Robo de cables en Rosario: Ezequiel, la profesora y el eslabón más débil que nadie quiere ver
Ezequiel Curaba empezó la secundaria en 2019. En las clases de Lengua y Literatura le encantaba escuchar a la profe Melina, leer cuentos de Fontanarrosa y Cortázar y odiaba, como la mayoría, el análisis de las oraciones. Nunca llegaba tarde, siempre sonreía y miraba a los ojos con atención. Hablaba poco, al menos con los profesores, no se peleaba con nadie y era cariñoso y dulce con todo el mundo. Cuando en 2020 llegó la pandemia, la escuela Carlos Fuentealba no cerró del todo. Las chicas y los chicos del barrio Santa Lucía, en el extremo oeste de Rosario, seguían yendo a buscar apuntes y comida, mientras juntaban plata para pagar los datos y cursar por Whatsapp. Ezequiel era uno de ellos. Casi nunca llevaba la tarea hecha pero siempre buscaba la ración para comer. Al año siguiente, con el regreso de las clases presenciales, no volvió. Los profes se lo cruzaban de vez en cuando por las calles de Rosario con un carro, trabajando de cartonero.
El pasado 1 de febrero Ezequiel cumplió 21 años. Diez días después, el domingo pasado al atardecer, se metió en un pozo con su hermano para robar unos cables de luz. Estaban en Barrio Triángulo, a unas 30 cuadras de Santa Lucía, pero hacía un tiempo los dos vivían en la calle. Hubo una explosión y lo demás es conocido. Ezequiel cubierto de tierra, en cueros, tambaleándose con el 90% del cuerpo quemado, reproducido en las redes y en los medios sin parar. Fotos, videos y miles de comentarios deseándole la muerte, titulares que lo trataban de delincuente, periodistas que se reían al aire de lo que le había pasado.
—No quería que lo recordaran así— repite Melina Gigli, la profe de Lengua y Literatura. Usa la misma frase con la que abrió un posteo en Facebook, cuando el martes se enteró que Ezequiel había muerto en el Hospital de Emergencias.
Melina trabaja desde hace 6 años en la escuela Carlos Fuentealba y hace 20 es docente. Cuando vio el video de Ezequiel en las redes no lo reconoció. Habló con la directora y con otros profes y todos coincidieron, le contó a elDiarioAR. La imagen, pero también lo que se decía de Ezequiel, no era la forma de recordarlo. Melina buscó una foto donde se lo ve sonriente y escribió:
“Él era Eze, mi alumno. Nuestro alumno. Él era muy dulce y andaba con un carro. Tuvimos muchas mañanas de mates y risas. Se medía en todo, pero siempre sonreía. Los últimos tiempos han sido difíciles para nuestros pibes, él tiraba de su carro. Andaba cirujeando. Le gustaban los cuentos, pero no leer. Era bueno. Tiraba de su carro”.
El eslabón más débil
Las primeras notas sobre Ezequiel hicieron un resumen de sus antecedentes penales y de cómo al intentar robar unos cables era parte de las asociaciones ilícitas que le cuestan a las empresas de energía entre 2 y 3 millones de dólares al año. Pero Ezequiel, un pibe cartonero, es el eslabón más bajo y más vulnerable de un negocio ilegal más grande. El kilo de cobre, el metal mejor pago, se vende por hasta 7 mil pesos en chatarrerías. Para llegar a los 285 mil pesos que necesita una familia tipo para no estar bajo la línea de indigencia, Ezequiel tendría que haber juntado 41 kilos de cobre.
—Este es un delito económico que se organizó sin control—dice Verónica Geese, secretaría de Energía de Santa Fe. Estuvo a cargo del mismo área entre 2015 y 2019 y al final de esa gestión notaron que el robo de cables y transformadores crecía en el campo—Fue avanzando y nadie lo detuvo a tiempo hasta que se transformó en una gran industria. Es una situación nacional, lo hablamos con otras distribuidoras y les pasa lo mismo.
Este es un delito económico que se organizó sin control. Fue avanzando y nadie lo detuvo a tiempo hasta que se transformó en una gran industria. Es una situación nacional, lo hablamos con otras distribuidoras y les pasa lo mismo
Lo que cambió en los últimos años es que se instaló una demanda de compra de metales a las personas en general, no solo a profesionales. Hay una parte más organizada, que roba transformadores en zonas rurales con grúas o camiones. Pero también están las chatarrerías y desarmaderos que le compran a las personas que venden por supervivencia.
—La crisis ha llevado a que encontrar un pedazo de cobre o bronce sea una fuente de ingreso—explica Geese. En el caso de Ezequiel no fue un delito organizado. Quienes se dedican profesionalmente al robo de metales saben cuando el cable está tensionado. Él seguramente no tenía ese conocimiento y lo hizo pensando que lo que encontraba lo iba a vender fácilmente porque el sistema ya se armó para que cualquiera pueda llevar un pedazo de cobre y venderlo.
Entre enero y febrero, la Policía detuvo en Rosario a 129 personas por robar cables en la calle. Fue a partir de denuncias que llegaron al 911. La mayoría eran varones jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad. Pablo Polito, a cargo de la dirección de Emergencias del Ministerio de Seguridad, explica que detectan más casos que antes.
—No es necesariamente porque haya crecido la cantidad sino porque mejoró el tiempo de respuesta al 911. Eso es clave para evitar el corte de luz que afecta al barrio donde se roban los cables.
Entre enero y febrero, la Policía detuvo en Rosario a 129 personas por robar cables en la calle
Pero, ¿qué pasa con los otros eslabones de esa cadena? En Rosario el área que se ocupa de las habilitaciones es la secretaría de Control y Convivencia municipal. Desde 2022 hasta comienzos de 2024 clausuraron 75 chatarrerías que funcionaban de manera ilegal. Llegaron a ellas por 45 denuncias.
Desde el Ministerio de Seguridad explican que, con el cambio de gestión provincial del peronismo al radicalismo, todavía no está definida la estrategia en relación a estos delitos en los eslabones más altos. Intervienen cuando hay pedidos de la Justicia. En el Ministerio Público de la Acusación hay una causa abierta por el comercio ilegal de metales en la Unidad NN, aunque desde el área comunicaron que hay reserva y no se pueden dar detalles de la investigación.
El problema de la venta ilegal de metales llegó a la Legislatura santafesina cuando se sancionó una ley para crear el “Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos”. Es para que se inscriban las personas humanas o jurídicas que hacen actividades de chatarreros. En julio de 2023 la norma fue promulgada para que las ciudades se adhirieran. Rosario lo hizo sobre fines de agosto. La ley busca que las chatarrerías deban llevar un libro con los datos del comprador o vendedor y la modalidad de comercialización.
El día que Ezequiel terminó electrocutado e internado en terapia intensiva, su hermano Cristian quedó detenido. La Policía se lo llevó porque los vecinos lo insultaban, además de filmar a su hermano agonizando. Tiene 34 años y también vivía en la calle. La Justicia de Flagrancia le dio la libertad sin formulación de causa porque no había pruebas para imputarle ningún delito.
Economía del cazador
En los últimos meses, quienes trabajan en el Servicio Público de la Defensa de Rosario notaron que hay cada vez más casos de personas con causas abiertas por robo de cables.
—Viene pasando desde que empeoró la situación económica y no solo de cables de luz, sino de metales en general, hurtos de medidores o en cementerios—dice Francisco Broglia, defensor público y especialista en derecho penal. La mayoría son personas que viven en la calle o trabajan como cartoneros y cartoneras—Son delitos de poca monta. Tienen que recolectar muchísimos cartones o cobre para tener un rédito económico digno. Son las presas fáciles del sistema penal porque son visibles, están con el carrito en la calle y los detienen en flagrancia.
Para el abogado, el foco de la Policía y la Justicia penal está en el eslabón más bajo de la cadena, como pasa con los delitos de narcotráfico, donde se apunta a los microvendedores de drogas ilegales, los soldaditos. La mayoría son varones jóvenes de los barrios más pobres.
—Es raro ver una intervención del sistema penal sobre las chatarrerías, donde se hace la reducción de cosas robadas. Lo más común es encontrarse con alguien como Ezequiel, muy afuera del sistema, que pone en riesgo su vida. El foco no está en las economías delictivas, que muchas veces son negocios legales que no son controlados por los Estados provincial y municipal. Ir por los eslabones más débiles es, además, poco redituable económicamente: el resultado es una ciudad patrullada por la Policía a la caza personas que cometen delitos menores. Es ir por el eslabón intercambiable. Como Ezequiel, siempre habrá un pibe dispuesto a arriesgar la vida.
El robo pasa desde que empeoró la situación económica y no solo de cables de luz, sino de metales en general, hurtos de medidores o en cementerios. Son delitos de poca monta. Son presas fáciles del sistema penal
El robo de cables es un delito que molesta. Impacta directamente en los barrios con los cortes de luz. Son los vecinos y vecinas quienes llaman para denunciar. Para Broglia, ese malestar se cruza con una deriva punitiva que desde hace 30 años se instaló en Argentina con la idea de la mano dura. Quien comete un delito es considerado un enemigo que debe ser violentado y excluido.
Rosario sabe de esa deriva punitiva. Como las imágenes de Ezequiel, hace 10 años circulaban en las redes videos y fotos del linchamiento de David Moreyra. El joven de 18 años intentó robar una cartera y fue asesinado a golpes por más de 50 vecinos en una cortada del barrio Azcuénaga.
—Lo que se vio esta semana en los medios, con periodistas justificando y burlándose de Ezequiel, habla de que socialmente hay vidas que no merecen ser lloradas, no son valiosas y no se consideran dignas de protección.
Para Broglia, hay que entender estos delitos como parte de las crisis económicas sucesivas que afectan a los jóvenes de los sectores más pobres.
—En los últimos 30 años hubo cambios en la estructura del mercado del trabajo. Los pibes como Ezequiel forman parte de una economía de la lógica del cazador, de la búsqueda de oportunidades, un día cirujean, otra cuidan autos, otra buscan cables, otras manguean y así. El empleo bien pago y estable no existe.
La despedida
Mientras en los medios y en las redes reproducían sin parar las imágenes de Ezequiel, sus amigos, amigas y familiares de Santa Lucía hacían una colecta pagar el cajón. No les alcanzó la plata. Decidieron comprar flores y coronas. El jueves a la siesta lo despidieron en el cementerio La Piedad.
En la escuela esta semana se preparaban para un nuevo año escolar. Todavía falta para el inicio de clases pero Valeria Ríos, la directora, sabe que está a cargo de un lugar de contención, un espacio seguro y cuidadoso desde el jardín hasta la nocturna.
—Acá siempre hay aire acondicionado en verano y calefacción en invierno, comida y agua corriente. Tenemos que estar en todos los detalles para que la escuela sea el mejor lugar para ellos–, le dice a elDiarioAR
Ríos es directora hace seis años pero conoce Santa Lucía hace 20. Piensa a la escuela como un eslabón comunitario fundamental en un barrio donde hay cada vez más violencia y hambre. Cuando piensa en Ezequiel no puede evitar pensar en los otros chicos que no volvieron a la escuela después de la pandemia. Tampoco en los que ve robando cables de la zanja de la vereda o en el alumno que estuvo detenido por ese delito. Ahora piensa que al menos tuvo la suerte de no electrocutarse. No es la primera vez que despide a un estudiante. El año pasado tres alumnos fueron asesinados en el barrio, uno en la esquina de la escuela.
—Con Ezequiel sentí la deshumanización en su máxima expresión. Y los medios siguen pasando esas imágenes sin pensar que su familia y sus amigos tienen que ver eso todo el tiempo, sin parar.
AB/MG
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