Aborto legal: A dos años de la sanción de la ley su aplicación sigue siendo despareja en las provincias

Los datos estadísticos muestran un avance en la implementación, no sin dificultades. Así por ejemplo en el año 2021, la tasa nacional de IVE/ILE por mil mujeres en edad fértil creció y fue del 5,59, pero la aplicación en las provincias es desigual. Las oscilaciones van de un 1,69 en provincias como Formosa, a un 12,18 en La Pampa.

Así por ejemplo de acuerdo a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, al 31 de julio de 2021 las jurisdicciones con mayor cantidad de prestaciones son la provincia de Buenos Aires donde se realizaron 33.147,  CABA  8.847, o Santa Fe con 4.383, mientras que las de menor cobertura en estas prácticas son Formosa con un registro de 273, Santa Cruz con 278 o Tierra del Fuego con 343.

Estos datos permiten establecer la tasa de ILE/IVE que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por cada mil mujeres, y posibilita un análisis exhaustivo sobre las causas de estas diferencias, generalmente atribuidas a múltiples factores, como la disponibilidad de recursos humanos y económicos, el acceso en centros de salud y hospitales que garanticen el servicio, o incluso contar con personal capacitado para el registro de  datos, entre otros aspectos.

De esta manera, la tasa IVE/ILE de la provincia de Jujuy en 2021 fue 8.32, lo que la ubicó como la cuarta provincia del país, por detrás de Tucumán (9,39), Caba (11,71) y La Pampa (12,18). En el otro extremo, se ubica Formosa con una tasa de 1,69. Estos datos permiten mostrar las brechas en todo el sistema de salud a escala nacional, en donde si bien las jurisdicciones se encuentran en proceso de ampliación de sus servicios, existen desigualdades de toda índole que pueden ser analizadas y corregidas a la luz de los datos.

A julio de 2022 el registro de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva indica que se practicaron 73.487 abortos en el país, pero es la segregación por provincia, donde se hacen visibles las dificultades en el acceso, debido a, por ejemplo, la distribución geográfica de servicios habilitados, mayormente concentrados en las ciudades más importantes. El servicio de salud pública cuenta con más de 6,5 mil hospitales y centros de salud distribuidos en todo el país; solo 1.327 garantizan estas prácticas, apenas un 20 por ciento, hasta el momento. 

En 2021, la tasa nacional de IVE/ILE por mil mujeres en edad fértil fue del 5,59, pero la aplicación en las provincias es desigual. Las oscilaciones van de un 1,69 en provincias como Formosa, a un 12,18 en La Pampa.

Aborto legal, seguro y gratuito

Los datos ponen en debate la necesidad de sostener un trabajo de fuerte articulación, para potenciar las acciones y garantizar el acceso a la ILE-IVE en todo el país. 

Una alianza estratégica entre el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) ha generado encuentros en las provincias de Neuquén, Jujuy y Entre Ríos. Allí se dieron a conocer estadísticas que proyectan una realidad dispar.  Las conclusiones de estos encuentros marcan que la sanción de la Ley ha sido un gran paso, pero aún quedan múltiples obstáculos que resolver para hacer efectiva la normativa. En cada jurisdicción existe distintos factores que afectan la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva.

Bajo la denominación “Construyendo una nueva agenda. Diálogos para fortalecer la plena implementación de la Ley 27.610 sobre Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto” las jornadas en cada provincia sirvieron para analizar las dificultades imperantes, los avances y desafíos para garantizar el acceso al aborto.

Con datos e indicadores de salud sexual y reproductiva, los informes de UNFPA Y CEDES permitieron tener un relevamiento de lo que ocurre en el país. El monitoreo muestra entre otros datos que en 2020, seis de cada diez mujeres que fueron asistidas durante el parto en los hospitales públicos, manifestó no haber planificado su embarazo. 

El servicio de salud pública cuenta con más de 6,5 mil hospitales y centros de salud distribuidos en todo el país; solo 1.327 garantizan estas prácticas, apenas un 20 por ciento, hasta el momento.

“Una vez sancionada la ley se abrió una nueva etapa, marcada por la necesidad de fortalecer la política pública de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” explicó Mariana Isasi, jefa de Oficina de UNFPA Argentina, al abrir el primer encuentro provincial que se realizó en Neuquén. A esta primera experiencia, se sumaron luego los encuentros en Jujuy y para cerrar el año, el de Entre Ríos que sirvieron para dar a conocer los datos del relevamiento realizado a través del Proyecto Mirar, orientado a la investigación aplicada al debate público, las políticas públicas y las estrategias de incidencia en el campo de la salud.

La fragmentación del sistema de salud, las brechas en el acceso a servicios fundamentales, los obstáculos que representan para el sistema quienes se definen objetores de conciencia, o las inequidades en el acceso frente a derechos conquistados fueron algunos de los aspectos que surgieron del análisis compartido entre periodistas comunicadoras y comunicadores, junto a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el socorrismo y acompañamientos de situaciones de violencia, abortos, organizaciones territoriales de base, comunitarias y de pueblos originarios. 

La idea es que de estos encuentros puedan surgir acciones estratégicas en el territorio para la implementación de esta ley que marcó el inicio de una nueva etapa en la política pública de acceso al aborto legal y seguro.

“Compartimos información sobre rasgos centrales de la política nacional de acceso al aborto y sobre la situación de la provincia para contribuir a la construcción conjunta de un diagnóstico sobre el estado actual de la implementación de la ley a nivel local y potenciar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar” explicó la socióloga Silvina Ramos, investigadora titular del CEDES e integrante del Proyecto Mirar.

Tres provincias, una fotografía

Las conclusiones del trabajo realizado en Neuquén, Jujuy y Entre Ríos muestran que, si bien se registra un cambio sociocultural en torno al género y la autonomía reproductiva, producto del debate y la movilización previos a la promulgación de la ley, todavía existen grandes dificultades en el acceso a estas prácticas, sobre todo en territorios alejados de las grandes ciudades. 

Uno de los principales problemas que tiene el sistema de salud en nuestro país es la fragmentación, no solo porque cada provincia tiene un sistema propio, sino porque además existen brechas hacia adentro de cada uno de estos sistemas, que dificultan el acceso, la calidad y la atención de los servicios, tanto en relación a los recursos financieros como humanos. 

Los datos muestran lo que sucede a escala nacional. Jujuy es una de las provincias con mayor proporción de embarazos no intencionales, con 75,8, al igual que La Rioja, que registra un 88, por su parte Neuquén se encuentra por debajo de la media nacional con un 52,7 por ciento de casos de este tipo de embarazos, datos que son gráficos de esas variaciones. 

Otro dato representativo que surge del relevamiento es que, al igual que otras provincias, en Entre Ríos apenas un poco más del diez por ciento de los efectores públicos -hospitales y centros de salud provinciales- brindaron atención en ILE/IVE en el 2021, lo que marca el proceso que aún resta realizar para que la cobertura esté garantizada en todos los servicios públicos, como establece la Ley.

Carolina Comaleras. obstétrica del Hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná, destacó que la atención de la IVE e ILE en la provincia “viene siendo desde hace algunos años un construcción colectiva, compleja y creciente”, entre profesionales y organizaciones de la sociedad civil, que se fortaleció con la sanción de la ley.

Dentro de los obstáculos también se hizo referencia a la falta de perspectiva de derechos situada intercultural y socialmente, en y desde el territorio que impiden un abordaje integral de la salud sexual, que consideren diferentes realidades de las comunidades de base o de los pueblos originarios. 

La necesidad de resguardar la confidencialidad, sobre todo en pequeñas localidades donde persisten ciertos estigmas en relación al aborto, fue otro de los puntos tratados, así como la falta de implementación la educación sexual integral, o la ausencia de una política de comunicación que promueva la difusión de los lugares de atención para recibir información precisa y oportuna. De allí la importancia que se asignó en estos encuentros a comunicadoras, comunicadores y periodistas, para poder hacer visible el proceso y transmitir información clara, desde un enfoque de derechos, sobre esta ley que significa un hito en la historia de los derechos sexuales y reproductivos.

“Buscamos conocer los avances y desafíos en las distintas provincias en las cuales hemos realizado estos encuentros para diseñar estrategias y potenciar la promoción de esos derechos, junto a los medios de comunicación”, señaló Celeste Leonardi, del equipo de UNFPA. 

María Elena Ale, integrante de Socorristas de Entre Ríos, destacó que los encuentros sirven para volver a tomar la iniciativa política y darle impulso a la lucha por la implementación de la ley.

Para Mariana Caballero, médica de Jujuy, la participación de referentes de la provincia,  permitió conocer a gran cantidad de gente y a organizaciones que están trabajando en toda la provincia. “Hay una diversidad de miradas, de saberes; cada organización está trabajando desde su lugar y esto significa poder fortalecer las redes” sostuvo, para añadir que trabajar de manera articulada entre las instituciones y las organizaciones, le da robustez al sistema de atención y asistencia. 

“Necesitamos que esta ley que es muy nueva tenga su acompañamiento desde la sociedad, y con las organizaciones” dijo Pablo Russo, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. 

También se remarcó la necesidad de contar con información oportuna, transparente, clara y accesible para toda la sociedad, revitalizar la comunicación en función de este derecho fundamental y amplificar las voces de quienes trabajan para garantizar el aborto desde un enfoque humano, respetuoso y sin sesgos.  

SM/MG