Parque Acueducto Vulpiani en Juana Koslay

Un Juez de Garantía desactiva el desalojo del acampe ambientalista en San Luis

El Juez de Garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, dispuso no hacer lugar a la solicitud de desalojo del predio ubicado en avenida San Roque y Ruta 20, donde ambientalistas acampan desde el pasado lunes en rechazo a la construcción de la megaobra “Parque Acueducto Vulpiani” que pretende realizar el Gobierno provincial.

La medida había sido solicitada por la Fiscal de Instrucción Nº 4 de la 1º Circunscripción Judicial, Dra. María del Valle Durán y en sus considerandos el juez sostuvo que “no se encuentra claramente justificado e individualizado el o los delitos que provocan la competencia de este Juzgado de Garantías”.

Esta decisión judicial provocó el retiro de los trabajadores y de las máquinas de la empresa del lugar.

La “Asamblea Ciudadana por el Vulpiani” recibió en la tarde de ayer el resolutorio judicial que distendió la protesta que continúa hoy con el objetivo de frenar la obras, hasta lograr los acuerdos de resguardo ambiental necesarios.

Esto es así porque los asambleístas sostienen que la obra diseñada por el Gobierno de la Provincia de San Luis, “destruiría el ultimo pulmón verde” que posee la citada localidad de Juana Koslay.

Asimismo, el Magistrado, que cuenta con formación en derecho ambiental, puso como obligatoriedad lo dispuesto por la Ley Yolanda para fundar su resolución con “perspectiva en desarrollo sostenible, con énfasis en el cambio climático, considerando la dimensión ambiental y los impactos secos sistémicos, económico-productivos y sociales de cualquier acto, sea este ejecutado por particulares o el Estado”.

Destacó la postura sobre los Derechos Humanos y el medio ambiente de la CIDH en la Opinión Consultiva y su importancia “para todos los Estados del Planeta distinguiendo el derecho al medio ambiente sano como protector de otros derechos humanos como la vida, la salud y la integridad personal, estableciendo la necesidad de que los Estados realicen el correspondiente control de convencionalidad para la protección de derechos humanos”.

Finalmente, el juez dijo que existe la necesidad de realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad de todo los estudios de impacto ambiental aludidos por la Fiscal de Instrucción, y los que pudieran practicarse en el futuro por la justicia especializada, a los fines de “evitar la posible conculcación de derechos de incidencia colectiva, de titularidad de futuras generaciones y amparados constitucionalmente como los del denunciante”.

Paralelamente a la resolución que trajo alivio a los y las asambleístas, quienes vivieron momentos de tensión bajo la amenaza de criminalizar la protesta, presentaron al jefe comunal de Juana Koslay, Jorge Videla, un proyecto de reserva natural comunal con el apoyo académico de geólogos y biólogos que colaboran con la asamblea.

En este proyecto, además, convocaron a la participación popular con propuestas a definir sobre el manejo del espacio común.

“No nos oponemos a que el espació sea intervenido”, afirmaron los asambleístas, y para ello solicitan que se haga “con racionalidad y consulta pública popular para garantizar la licencia social que requiere el espacio que es vital para la vida de nuestra comunidad”.

La Asamblea continúa acampando y deliberando en el lugar, con un flujo de personas que en forma permanente se acercan para brindar su apoyo, contribuir con alimentos diarios y participar de las deliberaciones que se dan para definir el futuro de un espacio, que desde hace una semana, se convirtió en un punto común del aporte ciudadano.

Con información de agencias.

IG