Incendios en humedales: cuando el mercado define cómo se usa el territorio

En los últimos días, incendios en el delta del Paraná afectaron a más de 100.000 hectáreas de humedales y el fuego de origen intencionado se hizo cada vez más frecuente. La pérdida creciente de este ecosistema esencial es consecuencia de un modelo de gestión del territorio orientado exclusivamente por la lógica de la rentabilidad. Un modelo en el cual el mercado define qué y cómo se usa el territorio de nuestro país.

Los incendios intencionales están asociados con frecuencia al avance de proyectos inmobiliarios o de la ganadería. En la provincia de Buenos Aires, algunos de estos barrios se asientan directamente sobre humedales y centran su atractivo en la cercanía con el agua, ofreciendo lagunas privadas y canales navegables. La creación de este paisaje artificial genera un daño ambiental irreversible, y afecta a los sectores más vulnerables.

La rentabilidad se impone sobre el cuidado del ambiente, el acceso a la tierra y a la vivienda. Desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) denunciamos pública y judicialmente el avance de urbanizaciones cerradas que se construyen sin contar con los estudios de impacto ambiental, con nulos controles de organismos estatales. Estas urbanizaciones tienen impactos negativos en términos ambientales, pero también urbanísticos, sociales y económicos.

La pérdida de humedales también está asociada al avance del monocultivo de soja y maíz modificado genéticamente. Este tipo de producción desplazó a la ganadería de las zonas pampeanas, que comenzó a presionar sobre otras tierras para poder asentarse. Entre ellas, los humedales. Un informe del diario La Capital de Rosario muestra cómo en los últimos años, cuando se intensificaron los incendios, el ganado vacuno en el delta aumentó un 50%.

Este mismo modelo productivo desplazó a comunidades campesinas e indígenas, que vivían y trabajaban desde hace décadas en zonas que hasta hace pocos años eran periféricas para el agronegocio. La forma de trabajar y producir de esta población contribuye al cuidado de la tierra.

En los territorios campesinos, las posibilidades y límites se rigen por los ciclos naturales, las condiciones que varían según temporadas y estaciones.

Para proteger el ambiente es urgente poner en marcha un modelo de gestión del territorio que priorice los bienes comunes y los derechos de las mayorías. Esto incluye la sanción de una ley de humedales, políticas de protección de los territorios habitados por comunidades campesinas e indígenas, un Estado más presente en los procesos de producción de ciudad, entre otras. La demanda por políticas públicas de gestión del territorio que prioricen la vivienda, el ambiente y los alimentos, es cada vez más un objetivo compartido por las organizaciones de derechos humanos, ambientales, campesinas y del hábitat popular.

**Luna Miguens y Federico Orchani integran el área Derechos económicos, sociales y culturales del CELS.