Denuncian una “cacería de brujas” en La Rioja tras el allanamiento a la casa de una periodista

La casa de la periodista Manuela Calvo fue allanada el domingo pasado con una orden por “desobediencia a la autoridad”. Además, le secuestraron su computadora, la de su marido, el celular, discos rígidos y pen drives. La Red de Comunicadoras de la provincia, al igual que las secretarías de la Mujer y Diversidad y de Derechos Humanos repudiaron el accionar judicial. Calvo había realizado un documental sobre el caso de Arcoiris, una niña que fue revinculada con su familia paterna a pesar de tener una denuncia por abuso contra el abuelo. Aunque el documental nunca se estrenó, la orden dispuesta por la jueza María Eugenia Torres, titular del Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral 1, ordenó secuestrar todo dispositivo y material vinculado al caso de la niña. 

La comunicadora habló con elDiarioAR y calificó como “gravísima” la medida. “No explican por qué es, yo supongo que está vinculado a la orden judicial de febrero de 2021 cuando me hacen censura previa para que no emita un corto de ficción de dibujos animados sobre revinculaciones forzosas. Yo estaba haciendo el documental sobre el caso, en ese proceso decidí también hacer un corto para expresar con arte lo que no podía expresar periodísticamente. Lo presenté en un concurso y gané. Pero me encuentro con el atropello judicial que aprueba una medida autosatisfactiva”, afirmó. 

En febrero del 2021 la justicia riojana le dió lugar a una amparo de la familia paterna de la nena, la parte denunciada por abuso, para que no proyectara su corto animado sobre revinculaciones forzosas. Además, lo hizo extensivo a otro documental en el que se investiga el caso de la niña y le ordenaron eliminar información relacionada a la causa de las redes sociales. “Me obligaron a borrar toda la información que esclarecía mucha información falsa en los medios locales. Respeté a rajatabla la orden judicial porque quería defenderme porque lo que más preocupa no es el caso en sí, sino el antecedente. Sino imaginate lo que va a pasar cada vez que investiguemos a cualquier denunciado, nos van a censurar. Es gravísimo el antecedente. Además, la justicia me iba a apercibir con 50.000 pesos diarios por cada día de publicación o desobediencia”, agregó.

Élida Barrera, abogada de Calvo, vinculó el allanamiento con las novedades en la causa de Arcoiris en la que la madre se niega a enviar a la niña a la casa de su padre. La mujer realizó cinco denuncias por el abuso que comenzó cuando su hija tenía dos 2 años y la nena habló de la situación en Cámara Gesell,  sin embargo la justicia la revinculó. También la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación se presentó como Amicus Curiae.

“Manuela tiene que declarar por desobediencia. ¿A qué? No sabemos si es por el corto, porque ella no desobedeció ni dió información sobre eso, o si es por lo de la niña. No sabemos si es porque la vinculan con Ni Una Menos. Y si fuera así tampoco la pueden perseguir. No hay nada. Esto es una cacería de brujas. Es por el caso de Arcoiris, esta causa puede ser una consecuencia del anterior”, indicó la letrada a este medio. 

La Red de Editoras de Género emitió un comunicado en el que indica que “la desobediencia que alega el tribunal no puede cercenar la libertad de prensa”. También se expresó Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que advirtió sobre “la gravedad institucional del allanamiento”.  Desde la Red de Comunicadoras de La Rioja calificaron el hecho como “grave”. “Es una compañera que solo se ha puesto en rol de comunicadora y ha realizado la investigación para su documental. No nos quedan más definiciones que actos aleccionadores. Está siendo complejo entender hasta donde está llegando la justicia porque esto de incautar las cosas nos parece bastante grave. No encontramos justificativo porque ni siquiera se la ha citado a declarar en el marco de la causa de la niña. Solo se la ha denunciado por su documental que no se publicó”, le dijo a elDiarioAR Romina Gómez, integrante de la Red.

Esta mañana, también repudió el hecho la secretaria de la Mujer y Diversidad de La Rioja, Karen Navarro, que calificó la medida judicial como “un ataque a la libertad de expresión”. En la misma línea se expresó el secretario de Derechos Humanos, Delfor “Pocho” Brizuela, que afirmó que “el procedimiento fué imprudente y desproporcionado, afectando el derecho constitucional a la libertad de expresión y resguardo de las fuentes que asiste al ejercicio periodístico”. También se pronunció la Defensoría del Público que indicó que la medida “implica un menoscabo al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, y a los derechos comunicacionales de las audiencias”.

CDB/MG