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INVESTIGACION POR TRATA

Escuela de Yoga: todos libres

La sede central de la Escuela de Yoga, el día en que detuvieron a algunos integrantes.

Victoria De Masi

4 de noviembre de 2022 14:06 h

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Para los jueces que integran la Sala 2 la Cámara Federal porteña no hay pruebas suficientes para que los 19 imputados que integran la Escuela de Yoga de Buenos Aires sigan presos. Por eso resolvieron hoy que todos los acusados podrán seguir el proceso en libertad. De todos modos, la causa sigue abierto y los miembros de la escuela continuarán siendo investigados. Es que en el mismo dictamen la Cámara decidió confirmar parcialmente los procesamientos de los imputados por asociación ilícita, lavado de activos y explotación de personas, pero revocaron la acusación por contrabando.

La Justicia investiga por trata de personas, lavado de activos y ejercicio ilegal de la medicina, entre otros delitos a la Escuela de Yoga de Buenos Aires a partir de una denuncia que recibió la PROTEX el año pasado. Hay 19 imputados, algunos con arresto domiciliaria, y ocho prófugos. Todos son miembros de la Escuela y tenían puestos jerárquicos altos dentro de la organización. Según la causa, los delitos se habrían cometido entre 2004 y agosto. La Escuela de Yoga de Buenos Aires funcionó ininterrumpidamente desde fines de la década del ochenta. Esta es la tercera vez que la Justicia la investiga.

Para los jueces Martin Irurzún, Eduardo Farah y Roberto Boico, el delito de trata de personas constituye “el aspecto central de la causa” pero, de acuerdo al dictamen, la prueba rendida impide hasta ahora confirmarlo. Por un lado las mujeres que declararon en Cámara Gesell como supuestas víctimas de trata para explotación sexual no se reconocieron como tales. Tampoco “se hicieron los peritajes correspondientes”, sigue el dictamen.

La resolución beneficia a los principales acusados: Juan Percowicz, acusado de ser el jefe, y como partícipes a Susana María Barneix, Marcela Alejandra Sorkin, Susana Mendelievich, Gustavo Anibal Rena, Mario Alberto Leonardo, María del Carmen Giorgi, Georgina Ivone Hirschfeld, Marcela Arguello, Daniel Gustavo Fryd Trepat, Daniel Eloy Aguilar, Carlos Barragán, Mariano Krawckyz, Luis Mario Romero, Alicia Arata, Horacio Sebastián Vesce, Silvia Herrero, Federico David Sisrro y Ruth Viviana London.

Respecto del contrabando, los jueces que integran la Sala 2 afirman que las tres personas que fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza -iban a los Estados Unidos- llevaba gran cantidad de medicamentos. Sin embargo, “los medicamentos iban en los bolsos de mano, es decir que estaban en condiciones de ser hallados facilmente”.

Mas adelante en el dictamen, sobre el lavado de activos dice: “por el momento no puede verse un origen ilícito en los bienes ni puede relacionase los bienes con la actividad de trata de personas”. 

El dictamen también se refiere al delito de asociación ilícita pero sostiene que faltan precisiones en torno “a las supuestas actividades ilícitas llevadas a cabo por EYBA”.

De la lectura de las 79 páginas del fallo surge que tanto Irurzun como Boico e Irurzun coincidieron en que si hay pruebas suficientes como acreditar la materialidad de los hechos.

Así, en uno de los tramos, Boico sostuvo: “Para lograr concretar sus fines, estas personas se habrían aprovechado y valido de quienes, a través de los años y dada su condición de alumnos de la escuela, habían generado un vínculo emocional e ideológico que se tradujo en una total confianza y entrega a cualquiera de las exigencias que les eran formuladas. De allí que la trata de personas con fines de explotación sexual fuera uno de los principales planes ilícitos concretados”.

Y luego continuó: “No caben dudas que el caso presenta otras particularidades según las cuales reducir el análisis del quiebre de la autonomía de la voluntad a la coerción -física o psicológica- es simplificar un complejo mecanismo que puede contener otras formas de condicionamiento que no se perciben como violentos o agresivos, pero cuya capacidad de persuasión es igualmente efectiva para restringir -o anular- la autodeterminación”.

En resumen, para la Cámara hay sospechas que rodean al funcionamiento de la organización pero no hay una cantidad suficiente ni solida para que los 19 imputados sigan presos.

VDM/MG

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