Una larga y oscura trama policial, en el trasfondo de la violencia sin control en Rosario

El tiroteo contra el supermercado Unico de los suegros de Lionel Messi, el asesinato de un barra brava de Newell's, la provisión de armas y drogas a grupos criminales y operaciones de lavado de dinero del narcotráfico conducen al Ministerio Público de la Acusación a un mismo punto en Rosario: la participación de un sector de policías retirados y en actividad, con influencia en el interior de la fuerza, en el trasfondo de la crisis de seguridad.

El nombre clave en esta estructura en las sombras parece ser el de Juan José Raffo, un ex oficial de policía que se hizo conocido en 2009 por denunciar redes de recaudación en torno al juego clandestino y la prostitución. En realidad se trataba de una disputa interna por el manejo de las cajas negras de la policía de Rosario.

Raffo cumplió una condena de seis años de prisión que se le impuso en el juicio a Los Monos como miembro de asociación ilícita. La investigación acreditó entonces sus gestiones para lavar dinero a pedido de Ramón Machuca, uno de los líderes de Los Monos (“¿te sirve comprar diez mil dólares?”, captado en una escucha), y su rol de informante para prevenir a la banda sobre procedimientos policiales (“que los pibes no anden con nada raro porque están parando autos”, en otro diálogo con Machuca).

Esas mismas gestiones surgen ahora a la luz del allanamiento ordenado este martes en la sociedad de bolsa Brancatelli, donde habría operado el ex policía a través de un intermediario. Raffo era asimismo uno de los objetivos en el allanamiento del sábado 4 de febrero a un galpón de la zona sur de Rosario, donde compartían un asado ex jefes policiales, entre ellos Alejandro Franganillo, actual secretario de Seguridad de Granadero Baigorria.

Sin embargo, los investigadores de la Agencia contra la Criminalidad Organizada no tenían demasiadas expectativas de encontrar a Raffo. Se presume que fue puesto al tanto de la persecución en su contra por un agente rosarino de la Agencia Federal de Inteligencia, cuyo celular fue secuestrado por orden del juez federal Carlos Vera Barros.

Los procedimientos contra el sector policial habían quedado en suspenso cuando se produjo la filtración del agente de la AFI y se activaron con el atentado contra el supermercado de la familia Rocuzzo que sumió a la ciudad en una nueva y profunda crisis. El presidente Alberto Fernández anunció este martes el envío de más fuerzas federales, hasta completar los 1400 efectivos disponibles en Rosario, la participación del Ejército a través de la Compañía de Ingenieros “en la urbanización de barrios populares”, la provisión de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para la ciudad y la firma de un convenio con el Registro Nacional de las Personas para validar identidades a través del Sistema de Identificación Segura.

El Presidente anunció además que el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, estará este miércoles en Rosario, con lo que parece responder en particular al clamor tanto del gobernador Omar Perotti como del intendente Pablo Javkin. La última visita de Aníbal a la ciudad no dejó precisamente un buen recuerdo después de afirmar que las víctimas de la violencia pertenecían a bandas narco.

El factor policial en la crisis

El ex comisario Alejandro Franganillo fue demorado el sábado pasado junto con el director de policía Marcelo Mendoza, actualmente a cargo de la Unidad Regional VI de Villa Constitución y los subdirectores retirados Eduardo Zapata y Marcelo Bazán. 

No les faltaba efectivo: tenían un millón y medio de pesos y 20 mil dólares. Al mismo tiempo fueron detenidos otros dos policías en actividad: el subinspector Luciano David Arellano y el suboficial Marcos Burúa. Ambos están sospechados de facilitar información a una especie de escuadrón de la muerte que asesinó a Nelson “Chivo” Saravia, barrabrava de Newell's, el 23 de octubre de 2021. En esa fecha, Mendoza se desempeñaba como subjefe de policía de Rosario. Arellano, por otra parte, ya había sido identificado por Ignacio Actis Caporale, condenado por narcotráfico junto al ex comisario Alejandro “Speedy” Druetta, como parte de la complicidad policial con la venta de drogas en Rosario.

“En Rosario nadie vende drogas si no arregla antes con la policía de la provincia de Santa Fe”, dijo Actis Caporale, quien declaró como arrepentido ante la Procunar. No era una novedad: ya en 2011 Jorge Halford, un distribuidor de drogas que pretendía hacer negocios con independencia de la policía, afirmó que “el único cartel que conozco es el de la policía de Santa Fe”.

La referencia se repite en las principales causas federales y provinciales contra el narcotráfico en la provincia, donde entre otros fueron enjuiciados Esteban Alvarado, David Delfín Zacarías y Olga “Tata” Medina, parte de Los Monos. “La complicidad de la policía de Santa Fe es una constante”, confirma el fiscal federal Federico Reynares Solari a elDiarioAr.

'La complicidad de la policía de Santa Fe es una constante', confirma el fiscal federal Federico Reynares Solari a elDiarioAr

Actis Caporale describió un funcionamiento que involucraba al conjunto de la policía destinada a la investigación del narcotráfico. Había dos facciones que se repartían el negocio, fraguaban operativos para mantener las apariencias ante la opinión pública, volvían a hacer circular parte de la droga secuestrada y llamaban “abonados” a los vendedores que pagaban coimas.

“Hay una metodología que se deduce de los procedimientos, una estructura en que se insertaba esta actividad y hay personas que deberían estar sentadas aquí y no están”, dijo Reynares Solari durante su alegato en aquel juicio. Entre otros policías señalados por Actis Caporale como parte de un “directorio” se encontraban Franganillo y Gustavo Spoletti, quien fue impulsado como jefe de la policía de la provincia por un sector del peronismo en 2019, según denunció el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.

“Lo que surgió de los audios en la causa contra Druetta fue una estructura que funcionó más allá de las estructuras formales de la policía: me parecía troncal y estratégico profundizar en esa línea, porque explicaría mucho de lo que sucede en la calle”, recuerda Reynares Solari.

“Nadie tiene un diagnóstico claro de por qué suceden las cosas en Rosario -analiza el fiscal-. En el sistema federal de persecución penal tenemos varios déficits, en particular la persecución del contrabando y de la utilización económica de los delitos. El contrabando que se ha interceptado se descubrió en destino, nunca en Rosario. Si eso no se persigue estamos ante la hidra de mil cabezas: podemos cortarle los brazos, pero van a seguir creciendo”.

Los desplazamientos de Marcelo Sain –quien elaboró un proyecto de reforma policial que no fue tratado en la Legislatura provincial- y de Jorge Lagna del ministerio de Seguridad estuvieron vinculados con operaciones del lobby policial. En el caso de Sain, la gota que colmó el vaso de las críticas de la prensa local, de la oposición y de parte del oficialismo fue la viralización de un audio convenientemente editado que criticaba a los policías santafesinos por vagos.

“El registro en cuestión es un audio que les mandé a los jefes de las unidades regionales de policía. El que lo ventiló fue Víctor Sarnaglia (ex jefe de policía de la provincia). Le sacaron la parte en que les decía que no tenían que trabajar catorce horas por día, como hacía yo, pero que lo menos completaran ocho”, dijo Sain en diáogo con este diario.

Sain aclaró que su renuncia, en marzo de 2021, no fue detonada por ese audio sino por su decepción con el gobernador Omar Perotti cuando le pidió que no asistiera a una interpelación en la Legislatura provincial: “Lo vi como una evaluación de poca monta, una mirada mediocre”. No obstante, insistió en destacar el estado deplorable de la policía de Santa Fe, “que no tiene jefes, no existe”.

Lagna fue desplazado sorpresivamente del ministerio en agosto de 2022, cuando estaba por rendir cuentas de su gestión en el ministerio ante la Legislatura. Si bien estaba jaqueado por los niveles de violencia en Rosario, el gobernador Perotti lo había ratificado en su puesto. Pero una seguidilla de pintadas con consignas seudoambientalistas en las sedes del municipio, el gobierno provincial y los tribunales de Rosario le dieron el empujón definitivo.

La caída de Lagna encumbró al comisario retirado Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad. Entre otras medidas, Rimoldi designó a Mendoza al frente de la policía de Villa Constitución y fue desplazado a principios de febrero después que trascendieran números que no cerraban en la rendición de cuentas por los fondos asignados en virtud de una ley de emergencia en seguridad y como efecto del incremento de los crímenes. Rimoldi fue reemplazado por el ex comandante general de la Gendarmería Nacional y ex secretario de Seguridad Pública Claudio Brilloni.

Según la investigación en curso, hubo una mano policial en las pintadas callejeras. La misma que estuvo probablemente detrás del tirador protegido con un barbijo y con guantes que disparó contra el supermercado Unico de Lavalle al 2500. “El que hace esto –dice el fiscal Reynares Solari- no tiene una intención real de hacerle un daño a Messi o a la familia Roccuzzo sino de generar la zozobra colectiva que ha generado”. 

OA/CC