El mapa de la homofobia: uno de cada tres países castigan penalmente las relaciones homosexuales, once con la muerte

No es lo mismo ser homosexual en un rincón del mundo que en otro. En algunos países los actos sexuales con personas del mismo sexo pueden ser castigados con años de cárcel e incluso la muerte, en otros es legal que dos hombres o dos mujeres se casen o adopten. Avances y retrocesos, más o menos profundos, pintan el panorama global de la homofobia que ha actualizado este martes la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), la más grande del mundo. Hasta 69 países criminalizan la homosexualidad en sus leyes, según su último informe Homofobia de Estado 2020. Aunque es uno menos que en la edición anterior, es el 35% del total. En la mayoría, 124, es legal; y en 28 hay leyes que permiten el matrimonio igualitario, junto a otros 34 con algún tipo de unión civil.

Gabón es el único país que en un año ha salido de la lista de los que castigan penalmente las relaciones entre personas del mismo sexo, y Bután puede estar a punto de hacerlo, resalta la organización. Del total de 69, hay dos, Egipto e Irak, que no cuentan con disposiciones legales que las persigan, pero sí hay “una criminalización de facto” comprobada en el terreno, según la ILGA. Además, los autores tienen “plena seguridad jurídica” de que en seis, cifra que no ha variado respecto al anterior estudio, el castigo es la pena de muerte; entre ellos, Arabia Saudita o Yemen. Y hay otros cinco, como Afganistán o Qatar, en los que “ciertas fuentes” lo indican.

La federación ha analizado la legislación de los países miembros de la ONU y de algunos territorios no independientes para constatar cómo, aunque muy lentamente, disminuyen los estados que criminalizan la homosexualidad. No obstante, donde aún ocurre, explica el abogado Lucas Ramón Mendos, autor principal del estudio, “las personas pueden ser denunciadas y detenidas en cualquier momento, incluso bajo la mera sospecha. Los tribunales les procesan y les condenan a prisión, flagelación en público o incluso la muerte”. Si lo analizamos en detalle, 30 países castigan a las personas homosexuales con hasta 8 años de cárcel, mientras que en otros 27 va de los diez años a la cadena perpetua. La mayoría, en África, algunos de Asia y varios del Caribe Oriental.

42 países sin libertad de expresión LGTBI

Con todo, la organización señala que la legislación se queda corta para interpretar qué ocurre con la homosexualidad en cada país y apunta a la necesidad de un análisis más amplio que tenga en cuenta “múltiples capas de la realidad” y atienda a los contextos locales. Como ejemplo, la lista de lugares que la criminalizan solo incluye aquellos que penan las relaciones en el ámbito privado. La situación general, además, se ha recrudecido este 2020 con la pandemia de COVID-19, que ha reducido “de manera drástica” los espacios seguros para la comunidad LGTBI y ha sido aprovechada por algunos gobiernos “para oprimirnos, perseguirnos, convertirnos en chivos expiatorios y discriminarnos. En muchos lugares donde las leyes ya eran una causa de desigualdad, las cosas han empeorado”, advierte la ILGA.

30 países castigan a las personas homosexuales con hasta 8 años de cárcel, mientras que en otros 27 va de los diez años a la cadena perpetua.

Las llamadas “zonas libres LGTBI” proliferaron en Polonia, Indonesia intentó impulsar las llamadas 'terapias de conversión“, que pretenden modificar la orientación sexual de las personas homosexuales con métodos invasivos y de graves consecuencias, y una corte derogó dos leyes del sur de Florida que prohibían su realización. Por otro lado, Rusia introdujo en la Constitución la regulación del matrimonio ”como unión de un hombre y una mujer“ y el pasado noviembre el Gobierno húngaro presentó un proyecto de enmienda que, de aprobase, ”tendría el efecto legal de prohibir la adopción por parte de las parejas del mismo sexo“, según el informe.

Junto a ello, 42 estados miembros de Naciones Unidas, un 21%, tienen vigentes leyes que restringen la libertad de expresión en lo que se refiere a contenidos LGTBI. Y lo hacen mediante diversas técnicas. Desde la inclusión de delitos “contra la moral y la religión”, a la censura en medios de comunicación y películas o la prohibición de la “propaganda homosexual”. Más allá de legislaciones específicas, advierte la ILGA, estas libertades pueden cercenarse “como efecto de políticas gubernamentales represivas”. Además, en 52 países en todo el mundo rigen restricciones concretas que impiden a las ONG LGTBI ya no solo desarrollar su trabajo, sino constituirse como entidades jurídicas.

Costa Rica, el último país en aprobar el matrimonio

Pero también 2020 ha sido un añado de avances, recalca el estudio. La lista de países en los que se permite el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres ha escalado en dos desde la anterior revisión, el último Costa Rica. Se suma así a un repertorio en el que están otros como España, Bélgica, Argentina o Canadá. Además 34 estados miembros de la ONU prevén algún tipo de reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo después de que en los últimos 12 meses Mónaco y Montenegro votaran a favor.

También se han expandido los países que cuentan con algún tipo de protección y de leyes contra la discriminación LGTBIfóbica. Si en la anterior actualización del mapa, eran 142, ahora son 156. Un grupo de ellos, tipifican como delito la incitación al odio, la violencia o la discriminación por motivos de orientación sexual. Es el caso de Angola, Bolivia y la mayoría de europeos. Otros han promulgado leyes que protegen explícitamente a las personas homosexuales en el trabajo y otros categorizados por la ILGA bajo la etiqueta de “protección amplia”, tienen instrumentos jurídicos contra la discriminación en al menos tres ámbitos (salud, educación, vivienda y suministro de bienes o servicios). Además, dos países más que en 2019, hasta un total de once, contemplan en su Constitución el término “orientación sexual” en sus cláusulas de igualdad, entre ellos, Sudáfrica, el único del continente africano.

Con todo, la ILGA señala que en ocasiones se da una especie de “colisión legal” y no siempre hay un camino hacia la igualdad lineal, en el que el último eslabón es la protección constitucional. Un caso destacado puede ser el de Ecuador, que pertenece a este último grupo, pero al mismo tiempo impide la adopción para parejas del mismo sexo. Y es que la realidad es que una cosa es lo que ocurre sobre el papel y otra en la práctica, donde la homofobia existe a pesar de la prohibición legal. Como ejemplo, la reciente encuesta elaborada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA), donde casi la mitad de personas LGTBI revelaron haber sufrido discriminación en el último año. Eso en los países que cuentan con las legislaciones más amplias en la materia.

MA