La Iglesia se metió de lleno en la discusión por la extracción de petróleo en Vaca Muerta Sur que afecta a la Patagonia
El obispo de Rawson, Chubut, monseñor Roberto Álvarez, apuntó a las autoridades provinciales sobre el megaproyecto petrolero que abarca la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en Neuquén y Río Negro, que atravesará la meseta patagónica y terminará en un puerto en Punta Colorada, sobre las costas del Golfo San Matías, a unos 30 kilómetros de Península Valdés.
Haciéndose eco del reclamo de diversas ONG, ambientalistas y vecinos de Chubut, Álvarez le envió una carta el pasado 31 de julio al gobernador Ignacio Torres en la que le pregunta al mandatario o demás autoridades provinciales si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península de Valdez que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.
Para el pastor de la iglesia chubutense, “ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, pregunta Álvarez.
Además, cuestiona si “el asunto” es exclusiva responsabilidad de Río Negro, que modificó leyes para darle vía libre al proyecto; o si Chubut también debería estudiar “si el emprendimiento gasífero atenta contra el artículo 99” de la Constitución provincial“.
Según el obispo, “el único objetivo es ayudar a los poderes del Estado provincial a preguntarse sobre la responsabilidad que les compete en el debate de este asunto tan delicado para el medioambiente y si este llegara a tener consecuencias para aquello que compromete en algo a nuestro territorio provincial”.
Asimismo, en la carta que, además de tener como destinatario a Torres, también dirige al vicegobernador, Gustavo Menna; al procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena; y a diversos legisladores provinciales, el sacerdote avanza con sus dudas con respecto a vaca Muerta: “¿Están Uds seguros que no incidirá en el asentamiento del Pingüino de Magallanes que es tan vulnerable a los derramamientos de petróleo? ¿Y en la repoblación de la ballena Franca Austral, antes diezmada por la caza y que ha elegido el golfo para reproducirse? ¿Qué sucederá con las principales actividades económicas de las comunidades locales, como son las pesquerías artesanales, el turismo orientado a la pesca deportiva, el buceo y el avistaje de fauna marina, si el tráfico de barcos cambia los hábitos de las especies o los derrames se suceden?”.
Y concluye: “En mi calidad de ciudadano y por amor a esta tierra de adopción a la que amo, es que escribo estas líneas; que sólo quieren ser un aporte al debate democrático canalizado a través de esta forma de gobierno representativa donde el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. También me dirijo al ámbito judicial sintiéndome interpelado por lo que señala nuestra constitución provincial en su artículo 111: ”Todo habitante puede interponer acción de amparo para obtener de la autoridad judicial la adopción de medidas preventivas o correctivas, respecto de hechos producidos o previsibles que impliquen deterioro del medio ambiente“.
Los reclamos de Álvarez van en sintonía con los que expresó días atrás el obispo de Alto Valle de Río Negro, Alejandro Benna, en el marco de la peregrinación anual a la localidad rionegrina de Chimpay, donde nació el beato Ceferino Namuncurá, cuando, ante la presencia del gobernador Alberto Weretilneck, les pidió “a quienes no les importa el cuidado de la tierra, los proyectos que hipotecan el agua y la tierra, que escuchen a la gente y haya un diálogo transparente, no audiencias públicas que son obras de teatro con actores pagos”.
La respuesta de Torres y la insistencia del obispo
Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.
Además, Torres plantea: “Los intereses sectoriales y las inquietudes que puedan generarse deben encauzarse dentro de estos procedimientos y pautas. No es legítimo imponer una visión por fuera de la institucionalidad y de las normas que organizan el poder del Estado”.
Ante este argumento, en su respuesta del pasado 26 de agosto, el obispo Álvarez parafrasea un fragmento de una encíclica del papa Francisco al sostener que “el sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos”, al tiempo que reclama que, como dice el documento del vaticano, “en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida”.
Según el líder de la iglesia de Chubut, “la alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forme parte de sus intereses inmediatos. Así sólo podrían esperarse algunas declamaciones superficiales, acciones filantrópicas aisladas, y aún esfuerzos por mostrar sensibilidad hacia el medio ambiente, cuando en la realidad cualquier intento de las organizaciones sociales por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos o como un obstáculo a sortear.”
Más planteos de la Iglesia de Chubut
- “Sería muy importante trazar ”procedimientos y pautas“ donde se reciba y se escuche las inquietudes de aquellos que están genuinamente afligidos por estos temas. Sólo así éstas serán debidamente canalizadas. Sería muy valioso tener una agenda verificable por cualquiera, donde alguno de los poderes del estado – sigo sin tener claro a quién le compete y si esta competencia es exclusiva – los reciba con fechas y horarios acordados y de riguroso cumplimiento.
- “Que haya reuniones ordenadas y acotadas en la cantidad de personas que, como es de público conocimiento, reconozco que no es a veces la metodología de algunos sectores preocupados por el medioambiente y debería ser garantizado por quien solicita la audiencia”.
- “Acuerdo con Uds. que no es legítimo imponer una visión por fuera de la institucionalidad, y es por eso que me permito volver a preguntar si cuando Uds. dicen que 'descontamos que rigen asimismo normas locales provinciales que, en su conjunto, aseguran estos fines, con la participación de la comunidad como garante', es porque hemos elevado, como provincia del Chubut, el pedido de informes a quien corresponda en Río Negro para que ellos describan el itinerario que a nosotros nos garantice el cumplimiento en los tiempos y las formas de aquello que está previsto en el acuerdo Escazú y fue convertido en la ley para la Argentina el 24 de septiembre del 2020; ley promulgada el 20 de octubre del mismo año. Allí se formulan el derecho al acceso a la información ambiental, a la participación pública en la toma de decisiones ambientales, el acceso a la justicia en temas ambientales y el derecho que tiene toda persona a desarrollar acciones sociales y políticas para defender y cuidar el medioambiente”.
- “En su artículo 7, el acuerdo de Escazú es descriptivo en este aspecto y resultaría relativamente fácil descubrir si se ha respetado en el espíritu ese itinerario que ”compromete a los gobiernos a implementar una participación del público abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, a través de mecanismos que aseguren la participación desde etapas iniciales del proceso, cuando se trate de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente, incluido los que afecten a la salud, o de asuntos ambientales de interés público, tales como el ordenamiento territorial, o la elaboración de políticas, estrategias, planes, programas, normas y reglamentos, que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente“.
- “Sólo de este modo, entiendo, deberíamos dar por descontado y no hacer el mismo proceso, atentos a la implicancia de sus decisiones en las costas del golfo que son de nuestra jurisdicción”.
- “Alguien debe estar atento y poder responder a aquello que nos dice la ley nacional 25831 promulgada en Noviembre del 2002 sobre el principio precautorio y el de equidad intergeneracional”.
- “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente. Este principio precautorio permite la protección de los más débiles, que disponen de pocos medios para defenderse y para aportar pruebas irrefutables. Si la información objetiva lleva a prever un daño grave e irreversible, aunque no haya una comprobación indiscutible, cualquier proyecto debería detenerse o modificarse. Así se invierte el peso de la prueba, ya que en estos casos hay que aportar una demostración objetiva y contundente de que la actividad propuesta no va a generar daños graves al ambiente o a quienes lo habitan”.
- “Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán”.
- “Mis preguntas han tenido esa intención, aunque para algunos rocen lo pueril al expresar mi inquietud por la infinidad de barcos de gran porte entrando al golfo y su entrecruce con el recorrido habitual de las ballenas”.
- “No asumir de la misma ley aquello que se refiere al principio de cooperación donde se formula que los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional. El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en forma conjunta”.
- “Estoy seguro de que el aporte respetuoso de muchos puede asegurar un desarrollo humano integral, que contemple el desarrollo económico sin daños en el medioambiente y a las generaciones futuras”.
IG
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