Le dispararon diez veces, sobrevivió y reconstruye cómo es la vida en una toma: “Temo que haya represalias”

El barrio se llamó “8 de diciembre” hasta el ataque en el que mataron a cinco vecinos y otros ocho resultaron heridos. Ahora se llama “14 de enero”, por el día de la masacre. Luis Lamas quedó en medio del tiroteo. Lleva en su cuerpo diez impactos de bala. Es además, uno de los testigos clave de la masacre, que sucedió hace poco más de quince días en González Catán, La Matanza. 

Desde la casilla de Luis, la tosquera parece un lago donde ahora un grupo de bomberos de la policía bonaerense practican kayak. Más allá, el resto de las casas y la maleza bordeando los terrenos. “A veces se ven flamencos en la tosquera”, dice Luis, de 33 años. El estaba en la asamblea que fue interrumpida a los tiros por un grupo de personas que aún no identificaron. Pasaron trece días del ataque.

Está sentado en un sillón, con la pierna extendida sobre una mesita de madera. En el costado derecho de su cuerpo, desde el pecho hasta la pierna, hay rastro de heridas recientemente cosidas. Diez orificios de bala. “Hay una que no pudieron sacar los médicos”, dice Luis, mientras tantea con los dedos a la altura de su tetilla. 

El 14 de enero Luis y su pareja Ximena Choque, de 34 años, fueron a una asamblea vecinal a pocos metros de su casa. El objetivo era discutir, entre otras cosas, la urbanización del asentamiento en donde vivían: una zona descampada de 90 hectáreas en Catán. El barrio había surgido en una toma hace dos años, cuando unas 200 familias -incluidos Luis y Ximena- lograron instalarse tras varios intentos de desalojo por parte de la policía. Al mando de esa toma estaba Juana Villalba, quien lideró y llevó adelante un esquema de posesión y administración de esas tierras a base de “mano dura”.

La asamblea en la casa de Juana terminó en una masacre: un grupo armado abrió fuego y mató a cinco jóvenes, entre ellos un menor de 16 años. Hay tres personas detenidas, entre ellas Villalba, y el resto con pedidos de captura. No se conoce la cifra exacta de tiradores porque los testigos no pudieron identificarlos. Entre los atacantes, se encuentra Derlís Hector Chavez, internado en grave estado en un hospital bonaerense. Luis es uno de los heridos, pero es sobre todo, un sobreviviente.

La masacre evidenció dos conflictos, ambos latentes: el acceso a la vivienda en el conurbano bonaerense y, a su vez, la dinámica de algunas tomas, esto es, quiénes están detrás y cómo los administran.

La tierra prometida y el régimen de Juana

Luis llegó a la Argentina a fines de 2020. Vino desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, junto a Ximena, su pareja, y sus tres hijos. “No estábamos bien allá. Yo trabajaba en una gomería y apenas nos alcanzaba para vivir”, dice Luis. Consiguió un trabajo como ayudante de albañilería y empezó a trabajar en una obra. Ximena cuidaba a los hijos. Habían alquilado una pieza en Villa Celina. Una habitación para cinco personas. Ahí empezaron los problemas.

El dueño de la pieza les dijo que si querían quedarse debía alquilar un cuarto más. “Mi patrón me ofreció vivir ahí adentro mientras tanto”, sigue Luis. Durante ocho meses, la familia vivió dentro de una obra en construcción sin baño ni agua ni luz. Hasta que la madre de una compañera del colegio de uno de sus hijos le hizo una propuesta a Ximena. “Yo tengo la solución para que no pagues alquiler. Hay una toma por González Catán. Se entra con 20 mil pesos ¿Te interesa?”, ofreció la mujer. La pareja debía encontrar pronto un lugar para vivir y aceptaron.

“Eran casi nuestros únicos ahorros, pero igual fuimos a ver el terreno”, cuenta Ximena. Lo que terminaría siendo el barrio “14 de enero” era, en ese momento, un descampado en una tosquera de González Catán. La referente de la toma, Juana Villalba, a quien había que entregarle los 20 mil pesos, les había garantizado que, una vez que se instalaran, la policía no iba a poder sacarlos. Es decir que no sólo había que pagar 20 mil pesos sino que había que participar de la toma. 

Ximena dice que Juana aseguraba estar asesorada por un abogado penalista, de nombre Horacio Casalla. Según Ximena, Villalba, además, les había dicho que el verdadero dueño de esas hectáreas no iba molestarlos porque debía mucho dinero de impuestos. La familia desconfió con una advertencia de Juana: “No hay reembolsos”. 

En las reuniones previas a la toma, Luis veía cada vez más familias que, como la de él, se sumaban con la intención de tener un terreno propio. A esas reuniones, sin embargo, también iban personas armadas. “Era gente que traía Juana para que haya orden”, cuenta Luis. No había vuelta atrás: pagar y tomar. “Es a todo o nada, compañeros”, arengaba Juana, la líder a las familias.

En La Matanza, como en otras zonas bonaerenses, el acceso a la vivienda es un problema. Según el último informe de la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia, basado en un monitoreo de medios de comunicación, los “conflictos habitacionales” se encuentran en una curva descendente desde la pandemia: en 2020 fueron 49, en los dos años posteriores se ubicaron alrededor de 37, y durante 2023 se registraron 27.

Una de las tomas de 2022 fue la que organizó Juana y de la que participaron los vecinos que habían pagado por un lote, como Luis y su familia. Ocurrió en marzo. Por orden de la líder, las familias debían quedarse en el descampado a pasar la noche. No llegaron ni al atardecer: la policía bonaerense los desalojó. Dos semanas después, Juana los obligó a regresar. “Juana nos decía que, si venía la policía, nos sentáramos en el piso y no los miremos”, recuerda Luis. Eso hicieron y los agentes se fueron. Ese día, también, Juana repartió lotes entre las familias que estaban al día. 

Luis continuaba su trabajando como albañil, mientras Ximena comenzó a vender comida por el barrio. Mientras, Juana había instalado un “régimen de convivencia”. No se podía tener el pasto alto; las casas no podían quedar estar y los únicos proveedores de servicios que podían ingresar al barrio ─desde el tendido eléctrico hasta el cortador de pasto─ eran definidos por ella. “No podíamos traer gente de afuera y nos cobraban lo que ellos querían”, dice Ximena. 

Para que las reglas se cumplieran, Villalba había impuesto una serie de “multas” que alcanzaban los 100 mil pesos. Quien no pagaba, debía irse. A veces por la fuerza. Juana había nombrado a “delegados” que recorrían el barrio y se encargaban de hacer cumplir el “Régimen Villalba”. “Andaban armados y con unos perros malos”, dice Luis. Los terrenos de los vecinos que eran expulsados, se vendían de vendían de vuelta pero a un valor superior al original. Antes de la masacre, rondaban el millón de pesos.

A todo esto, la urbanización que había garantizado (y cobrado) Villalba en el barrio no sucedía. La tensión entre ella y las familias aumentaba. Por ejemplo Walter Escobar, El Chino, ya no toleraba la situación. El Chino empezó a criticar lo que sucedía. “Él era el único que se le paraba a Juana”, dice Ximena. Pero la rebeldía en el barrio estaba prohibida.

El sábado 13 de enero por la noche, un día antes de que ocurriera la masacre, un grupo de delegados increpó y amenazó con disparos al aire a un vecino. La escena quedó grabada en un audio de WhatsApp que circuló por el barrio. Se oyen al menos siete disparos, entre insultos y ladridos de perros. El ambiente era insostenible. Y El Chino lo sabía. Por eso, a la asamblea vecinal en la casa Juana del domingo, decidió que iría preparado.

La emboscada

Ese domingo al mediodía, Luis y Ximena fueron a la reunión. Afuera de la casa de Villalba, en el ingreso al barrio, había unas cien personas. La asamblea terminó cuando tres personas desconocidas y armadas comenzaron a disparar contra los vecinos. Los tiradores corrieron, mientras Luis y otros se lanzaron a perseguirlos. “Dispararon varias veces y pensamos que las balas se les iban a terminar. Por eso los corrimos”, cuenta Luis. 

Escondidos en el pastizal, detrás de la barranca donde Juana había prometido construir una plaza, había más hombres armados que salieron a disparar. Los vecinos retrocedieron, pero Luis no y fue el primero en caer. “Estaban escondidos y esperando con armas largas. Les vi las caras”, relata el sobreviviente. El ardor en la pierna. Después en el pecho. Luis, con los brazos abiertos, y en completa soledad, quedó a merced de los tiradores. “Creo que les dí lástima y no me remataron”, piensa. 

Ximena buscó refugio. Mientras su pareja corría a los atacantes, ella lo esperó junto a otros vecinos. Rezaba. Hasta que llegaron los gritos. “Fui corriendo hasta las barrancas para buscar a mi marido”, cuenta Ximena. No encontró a Luis, pero sí una escena que no puede olvidar: cinco cuerpos, uno al lado de otro, acribillados. Entre los muertos, estaba Luis Bascope, un adolescente de 16 años que había sido padre hace poco. Un disparo le había abierto la cabeza. “Esa imagen me persigue”, confiesa Ximena. 

Cuando los vecinos socorrieron a Luis, lo llevaron de inmediato al Hospital Ballestrini de González Catán. Su situación era grave: tenía diez perdigones de bala en su cuerpo. En la cama de al lado, cuenta Luis, yacía Eduardo Rivera, otra de las víctimas del ataque que terminó muerto. “Nadie entendía qué había ocurrido”, dice Lamas. “Fue todo como una película de acción”. Las tramas, como en las películas, se revelarían pronto.

El barrio había quedado en total silencio desde el atque. Nadie salía de sus casas. Mientras Luis se recuperaba en la terapia intensiva, Walter Escobar, El Chino, visitó a Ximena. “Me confesó que él había llevado gente armada a la reunión para que lo defendieran de la gente de Juana. Me pedía disculpas por Luis y decía que todo se había salido de control”. Esa la versión de El Chino, que Ximena le cuenta a elDiarioAR. Escobar, El Chino, fue detenido a los pocos días, junto con Villalba y otro “delegado”. 

Luis volvió a su casa, al barrio “14 de enero”. Durante su estadía en el hospital, los investigadores lo visitaron varias veces. Querían saber si podía reconocer a alguno de los atacantes. Desde su cama, tras ver diferentes fotos, marcó a uno de los dos pistoleros que le habían disparado. Ahí mismo le tomaron su denuncia. El resto de los siete sobrevivientes no quiso declarar. 

“Tengo miedo de que haya represalias”, dice Luis a elDiarioAR. Tras la detención de Juana, el barrio eligió una nueva comisión para administrarlo, sin “delegados” que atormenten a los vecinos. La presencia policial, por otro lado, también se intensificó. El dirigente y abogado Juan Grabois, junto a los letrados Nicolás Rechacnik y Liliana Kunis tomaron la representación legal de los familiares de tres víctimas, y también la de Luis.

Luis no podrá trabajar en la obra por los próximos meses y Ximena debe quedarse para cuidarlo a él y a sus hijos. La vista desde su casilla los tranquiliza: “Tantas muertes no tienen que ser en vano. Tenemos que cuidar estas tierras”. Muy cerca de aquí están las barrancas donde ocurrió la matanza. Alguien construyó una trinchera. Desde allí, relatan algunos testigos, disparaban los atacantes. 

Detrás del yuyal se alza la autopista Presidente Perón. Los atacantes, creen, escaparon por ahí. La única señal de que allí ocurrió una masacre es una cruz clavada en la tierra. Es de Leonel Tuco Tapia, uno de los cinco asesinados.

FLD/VDM