Ceviche a Recoleta y medialunas para funcionarios: la apuesta de los trabajadores de la Villa 31 para vender fuera del barrio

El barrio Mugica, popularmente conocido como la Villa 31, en Retiro, está decorado por las Fiestas. Hay moños rojos pegados a las puertas y algunas guirnaldas brillantes enroscadas sobre las rejas que protegen las estructuras que crecen hacia arriba, en edificios precarios de hasta cinco pisos. Es viernes a media mañana y las calles están llenas. Cada tanto, los caminantes se abren para dejar pasar a los “motocarros”, motos que llevan un pequeño acoplado detrás, más adecuadas que los autos o camionetas para desplazarse por los pasillos angostos. 

En la calle Aplaca, una de las arterias comerciales del barrio, hay una dietética y un local de artículos de limpieza, y más allá, una peluquería, un salón de belleza para uñas, una ferretería, un café que exhibe donas y rolls de canela, un local de ropa, un pet shop, una barbería, una fotocopiadora, una óptica con “fabricación propia”. En la calle se venden arbolitos de navidad, ensalada de fruta, jugos, bijouterie, juguetes. Es difícil pensar en un rubro que no esté presente en estas más de 70 manzanas, donde viven cerca de 50.000 personas. 

Este es un barrio que, como tantos otros, vive de la economía popular, ese circuito productivo informal que engloba a alrededor de 7,5 millones de personas en la Argentina y a 410.000 solo en la Ciudad de Buenos Aires. Con una oferta saturada al interior de sus propios límites, uno de los principales desafíos que enfrentan los trabajadores es buscar clientes fuera del barrio e integrar los emprendimientos a las cadenas de valor formales del sector público y privado. Algo que, con el impulso de la Ley de Promoción a la Economía Social y Popular, sancionada por unanimidad en la Legislatura porteña en diciembre de 2020, comenzó a tomar forma. 

Esta ley propone herramientas para resolver los tres principales obstáculos de este tipo de negocios: límites en su capacidad para producir; canales de comercialización inestables y endogámicos y falta de financiamiento. Entre otras cosas, crea programas de capacitación, una línea de incentivos económicos del Banco Ciudad, un fondo que combina capital público y privado para financiar proyectos productivos (Fondes, que estará activo a partir de febrero de 2022) y establece un marco regulatorio especial para que las cooperativas puedan ser proveedoras del Estado.

Hay algunos emprendimientos pioneros en este camino. Las Palmeras es un restaurante ubicado en la calle Carlos Perette que, en plena pandemia, se incorporó a la plataforma de delivery Pedidos Ya y empezó a despachar ceviche, causas y otros platos peruanos a Recoleta, Retiro, Congreso y la zona del microcentro. 

“La única diferencia es que Pedidos Ya a todos les manda el delivery y acá no porque los repartidores tienen miedo de venir para esta zona. Entonces los contrato yo; les pago un fijo a unos chicos para que me hagan los repartos en bicicleta”, cuenta José Luis Zapata, que abrió el local hace seis años. Ofrece sus platos a clientes de los barrios más elegantes de la capital al mismo precio que lo pagan quienes se sientan a comer en este espacio con mesas de madera, decorado con peceras y con suculentas de hojas largas. 

La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore, señala que hay tres rubros en los que el barrio tiene mayor potencial como proveedor: textil, gráfica y catering. “La ley busca formalizar y hacer crecer el trabajo que ya existe en el barrio, que es mucho; no es que inventa emprendedores”, explica. 

Migliore recibe a un grupo de periodistas en la oficina del Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral (Cedel), ubicada frente a la manzana más alta del barrio (el promedio es 2,5 pisos, pero acá algunas estructuras tienen hasta cinco) en el lugar que antes estaba “el galpón de Tarzán”, un búnker narco demolido. Sobre la mesa hay café de Coffe Time, un local que abrió hace menos de un mes en el barrio, y medialunas hechas por Paraje Kue, que ocupa uno de los espacios comerciales ubicados en la planta baja de las viviendas construidas en el barrio, a donde se reubicaron a las familias que vivían debajo de la autopista Illia, en estructuras precarias (algunas, con la autopista como techo), que fueron demolidas. 

El nombre Paraje Kue es una expresión guaraní difícil de explicar, dice Ysabel Franco Benegas, de 54 años, dueña del local. Podría resumirse en “lo que fue”, una referencia nostálgica a Paraguay, de donde emigró en los 90 para trabajar como empleada doméstica en la Argentina. 

Ysabel empezó a convertir la cocina en su trabajo hace ocho años, cuando tuvo que dejar su empleo como personal de maestranza en una escuela privada para quedarse en su casa a cuidar a su nieto. Su sobrina había abierto una panadería en el microcentro porteño, en Tacuarí e Hipólito Yrigoyen, y le pidió dos docenas de empanadas para probar si se vendían. “Salieron todas y así empezamos”, dice. 

De a poco comenzó a sumar clientes particulares, a encargarse del almuerzo del personal de algunas empresas, ingresó como proveedora del Gobierno de la Ciudad y a un puesto de comida que está en el andén del tren Mitre, para el que esta misma mañana despachó 108 empanadas. “Es importante vender afuera porque acá en el barrio mucha gente se dedica a la comida”, explica. En el medio, hizo cursos de gestión de emprendimientos y obtuvo préstamos que le permitieron comprarse otro horno, una freidora. 

Hubo un momento de la pandemia en el que la demanda se frenó, “porque el barrio fue catalogado como prohibido”. “Decían que de acá de la villa salían todos los bichos y la gente tuvo miedo, no quería comprar lo que se producía acá”, cuenta. De a poco se fue recuperando la venta y cuando su sobrina decidió cerrar la panadería en el microcentro, fundida por la ausencia de oficinistas, entre las dos decidieron traer parte del equipo al barrio y alquilar este local, que abrieron en septiembre y por el que pagan $30.000 mensuales. Este viernes al mediodía, el local está lleno de policías que pararon a almorzar. “No saco el cartel a la calle porque tengo miedo de no dar abasto”, dice Ysabel, que empezó a cocinar esta mañana a las 5.45, para evitar que un corte de electricidad programado no le permitiera cumplir con los pedidos agendados. 

También vende empanadas y tartas por la tienda online Recoveco, el marketplace que agrupa a emprendedores de todo el barrio, donde por estos días se pueden encontrar pan dulces por $910 y cajas navideñas por $1.700. Pronto estará disponible también la plataforma Valor Popular, donada por Accenture Argentina, que reunirá la oferta de unidades productivas de distintos barrios populares, para que puedan acceder empresas de todo el país, cada vez más interesadas en hacer compras con “triple impacto”. Un ejemplo: este año Toyota hizo 7.000 regalos empresariales con plantines de La Vivera Orgánica, un emprendimiento de mujeres del barrio Rodrigo Bueno, y el hotel Hilton lo contrató para instalar una huerta en el hotel. Esa es una de las oportunidades que tienen los trabajadores del barrio, que a partir de la ley también cuentan con un sello (“Valor popular”) para certificar sus productos. 

Entre los servicios que se ofrecen para gente de “afuera”, están también los tours organizados por la agencia turística Ajayu, que por $1.900  invita a recorrer a pie el barrio, a probar su comida y conocer su historia. Esta agencia de turismo comunitaria es una de las 1.500 unidades productivas (conformadas por 5.100 personas) del barrio que están inscriptas en el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys), que creó la ley. Es solo una muestra pequeña; el objetivo del Gobierno de la Ciudad es alcanzar el registro de 3.500 unidades productivas a finales de 2022.

“Tenemos que hacer el esfuerzo de pensar la política social no solo como contención y asistencia, sino de la mano de política económica productiva”, insiste Migliore, en un discurso muy afín con el de las organizaciones sociales y reñido con el de líderes tanto de la oposición como del oficialismo que suelen dejar afuera de “las soluciones” al trabajo que ya realizan las personas por fuera de los circuitos formales. 

“Creo que hay consenso en la dirigencia política en que hay que transformar los planes en empleo formal, pero la discusión está en el cómo, y ahí hay que poner en crisis el paradigma del ‘empleo genuino’, que está en crisis en todo el mundo”, dice la ministra. “Nosotros trabajamos en capacitaciones junto con el sector privado para que las empresas puedan contratar gente del barrio, y es importante hacerlo porque eso cambia la trayectoria familiar de quienes acceden, pero creemos que eso va a ser un porcentaje minoritario. El trabajo tradicional, como se conocía hasta ahora, no es el que nos va a dar una solución de corto plazo y con escala”, apunta Migliore, para quien la clave está en formalizar, hacer crecer e integrar a las cadenas de valor el trabajo que ya existe en los barrios. 

DT