Polifemicidas

Más de 6.000 policías bonaerenses fueron denunciados por violencia de género

Las denuncias por haber ejercido violencia de género en las filas de la Policía Bonaerense son cada vez más extendidas. Dentro del enorme universo de 60.000 agentes hombres que la integran, casi 6.000 fueron denunciados y más de 4.600 de ellos están aún en la fuerza. A uno de cada 10 lo acusaron por agresiones contra las mujeres. Como ocurrió con Matías Ezequiel Martínez, que mató a su ex novia Úrsula Bahillo en Rojas, algunos de ellos habían sido señalados ante la Justicia más de una vez. 

El desglose detallado muestra que hubo 5.966 uniformados denunciados -entre 2013 y 2020- ante la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). La cifra surge de un pedido de acceso a la información pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia, entregado al sitio web de investigación Perycia. A ese número se le suma otro imposible de precisar, que es el de todas las víctimas que no se animaron a hacerlo. 

Cada vez que a un miembro de la Policía Bonaerense se lo denuncia se le abre una Investigación Sumarial Administrativa en la AGAI. Según los datos, en la enorme mayoría de los casos, la suspensión es breve y luego el denunciado se reintegra a sus funciones. Durante los siete años relevados, se desprende que de los 5.966 sumariados. Sólo fueron sancionados y expulsados 984. Eso significa que 4.618 todavía pertenecen a la estructura, lo que equivale a más del 80% del total.

Gran parte de estas investigaciones internas se generaron en la gestión en Seguridad de Cristian Ritondo. En ese período las instrucciones sumariales se multiplicaron. Al final de 2019, había casi 30 mil sumarios, casi un tercio del total del personal policial. Pero esos procesos luego no se tradujeron en sanciones firmes. Solo 2.000 de ellos fueron exonerados. 

Del pedido de información pública solicitado surge otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados. Entre ellas se destacan las jurisdicciones de La Plata, Ensenada, Berazategui, Cañuelas, Monte, Lobos, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar Mercedes, Arrecifes, Junín, Lincoln, Mar del Plata, Azul, Madariaga y Monte Hermoso. 

Otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados

“La violencia de género atraviesa a todas las instituciones pero, ¿qué pasa cuando una de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres tiene esta situación interna? Además de la cultura policial machista, de que la Fuerza funcione muchas veces como corporación, hoy no hay protocolos efectivos y no hay voluntad de autodepuración. ¿Cuántas mujeres ni siquiera denuncian a un violento cuando es policía? ¿Cuántas mujeres quieren denunciar pero la misma fuerza las expulsa? Entonces, tenemos un hombre violento, que se siente impune y que muchas veces está armado. La necesidad de un cambio es urgente”, afirma Verónica Liso, la periodista que junto a su colega Laureano Barrera analizaron y cruzaron los datos sobre los miles de policías denunciados por violencia de género.

Las denuncias directas a la Auditoría de Asuntos Internos se hacen en las sedes propias de La Plata, Avellaneda, Mar del Plata y Vicente López. Allí llegan las víctimas de un abuso policial no quieren pasar por una comisaría a hacer sus acusaciones. A ésas, se les suman las que sí fueron a las seccionales, a las de las fiscalías y las de los llamados al 911.

Las instrucciones sumariales referidas a violencia de género las llevan adelante cuatro auditorías en la Provincia. La auditoría N°1, que se encarga de las jurisdicciones del conurbano sur y los partidos cercanos a la Costa; la N°2, del oeste del conurbano y el centro y el oeste de la Provincia; la N°3, GBA Norte y los partidos que van hasta el límite con Santa Fe y la N°4, que releva casos en el centro y en el sur, hasta Carmen de Patagones. Cada una de esas auditorías la integran 10 abogados y uno o dos instructores especializados en violencia de género y familiar. 

Todos los sumarios son realizados en función de la Resolución 2277/12, que regula el “Protocolo para la Evaluación y Tratamiento del personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en casos de Violencia Familiar”. Este dispone que los efectivos deben pasar por controles médicos para saber si pueden seguir formando parte de sus equipos de trabajo habituales y si pueden seguir teniendo sus armas. Se informa a la Superintendencia de Políticas de Género y a la Policía Científica. Luego se gira la información al registro de armas para saber si tiene una pistola no reglamentaria, que pueda usar cuando le quiten la oficial. La instrucción sumarial se completa y se emite con un dictamen en el que se informan las sanciones. Luego, el expediente pasa al área Legal y Técnica. Por último, el auditor general toma la investigación y resuelve.

El sumario puede archivarse, se puede decretar la incompetencia, el policía puede recibir sobreseimiento provisorio o definitivo. O ser sancionado. Dentro de las penas, está la suspensión del trabajo desde hasta 60 días, que debe ir acompañado de curso de “capacitación y sensibilización” en temas de género. Las penas expulsivas que puede recibir son la cesantía y la exoneración. En estos casos no pueden volver a la fuerza. Los cesanteados pueden pedir ser incorporados a la administración pública. 

Según la resolución 2277/09 por la sola denuncia no se releva de sus funciones al policía acusado. Tiene que comenzar el sumario y evaluar la gravedad del caso, los controles médicos y recién después se determina si continúa en sus tareas. 

Ante la consulta de qué tipo de capacitación recibieron sus propios funcionarios, Asuntos Internos informó que en diciembre una primera camada de las 400 personas que la integran cumplieron con talleres del Ministerio de la Mujer de la Provincia y que en marzo continuará el resto del plantel. También señalaron que un nuevo protocolo de abordaje policial de la gestión, que terminaron de redactar el año pasado, aún está siendo revisado y que luego deberá ser firmado por Sergio Berni. 

Otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados

 El femicidio de Úrsula Bahillo ocurrió el 8 de febrero cerca de Rojas. Por el crimen se abrió una causa a cargo del fiscal de Junín Sergio Terrón. El policía Matías Martínez fue detenido y se negó a declarar. Tenía tres denuncias presentadas en las últimas semanas por Úrsula por “amenazas calificadas”, “amenazas” y luego por vulnerar la perimetral dispuesta. Las tres fueron el 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero, apenas unos días antes del crimen. Pero, Martínez tenía denuncias de al menos otras dos mujeres.

Una de ellas se llama Florencia Veloz (32) y relató detalles de la violencia sufrida durante el año y medio de su relación con Martínez. Ella también es policía y contó que un par de horas antes del crimen se comunicó con Úrsula. Además explicó que su sobrina había sufrido abuso por parte de Martínez y que había sido denunciado e investigado. El ataque sexual fue en abril del 2020, la nena declaró en Cámara Gesell recién a fin de año incriminándolo. Pero hasta mitad de septiembre, cuando entró en licencia psiquiátrica estaba armado y trabajando.

También Veloz detalló que Martínez había sido acusado por violencia de género en 2017 y sostiene que en esa causa hubo encubrimiento policial. Ella cuenta que en vez de pasarlo a disponibilidad, lo trasladaron a una comisaría de Pergamino.

Como se puede ver, por ninguna de las denuncias en su contra Martínez había sido sancionado. Al contrario, fue el propio Martínez quien se apartó voluntariamente solicitando esa carpeta psiquiátrica. 

AM

Esta nota fue actualizada el 18/2 a las 13.50 para aclarar que el total de agentes hombres es de 60.000 y uno de cada 10 fueron acusados de violencia contra las mujeres.