
El nuevo capítulo de la interna del oficialismo que terminó con la eyección del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, puso el foco en una licitación supuestamente a medida de Techint para la venta de los caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Las investigaciones en Italia, Estados Unidos, Brasil y Argentina vienen sosteniendo desde al menos 2011 cómo ciertas “lapiceras” han favorecido a la multinacional ítalo-argentina para obtener contrataciones no santas, pero los Rocca, la segunda familia más rica del país, surfea el mar de sospechas como ninguna.
En la última década, ha trascendido que el costo que Techint ha pagado por estas acusaciones es sólo económico, aunque la ecuación rápida arroja que ser presuntamente “corrupto” sale barato. Los Rocca nunca admitieron haber ordenado el pago de sobornos para conseguir negocios millonarios y responsabilizan a gerentes e intermediarios comerciales.
Al menos dos de los casos confirmados tienen un mismo patrón: pagos ilegales a los funcionarios con “lapicera”, responsables de licitaciones para la compra estatal de caños de acero en obras de gas y petróleo -principal expertise del grupo-, según los documentos publicados por las autoridades de los Estados Unidos en el sitio oficial de la Comisión de Valores de ese país, cuyo nombre formal es Securities & Exchange Commission (SEC).
Este organismo trabajó junto al Departamento de Justicia en dos casos contra Tenaris, principal compañía del grupo Techint y fabricante de los caños de acero. Tienen jurisdicción para indagar sobre el comportamiento de la multinacional ítalo-argentina porque Tenaris cotiza en la bolsa de comercio de Wall Street y utilizó el sistema financiero estadounidense para el pago de sobornos, según dos documentos de la SEC.
El caso más grande contra la compañía es por la venta de caños a Petrobras en Brasil, entre 2008 y 2013, que tiene ramificaciones transnacionales: investigaciones judiciales en Italia, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Pero los Rocca y sus compañías han salido indemnes de las acusaciones penales e incluso han logrado cerrar la investigación en Nueva York la semana última pagando una multa y una sanción civil.
Las investigaciones más avanzadas por este caso son las de Estados Unidos e Italia, que se basan en los mismos hechos y pruebas -lo aclara el documento de la SEC-, pero hay algo en ambas que colisionan: el origen de la presunta corrupción en Techint.
Los investigadores en Brasil, Italia y Estados Unidos -con colaboración de Suiza y Panamá- determinaron que la subsidiaria de Tenaris en Brasil, Confab, sobornó por US$10,4 millones o 6,5 millones de euros a Renato De Sousa Duque, entonces gerente de Servicios de Petrobras, la petrolera pública brasileña.
Duque admitió estos pagos ilegales ante tribunales de Brasil e Italia y ha sido condenado. Los sobornos tenían el objetivo de que Duque usara la lapicera para que Petrobras evitara las licitaciones internacionales y adjudicara contratos directos a Confab. También hubo admisiones en Italia y Brasil de otros involucrados brasileños, de un financista uruguayo y de tres empleadas suizas de Techint, según corroboró elDiarioAR en los últimos meses al acceder a los expedientes judiciales de esos países.
Confab es la misma compañía que fabricará las láminas de acero para los caños del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner -principal obra energética del Gobierno- y que quedó en el centro de la salida de Kulfas del Gobierno.
Los pagos alegados se habrían realizado conforme a un acuerdo no autorizado entre un tercero contratado por Confab y un funcionario de Petrobras.
Peaje institucional
Este mes, Tenaris acordó pagar a los Estados Unidos una multa de más de US$78 millones para cerrar una investigación por presuntos sobornos en la venta de caños fabricados en Brasil, de acuerdo al documento de la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (Securities & Exchange Commission, SEC). El grupo liderado por Paolo Rocca era investigado por “violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)” que se aplican a las compañías que cotizan en la bolsa de Nueva York. En resumen, pague por sus pecados y siga adelante.
Con una multa por US$78 millones más supuestos sobornos por otros US$10,4 millones, Tenaris en Brasil (Confab) logró contratos directos por 1.400 millones de euros o unos US$1.600 millones, según las investigaciones transnacionales del caso. El costo es barato: menos del 15% de la ganancia bruta (un supuesto soborno de 0,65% y el resto de multa, a pagar una década más tarde).
“Tenaris cooperó plenamente con la investigación”, sostuvo la compañía en un comunicado. La empresa “no admite ni niega las conclusiones de la investigación de la SEC y pagará US$53.100.338 en concepto de restitución e intereses, más una multa de US$25.000.000”, afirmó. “Los pagos alegados se habrían realizado conforme a un acuerdo no autorizado entre un tercero contratado por Confab y un funcionario de Petrobras”, según la multinacional. “Una investigación interna encargada por Petrobras tampoco encontró pruebas de que Confab hubiera obtenido, a cambio de estos pagos, algún beneficio o ventaja comercial impropia de parte de Petrobras, tales como contratos obtenidos indebidamente”, dice el comunicado, que contradice los resultados de las investigaciones externas.
En el acuerdo de Tenaris con la SEC, que puede leerse en el sitio oficial de la SEC, el organismo le recordó a la multinacional ítalo-argentina que esta no es la primera vez que están en la mira por sobornos. En 2011, Tenaris admitió haber pagado coimas en Uzbekistán, en el mar Caspio, para acceder a información confidencial que les permitió ofertar por debajo de sus competidores y ganar licitaciones para la venta de caños para la industria de gas y petróleo en ese país.
Por el caso de Uzbekistán, en 2011 la compañía debió pagar US$8,9 millones al Tesoro de los Estados Unidos para cerrar el caso y continuar operando en la bolsa. Aquella vez, el castigo sí suponía ser más costoso: según el documento de la SEC, la multa incluía la devolución de ganancias de los contratos, con intereses, y una multa por haber sobornado a funcionarios extranjeros.
Sin embargo, en el caso de Brasil -con ramificaciones directas en Argentina- el organismo aclaró que la multa “no excede las ganancias netas de la demandada originadas por sus violaciones” a la ley. Se le impuso, entonces, una multa, intereses y una sanción civil. Total: US$78,1 millones.
En el acuerdo entre las autoridades estadounidenses, la SEC sostuvo que pese al antecedente en Uzbekistán, “Tenaris no ideó ni mantuvo un sistema de controles contables internos suficiente para proporcionar garantías razonables para detectar y prevenir el pago de sobornos y para identificar y divulgar adecuadamente las transacciones con partes relacionadas”, le recriminó la SEC, pero a continuación afirmó: “Las medidas correctivas de Tenaris ha incluido la terminación de sus agentes comerciales en Brasil y la reducción significativa de su uso de agentes comerciales en todo el mundo. Tenaris implementó un Código de Conducta, un Código de Ética para Altos Funcionarios Financieros, una Política de Conducta Comercial y varios procedimientos relacionados, así como capacitación periódica sobre cumplimiento y antisoborno”.
En Italia, en cambio, la investigación de un equipo de fiscales en Milán, que integró y defendió durante el juicio la fiscal Donata Costa, no se apuntó a gerentes “infieles” o a intermediarios comerciales que supuestamente hicieron acuerdos bajo la mesa y a escondidas de los accionistas de Tenaris.
La fiscalía de Milán sostuvo durante el alegato del juicio que exitió un mecanismo supuestamente ordenado por el punto más alto de la cúpula del grupo: Paolo Rocca, su hermano Gianfelice Rocca y Bonatti, su primo. Los documentos y movimientos bancarios y de compañías offshore conducen directamente a los abogados, contadores y gerentes de mayor confianza de la familia en Buenos Aires, quienes dejaron sus huellas por doquier: manejaban las cuentas bancarias de donde salieron los pagos ilegales en el caso brasileño y crearon y manejaban las compañías offshore involucradas en la trama de contratos falsos y movimientos de dinero negro.
Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint.
Pero además, las compañías offshore utilizadas para desviar dinero hacia Duque, el sobornado en Brasil, eran empresas fantasma contraladas por San Faustín, la sociedad madre de todo el grupo Techint, que manejan directamente los hermanos Rocca y Bonatti, presidente, vicepresidente y titular de la Junta de directores de la sociedad.
La fiscal italiana sostuvo ante el tribunal que San Faustin “ha creado fondos negros para hacer frente a los pagos corruptos” porque la sociedad no está “sujeta a los principios de gobierno corporativo de los mercados regulados”, ya que, a diferencia de Tenaris, estaba fuera del radar y de los controles de SEC o la Bolsa de Milán.
Kulfas Gate
Este viernes, durante el acto por los 100 años de YPF, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra Techint por su rol en la construcción del primer tramo del gasoducto y le pidió a Fernández que “use la lapicera” pero al revés, contra “los que tienen que darle cosas al país”. Paolo Rocca, el CEO y Presidente de Tenaris, estuvo procesado por sobornos por un millón de dólares al gobierno de Fernández de Kirchner (2008) en el caso de los cuadernos pero a pesar de las confesiones de dos de sus ejecutivos, tanto él como sus subalternos fueron sobreseídos este año. No así, el supuesto sobornado, el exfuncionario Roberto Baratta, quien quedó procesado.
Paolo Rocca jamás ha admitido conocer que sus ejecutivos de mayor confianza o sus compañías y subsidiarias pagaran sobornos para obtener negocios. En el caso del gasoducto aún no existe ninguna denuncia penal ni indicios que acrediten que funcionarios argentinos hayan recibido pagos ilegales de ningún tipo.
En el acto de YPF, Fernández de Kirchner expuso que el Gobierno debe “pedirle (a Techint) que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá, con línea de producción para hacerla acá. Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil. Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina. El balance, Alberto, del 2021, les triplicó lo del 2020”.
“La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint”, respondieron esa tarde en Desarrollo Productivo ante las consultas periodísticas. En AM 750, Kulfas aseguró tras el acto de YPF: “La empresa que hace la licitación es IEASA y está conducida por personas que tienen una relación muy cercana con la vicepresidenta. Ahí están establecidas las condiciones. Hace unos días hicimos el anuncio importantísimo de que Argentina vuelve a producir chapa naval. Esa chapa perfectamente se puede utilizar para hacer gasoductos. Entonces, tiene que ver con la manera en la que se establece la licitación y se desarrolla la obra”.
En el entorno del saliente ministro, reemplazado por Daniel Scioli este sábado, habían sostenido a los periodistas en un comunicado off the record por Whatsapp: “Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 milímetros de espesor. Si en lugar de esa especificación hubieran puesto de 31 milímetros, como son los gasoductos en Europa, se podrían haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Santa Fe): Laminados Industriales SA”.
En el Ejecutivo afirmaron a elDiarioAR que los funcionarios de IEASA privilegiaron el apuro por arrancar el proyecto del gasoducto, que ya viene demorado, y no pensaron en armar ningún negociado con Techint, como publicó el periodista Alejandro Rebosio. La obra debía licitarse en mayo. Se espera que aumente 25% la producción de Vaca Muerta, reduzca importaciones de gas y eleve las exportaciones del combustible. El primer tramo de la obra entre Neuquén y la provincia de Buenos Aires cuesta más de US$500 millones y para 2024 se espera el segundo tramo por similar valor hasta Santa Fe.
Muchachos: no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil.
En Brasil, existe un proceso judicial en pleno desarrollo contra exgerentes de Confab, el intermediario comercial -todos brasileños- y el exgerente de Administración de Techint, Héctor Zabaleta, argentino, a quien el juez federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, no ha podido notificar de la acusación para proceder con su juzgamiento porque la Justicia argentina se niega desde septiembre de 2020 a notificar a Zabaleta de la causa en Brasil, como reveló elDiarioAR. Es el ejecutivo que admitió haber pagado un millón de dólares a Roberto Baratta en el caos cuadernos y además se encarga de administrar los campos y negocios particulares de la familia Rocca, según admitió él mismo a Perfil.
A finales de 2018, los funcionarios estadounidenses a cargo de la investigación aprovecharon una visita oficial a la Argentina para presentarse en los tribunales federales la penúltima semana de octubre. Fueron en busca de las pruebas contra Techint en tres expedientes que tramitan en Comodoro Py 2002: cuadernos, sobornos a Duque y un caso de supuestas coimas en la construcción de una usina nuclear en Angra Do Reis, Brasil. Ninguna de estas causas ha tenido repercusión para la multinacional. La primera terminó con sobreseimientos que están firmes y las otras dos permanecen abiertas sin demasiados avances desde 2017, según pudo comprobar este medio.
En Italia, donde Tenaris también cotiza en la bolsa de Milán, el caso de los sobornos en Petrobras llegó mucho más lejos: un juicio oral y público por supuesta corrupción internacional contra Paolo Rocca, su hermano Gianfelice Rocca y su primo Roberto Bonatti. Los tres son accionistas y dirigentes del grupo Techint. La fiscal Donata Costa solicitó cuatro años y seis meses de prisión para los tres, más embargos millonarios. Pero a más de dos años de que el expediente entrara en etapa de juicio y del desarrolló total del proceso oral y público, los tres jueces del tribunal de la séptima sección penal de Milán dieron un giro inesperado a finales de mayo: en lugar de emitir sentencia, determinaron que los hermanos Rocca y su primo Bonatti nunca debieron ser juzgados en Italia por estos hechos.
ED
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