A partir de una investigación de elDiarioAR, piden citar al ministro de Seguridad bonaerense a la Legislatura

A partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Javier Alonso, podría ser citado ante la cámara de Diputados bonaerense para rendir explicaciones por los ahorcamientos en las comisarías del distrito, principal causa de muerte en dichas dependencias policiales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane (Partido Obrero - Frente de Izquierda) solicitó que Alonso sea interpelado por los diputados con el fin de obtener información no sólo sobre las muertes por ahorcamiento en las comisarías bonaerenses, sino también sobre las investigaciones en torno a esos supuestos suicidios y el relevamiento pertinente de los casos por parte del Ministerio.

Kane aseguró a elDiarioAR que “el elevado número de muertes informadas como suicidios por ahorcamientos muestra que estamos frente a un método de encubrimiento sistemático”. “Que esto surja por una investigación periodística o el impulso de organismos de derechos humanos y no como información del Ministerio muestra que una vez más se ampara desde el poder a la Bonaerense”, señaló el diputado del Partido Obrero a este medio. 

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los ahorcamientos “están plagadas de irregularidades”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta. 

elDiarioAR consultó varias veces a una fuente del Ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En esa línea, Kane apuntó contra la Justicia ante la falta de respuesta. “Cuando una práctica se extiende tanto en el tiempo y acumula tantos casos evidentemente es porque hay una matriz de impunidad, donde los fiscales juegan un rol y donde ya tenemos una doctrina de varios gobiernos de no investigar los hechos graves que puedan cometer policías”, puntualizó el diputado provincial.

Otro punto que le preocupa al legislador es la financiación de abogados y peritos por parte del Ministerio de Seguridad a los policías implicados en muertes bajo su propio cuidado. “Es muy grave la disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de defender a los policías bonaerenses con sus recursos, con profesionales, incluso cuando están acusados de llevar adelante delitos aberrantes”.

En ese sentido, Kane dijo que se encuentran preparando la presentación de un proyecto de ley que plantee que no se puedan usar los recursos de la provincia de Buenos Aires para defender a los policías acusados de delitos en el ejercicio de su función. 

La razón que impulsa este proyecto, explicó Kane, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Martínez, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría Quinta de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comision de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Martínez. En los cuatro, el médico y funcionario de la cartera de seguridad, defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de los cuatro víctimas le confirmaron a este medio que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Este no es el primer pedido de informe que el legislador provincial presenta para obtener información o respuestas del ministerio de Seguridad. “Hemos presentado múltiples pedidos de informe e interpelaciones sobre estos temas. En particular cuando Sergio Berni era ministro”, afirmó Kane. “No hay una costumbre de atender estos pedidos”, agregó. “Las bancadas del oficialismo tienen por costumbre votar en contra de los pedidos de informe e interpelación, con lo cual no sólo no acuerdan con nuestras inquietudes sobre estos problemas, o sobre las familias afectadas, sino que ni siquiera con el derecho a la información”, aseguró el diputado.

En lo que va del año, al menos cuatro detenidos fueron hallados ahorcados en comisarías bonaerenses.

ED