Audiencias por las tarifas: según Economía, el Estado asume más del 75% del costo actual del gas

A pesar de que el debate lleva meses instalado en la esfera pública, este martes se inauguró la instancia formal de discusión. Maggie Videla, subsecretaria de Hidrocarburos, estuvo a cargo de la apertura de la primera de las tres jornadas de audiencia pública, el requisito legal para avanzar con un aumento de las tarifas de gas y electricidad.  

Vía Webex, Videla presentó una serie de cuadros con detalles de la planificación técnica de la suba y recordó que los lineamientos generales ya habían sido adelantados por el presidente Alberto Fernández en marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando dijo que las tarifas tendrán “correcciones por debajo de la evolución de los salarios de los ciudadanos”. “Esta decisión se funda en la necesidad que tenemos de mejorar el poder adquisitivo luego de la pandemia”, apuntó la funcionaria.

Esta primera jornada de audiencia, que en su orden del día tiene una lista de 38 oradores que incluyen representantes de sectores políticos, empresarios y de la sociedad civil, está destinada a discutir el precio del gas natural en el punto de inyección al sistema de transporte. El gas “PIST”: punto de ingreso al sistema de transporte. La audiencia de mañana tendrá como eje el precio de la electricidad y el jueves se discutirá el esquema de segmentación. 

Videla, que es ingeniera egresada de la Universidad de San Juan, precisó que hoy la “demanda prioritaria” de gas, que contempla a usuarios residenciales y comerciales, es de 40 millones de metros cúbicos diarios. Esta demanda representa el 30% de la necesidad total del país, que incluye otros 120 millones de metros cúbicos que consume el parque térmico generador de energía eléctrica, la industria y el sector de GNC para vehículos. 

El costo actual de ese abastecimiento prioritario es de US$3.064 millones al año, de acuerdo con los datos presentados. Si se hace un promedio de todos los precios del gas que se consume (producción propia, GNL que llega en barco y gas que ingresa vía gasoducto desde Bolivia), la Argentina está pagando US$5,76 dólares el millón de BTU. “De ese costo total, el 75,6% lo asume el Estado”, sintetizó Videla. Por cada US$5,76 que cuesta el millón de BTU, el Estado pone US$4,35 y quien lo consume, US$1,41. 

Como ya se anticipó, se prevé que al 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo se les eliminen por completo los subsidios en sus tarifas. Para el resto, hay dos criterios de aumento. 

Quienes perciben la tarifa social, que en la Argentina son poco más de 2 millones de personas, se les aplicará un aumento no superior al 40% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del 2021, que fue 53,4%. Es decir, tendrán un incremento total en el año del 21,3%. Videla mostró que ese porcentaje ya fue incrementado a partir de febrero por las distribuidoras de gas de las distintas regiones del país, por lo que “no correspondería hacer lugar a ninguna corrección”. Sin embargo, no dijo qué pasará con lo cobrado por encima de ese número, que en algunos casos llega a una diferencia de casi 5 puntos porcentuales. 

Los usuarios que no entran dentro del 10% más rico y tampoco tienen tarifa social serán afectados por un aumento no superior al 80% de la variación salarial. Es decir, se prevé una corrección anual del 42,7%. De acuerdo con el gráfico presentado, que muestra la suba efectiva del gas en las distintas regiones, estos usuarios tuvieron ya este año incrementos que van del 13,7% al 21%. El incremento correspondiente, entonces, implica subas de distinta magnitud, pero en torno al 20%. 

Si se toma una factura promedio de la zona centro del país, sin contar los impuestos, el valor pasará de $2.029 a $2.393 con el ajuste previsto para esa región, según el modelo teórico presentado.  

“Es un tema político. Todo esto técnico, no sirve”, dijo en su intervención el diputado José Luis Ramón, jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo. “Acá tiene que estar el ministro de Economía, el secretario de energía, los funcionarios políticos que van a tomar la decisión de este aumento”, sumó. Ese pedido lo hicieron también, antes de que comenzaran las audiencias, organizaciones de consumidores e incluso funcionarios más cercanos al kirchnerismo que pretendían que Martín Guzmán fuera la cara visible de una decisión de la que es el principal impulsor.  

Asimismo, Ramón dijo que el cuadro técnico es una “mentira” dado que en los cálculos de las “zonas frías” el aumento efectivo será superior. “El Frente de Todos no puede admitir esta concepción de que los servicios públicos son bienes de mercado; son derechos sociales”, dijo. 

DT