Energía para el mundo, por las buenas o por las malas

La detonación del sistema de partidos y coaliciones que implicó el triunfo de Javier Milei en el balotaje todavía sostiene al libertario en las encuestas pese a la catástrofe productiva que desató su programa de shock antinflacionario. El tembladeral financiero del último mes y la pelea con el Fondo Monetario, sin embargo, empezaron a sembrar interrogantes en un establishment que aprovechó silbando bajito la disparada inicial de bonos y acciones y que se mantiene a salvo de la depresión del mercado interno, pero que todavía aguarda impaciente los primeros pasos del reseteo más estructural de la economía que prometía la ultraderecha. 

Ese reseteo no es la “fase 2” del plan económico que anunciaron el viernes con mucha pompa pero pocas precisiones Luis Caputo y Santiago Bausili, un dèja vu de la “emisión cero” que Nicolás Dujovne presentó el 26 de septiembre de 2018 como una solución a la corrida cambiaria que acababa de eyectar entonces al actual ministro de Economía de la presidencia del Banco Central. Sí genera mayores expectativas en el círculo rojo la aprobación parlamentaria de la Ley Bases y el paquete fiscal, una victoria política del oficialismo que concretó su viejo anhelo de la reforma laboral, restringió el derecho a huelga, habilitó un nuevo blanqueo de capitales y creó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). 

La generosidad del blanqueo (incluso con quienes ya blanquearon, es decir, con quienes ya confesaron haber evadido) permite anticipar un flujo no desdeñable de dólares y de ingresos fiscales en el cortísimo plazo. El efecto macroeconómico del RIGI, en cambio, está por verse. Primero por la incertidumbre financiera y el empinamiento del riesgo país, que hacen imposible la financiación extranjera de proyectos de más de U$S200 millones en el país. Pero sobre todo por los cambios que sufrió el régimen en el Congreso y por la encarnizada interna que cruza al gabinete, con el incombustible Federico Sturzenegger en gateras desde hace un mes. 

En esa lucha fratricida, entre otras cosas, se disputa quién será la autoridad de aplicación del RIGI y quiénes podrán gozar de sus beneficios. ¿Será acaso la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la extarotista Karina Milei? “Si se llevó la Fundación Exportar para pagarle los viajes por el mundo al hermano, se puede llevar cualquier cosa. Y más ahora que consiguieron facultades delegadas”, arriesga con algo de rencor uno de los economistas eyectados precozmente del elenco ultraderechista. 

No es un asunto menor. La autoridad de aplicación del RIGI va tener mucho más poder que el previsto en el proyecto original, que se la otorgaba al ahora disuelto Ministerio de Infraestructura. En Diputados, por ejemplo, quitaron el ‘acelerador de la inversión’ que contenía el régimen: la obligación de que el 100% de lo que se invierta en activos computables se desembolse en los primeros dos años. Esa proporción bajó al 40% entre gallos y medianoche. Y el Ejecutivo quedó habilitado a reducirla discrecionalmente al 20%. 

Elige tu propio RIGI

Los gobernadores de provincias hidrocarburíferas, mineras y con potencial para esas u otras actividades extractivas se aferran de todos modos al RIGI como un antídoto para la sequía de fondos nacionales que el torniquete monetario anunciado el viernes promete profundizar. Algunos, como el catamarqueño Raúl Jalil, apuestan a negociar mano a mano con las multinacionales que se acojan a él para que los proyectos “derramen” en sus distritos y les compren a proveedores locales aunque la ley no les exija hacerlo. Pero si la experiencia con la Ley de Inversiones Mineras del menemismo ya levantaba sospechas de que la estrategia Jalil no era infalible, la carta que les envió el lunes el presidente de YPF a los mandatarios de Buenos Aires y Río Negro sembró nuevas dudas. 

La misiva firmada por Horacio Marín, hombre de Paolo Rocca, exhorta a Axel Kicillof y a Alberto Weretilneck a ratificar el RIGI y agrega nuevas condiciones para el emplazamiento en una de las dos provincias de la planta de licuefacción de gas que ofreció instalar la malaya Petronas inicialmente en Bahía Blanca, pero que ahora la gestión libertaria quiere mudar a Punta Colorada. Son siete puntos sobre los que les exige comprometerse: que habrá licencia social para el emprendimiento, que les congelarán los impuestos y tasas provinciales, que no les modificarán las regalías y que les garantizarán los permisos administrativos necesarios, entre otros. 

La legislatura bonaerense ya avaló el proyecto Petronas. No es para menos: son 6.000 puestos de trabajo durante la construcción y 3.000 permanentes mientras funcione. Curiosamente votaron a favor todos los bloques menos LLA. En simultáneo, Kicillof firmó un decreto para declarar de interés provincial la planta, la infraestructura necesaria para su concreción y los estudios técnicos vinculados a la explotación del gas natural licuado. Pero esta semana salió a denunciar que la Nación e YPF boicotean su instalación en el puerto bahiense, donde el año pasado ya reservaron también 1.500 hectáreas para la planta.  

“El ‘Brujo’ lo cagó a Axel. Y en Bahía Blanca se quieren matar. Igual era ridículo que le dieran ese oxígeno económico a Axel y mucho más a un municipio gobernado por La Cámpora”, cuchichea otro peronista que mira el tema con atención. Otra vez, la interna. El apodo de Weretilneck, a quien alude el dirigente, no remite a José López Rega sino a la afición que el rionegrino comparte con Karina Milei: la lectura de la baraja. 

Privatizaciones por la ventana

De cara a un julio durante el cual vencen U$S2.600 millones en bonos soberanos, durante el que deben devolverse al FMI los U$S800 millones desembolsados en la última revisión y en que empiezan a caer las amortizaciones de los primeros BOPREAL, el escenario suma incertidumbre. Luego de que Washington enterrara la idea de dolarizar, Caputo decidió ceder a sus exigencias en materia monetaria para intentar destrabar un desembolso que le sirva de puente hasta que empiecen a llegar divisas genuinas. 

El problema del experimento es que el apretón del Central obligará a profundizar el ajuste fiscal, sobre todo tras la rebaja de impuestos a los sectores más pudientes. A eso se suma que Milei rechazó la otra gran exigencia del Fondo: dejar flotar el dólar y levantar el cepo. Como siempre, la vieja receta de atrasar el dólar atenta contra la liquidación de agrodivisas y promete profundizar la depresión de la actividad. 

Aunque no hay alternativas a la vista, la tolerancia social al ajuste parece agotarse. En junio el Índice de Confianza del Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella fue de 2,46 puntos, una caída del 2,1% respecto de mayo y un 14% desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Comparado con el índice de confianza que tenían luego de sus primeros semestres Mauricio Macri y Alberto Fernández, el nivel es 5,7% y 11,1% menor respectivamente.

Macri está en una encerrona. Según uno de sus hasta ayer fieles escuderos, que ahora busca su lugarcito en las listas de la ultraderecha en 2025, lo paran por la calle para agradecerle o para insultarlo por lo que hace Milei. “¡Vamos, Mauricio, aguante que estamos bajando la inflación!”, le gritaron en Acassuso días atrás. Respondió con una mueca de fastidio. 

Federico Sturzenegger, el “coloso” que le robó Milei para las fuerzas del cielo, no termina de encajar en el organigrama. Hay resistencias de Santiago Caputo y de Guillermo Francos porque pretende extender sus dominios más allá de los temas microeconómicos donde quiere confinarlo Caputo y decidir también sobre las nuevas privatizaciones y concesiones, áreas que colonizó Nicolás Posse y heredó Francos luego de su excomunión. 

¿En qué privatizaciones piensa, si el Congreso podó ese capítulo de la Ley Bases casi hasta convertirlo en un bonsai? ¿En las que se hagan igual a caballo de las facultades delegadas, de una eventual nueva ley (cuyo proyecto ya trabaja Francos con legisladores de la oposición colaboracionista) o incluso en las que puedan colar por la ventana? ¿Será para esto último que la ex ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina SA fundaron la semana pasada varias sociedades anónimas con los nombres de las centrales hidroeléctricas del Comahue? Salió en la segunda sección del Boletín Oficial, que casi nadie lee. 

Son apenas accidentes de una deriva que el Gobierno considera inexorable hacia ese reformateo estructural que también empuja el establishment más concentrado. Una Argentina que exporte la energía y los minerales que demanda el mundo desarrollado, además de granos, y que supere así su histórica restricción externa y vuelva a crecer, aunque sea desde el subsuelo donde nos deje la depresión. Quieran o no los que queden en el camino. Por las buenas o por las malas. 

AB/DTC