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Desde enero

Las facturas de las grandes empresas deberán detallar qué impuestos nacionales incluyen

Los grandes supermercados están en el listado de los que deberán adaptarse a la nueva regulación a partir de enero.

Alejandro Rebossio

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La Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA) reglamentó este viernes el régimen de transparencia fiscal, que entrará en vigencia desde el 1° de enero y, en esta primera etapa, obliga a las grandes empresas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales. Todos los comprobantes deberán tener una línea en donde se detalle el monto correspondiente al impuesto al valor agregado y, cuando sean emitidos por una empresa grande, también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio que paga el consumidor en la caja.

La Resolución General N° 5614/24, publicada hoy en el Boletín Ocial, establece que la implementación será de forma escalonada y se extenderá paulatinamente a contribuyentes de menor tamaño. Para el resto de los contribuyentes no grandes, habrá un plazo opcional hasta el 1° de abril, cuando será obligatorio. No obstante, aquellos que ya utilizan la facturación electrónica por medio de los sistemas de ARCA verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1° de enero, ya que el organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias.

En la factura o ticket de compra se leerá la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”, donde estarán discriminados los gravámenes. El Gobierno sostiene que su objetivo es “la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”.

El listado completo de las grandes empresas que deben detallar los impuestos desde enero se puede consultar aquí: https://servicioscf.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/Listado-RFCE-Mi-PyMe.asp

La iniciativa fue impulsada por la ONG Lógica, asociación dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, referida a la obligación de que los tickets y facturas transparenten los impuestos que los consumidores abonan al momento de adquirir bienes y servicios. Lógica lanzó esta propuesta a mediados de 2023 mediante una petición en Change.org y propuso a los candidatos la suscripción de un compromiso de impulsar la sanción de este régimen, que fue firmado por el entonces candidato Javier Milei, así como también por Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. Ya como presidente, Milei lo impulsó por ley. 

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, opinó que “la falta de conciencia fiscal, derivada del ocultamiento de impuestos, llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos una conducta responsable en el gasto y en los tributos que pesan en la vida cotidiana”. “Este proceso ha sido funcional para que terminemos con los impuestos y la inflación más altos del mundo”, continuó Olivera Vila, que, aunque define a su ONG como apartidaria, enuncia la prédica libertaria antiimpuestos que ubica por error a la Argentina en el tope global. En las estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) queda claro que la Argentina es el país número 50 sobre 151 medidos en la clasificación de tributos en relación al PBI.

“Con la aplicación de la norma reglamentada por el Gobierno se terminan los 50 años de la inaceptable prohibición de mostrar los impuestos al consumidor”, prosigue el presidente de Lógica. “El saber los tributos que soportamos nos empoderará para involucrarnos y exigir impuestos y gastos públicos lógicos, también a exigir servicios acordes del Estado. Y los políticos sabrán que los tributos excesivos que sancionen irán al ticket. Este saber le dará poder al ciudadano y así el votante decidirá en la oferta electoral. Estamos frente a una oportunidad histórica para provocar un cambio en la conciencia fiscal de nuestra sociedad, aprovechando el momentum de cambio cultural generado por las actuales autoridades. El desafío es trabajar como sociedad para que las próximas reformas fiscales sean profundas y duraderas para que, más allá del signo político gobernante, nunca más lo fiscal sea una cuestión exclusivamente política y se convierta en una cuestión ciudadana y del Estado, tal como la concientización que resultó en los más de 40 años de consolidación de la democracia.” 

AR/DTC

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