Deuda, dolarización y desregulación de la vivienda: la herencia económica de la última dictadura militar

La Argentina se encuentra hoy sumida en una crisis que tiene como uno de sus ejes la insostenibilidad de la deuda externa. Aún si no lo tenemos especialmente presente, el origen de esa dinámica tóxica de endeudamiento puede rastrearse más de 40 años atrás, cuando la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 participó con entusiasmo de un modelo económico basado en la acumulación rentística y financiera que empezaba a dar pasos firmes en el mundo occidental. No es lo único. Así como el gobierno de facto arrasó a millones de familias argentinas y marcó la memoria colectiva del país, también propició dinámicas económicas que todavía hoy operan. De la dolarización de los inmuebles al primer gran salto de la pobreza, algunos resabios de esa época: 

 Dinámica insostenible de deuda externa  

La crisis del petróleo de 1973 dispara los precios de ese insumo y los países productores se encuentran con un exceso de dinero que no pueden invertir en sus países y entonces prestan fronteras afuera: inundan al mundo de “petrodólares”. Los países emergentes buscan captar esos fondos para financiar el desarrollo, la capitalización de sus empresas, pero también –como ocurrió en Argentina mucho más que en sus pares de la región– una espiral especulativa que dejó a su paso poco más que una deuda insostenible. Ese es el contexto global en el que se enmarca la última dictadura militar argentina. 

Para Fernando Rocchi –doctor en Historia, licenciado en Economía y profesor de la Universidad Torcuato di Tella (UTDT)– la última dictadura militar inaugura una relación conflictiva con la deuda externa que se extiende hasta hoy. “Antes ya había habido problemas con el Fondo, pero nunca se había llegado a una deuda tan alta en relación al PBI. En 1976 la deuda externa era de US$8.279 millones y para 1982 ya era de US$40.713 millones, es decir, crece casi cinco veces durante la dictadura”, precisa. El monto se engrosa tanto por deuda pública como privada, que la dictadura termina por estatizar. 

Según explica Mariana Heredia, directora de la Maestría en Sociología Económica de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (Idaes-Unsam), América Latina y el Cono Sur –muy particularmente Chile y Argentina– fue un “laboratorio” de la globalización y la integración financiera, que después se establece como pauta general en gran parte de los países occidentales. 

Preponderancia de la matriz financiera por sobre la productiva 

Durante la dictadura se impulsaron dos leyes que le dieron marco a la llamada “patria financiera” y que si bien sufrieron algunas modificaciones en las décadas posteriores, todavía hoy siguen vigentes: la Ley de Entidades Financieras (número 21.526) y la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382). 

El economista e historiador Mario Rapoport señala que este marco normativo “produjo una liberalización de la entrada de capitales externos en el país, restringiendo al mínimo las áreas prohibidas para este tipo de inversiones y asegurando un trato igualitario a las inversiones extranjeras y a las nacionales”. Esto “acentuó un proceso de desindustrialización, porque ese capital no se ubicó en sectores productivos locales y, además, como la ley no obligaba a la reinversión de utilidades no se tradujo en una radicación local de las ganancias empresariales”. Rocchi suma una imagen: en ese entonces dentro de una industria era más importante el gerente de finanzas que el de producción. 

El proceso de desindustrialización se genera por una baja repentina de los aranceles a las importaciones y desprotección de los proveedores locales, que se combina con el dólar barato que dejó la devaluación de la primera etapa del proceso. 

Pero la última dictadura no fue una etapa homogénea, sino que tuvo momentos distintos. “En general, todos esos momentos resultaron bastante regresivos para las clases trabajadoras, pero hubo también un momento de boom de consumo donde parecía que el poder adquisitivo de los argentinos se expandía y que podían acceder a bienes importados, a viajes al exterior; a los que no habían accedido nunca antes”, explica Heredia. Es un momento inmortalizado en la película Plata dulce y en frases populares como el “deme dos”. 

Ese proceso viene acompañado por una descalificación de la producción local y la entronización de lo extranjero como algo de calidad superior. Heredia recuerda que, poco después de abandonar el Gobierno, el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, escribe un libro en el que dice: “No logramos torcerle la curva a la inflación, pero creamos una nueva subjetividad”. “Son esos argentinos que aprendieron lo que significa la calidad, la pertenencia al mundo occidental, que va a quedar como una de las grandes herencias también”, apunta la académica.  

Dolarización de la economía

La antesala del derrocamiento de Isabel Perón es un desorden generalizado que tiene como elemento central el “rodrigazo” de 1975 y una inflación anual en torno al 400%.  Durante la dictadura la inflación se mantiene siempre en los dos dígitos, lo que se suma a la devaluación del peso. Es en este escenario en el que los investigadores Pablo Nemiña y Alejandro Gaggero rastrean el primer aviso clasificado publicado en dólares en el país: el 16 de julio de 1977 el diario La Nación imprime una oferta de la inmobiliaria Beccar Varela de dos propiedades en San Isidro en moneda estadounidense. Apenas tres años después, según el relevamiento de los académicos de Conicet e Ideaes-Unsam, el 90% de las publicaciones aparecían en dólares. 

“Se dolariza la economía porque el peso deja de cumplir esas tres funciones que tiene una moneda: medio de cambio, unidad de referencia y reserva de valor”, explica Rocchi. 

Primer gran salto de la pobreza 

Hasta 1974, previo al rodrigazo, la Argentina tenía una pobreza marginal, del 4% o 5%. Luego de ese evento y con el inicio de la dictadura se asiste al primer gran salto del índice, que a lo largo de las décadas siguientes dará otros que lo ubicarán en un piso cada vez más alto. Cuando en el retorno de la democracia Raúl Alfonsín asume la presidencia, la pobreza ya ronda el 20%. 

“No bien llega al gobierno Rafael Videla y lo nombra a Martínez de Hoz en el Ministerio de Economía, lo que se da es una estrategia de combate a la inflación, que era por esos años más alta de lo que había sido nunca en la historia argentina. La primera estrategia es congelar los salarios. En un contexto de alza de precios eso determina una erosión súbita del poder adquisitivo”, explica Heredia. Si bien no avanza con privatizaciones, el Estado dictatorial “desfinancia muchísimo” a los servicios sociales públicos, le quita recursos al entramado de bienestar del país y descentraliza algunos servicios. Indirectamente esto también merma los ingresos de las familias, que deben volcarse a la oferta privada para resolver necesidades antes cubiertas por el Estado. 

Desregulación del mercado de vivienda

Según detalla el sociólogo Fernando Bercovich en un artículo de Cenital, desde 1943 hasta la llegada de la dictadura el esquema de acceso a la vivienda había estado fuertemente regulado por el Estado, ya sea a través de los créditos del Banco Hipotecario Nacional, o a través de la construcción directa de viviendas. Con la llegada de la dictadura el Estado se retira y apuesta a que la libertad de mercado estimule la oferta.

Algo similar ocurrió con los alquileres, que estaban bajo algún tipo de control estatal desde 1921, cuando Hipólito Yrigoyen decidió retrotraer los precios a 1920 y congelarlos por dos años. Hasta 1976 los aumentos de alquiler debían ser autorizados por el Gobierno (como ocurre actualmente con la medicina privada, las tarifas de servicios públicos y las telecomunicaciones) un punto que se elimina con la Ley de Normalización de Locaciones Urbanas. El debate por la regulación de los alquileres, de vuelta sobre la mesa hoy, también carga con la una herencia de la dictadura.  

DT