Ante una inflación que castiga a la población y alienta el regreso de la receta del ajuste drástico

Es un consuelo de tontos pensar que la inflación que azota ahora a la Argentina coincide con un pico de inflación en todo el mundo, a diferencia de la que acabó con la popularidad de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Los pobres están hundiéndose más en la pobreza y la clase media cada vez compra menos, con lo que se acentúa el proceso que viene sufriendo desde hace cuatro años. O el gobierno del Frente de Todos actúa con medidas de impacto en el corto y el mediano plazo para doblegar en serio la inflación o la fuerte recuperación económica se abortará, a las protestas piqueteras de la izquierda se agregarán la crispación de los sectores medios y en 2023 volverá al poder Juntos por el Cambio, pero ya no con la receta moderada de 2015, cuando Macri prometía mantener a YPF y Aerolíneas en el Estado, sino con una de ajuste severo, flexibilización laboral, fin de las moratorias previsionales y privatizaciones.

La primera reacción del equipo económico ante la difusión este miércoles del índice de precios al consumidor (IPC) de marzo de un 6,7% -uno de los pocos que lo anticipó fue el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), que Mariano de Miguel dirige en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET)- fue la cuarta suba de tasas de interés por parte del Banco Central. Se trata de una medida que apuntó a desalentar un fenómeno incipiente: los exportadores están retrasando la liquidación de sus ventas externas porque les estaba conviniendo endeudarse para financiarse a la espera de un eventual salto del tipo de cambio. A su vez, las mayores tasas alientan el ingreso de dólares por el contado con liquidación, que bajó de $ 244 en enero, antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a $190. Al anunciar el alza, la autoridad monetaria, que preside Miguel Pesce, aclaró que por sí sola resulta insuficiente para atacar al shock inflacionario de la guerra de Ucrania y detalló una serie de medidas para contrarrestarlo: un dólar oficial que no se acelere pero que tampoco se atrase y permita acumular reservas, la continuidad de la baja de la brecha con el tipo de cambio paralelo, el ajuste fiscal y monetario, la disociación de precios locales de los internacionales con métodos como el aún no materializado fideicomiso público del trigo -que se financia con la suba de retenciones a la harina y el aceite de soja que se aplicó en marzo y servirá para subvencionar pan, pastas, pizzas y tapas de empanadas y tartas cuando se instrumente el mecanismo, quizás en mayo- y los acuerdos de precios y salarios. La segunda reacción fue el jueves: la decisión del ministro de Economía, Martín Guzmán, con el respaldo del secretario de Energía, Darío Martínez, de avanzar con el compromiso con el FMI de subir por segunda vez en el año las tarifas de luz y gas, pese a la crítica del subsecretario de Energía Eléctrica, el cristinista Federico Basualdo, por el impacto social de la medida. “Lo que hagas en el corto plazo no puede ir en contra del mediano plazo. Si no subís ahora las tarifas, con la inflación que hay, se atrasan más. Ante la mayor inflación, no podés tirar por la borda el programa con el FMI, que se viene cumpliendo”, comentan en el equipo económico.

¿Y entonces cómo se protege a las clases media y baja en un país sin los márgenes de maniobra de los desarrollados y ni siquiera de los otros latinoamericanos? Frente a la propuesta de subir más retenciones del secretario de Comercio Interior, el cristinista Roberto Feletti, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, prometió esta semana que no las tocarán hasta que termine el gobierno de Alberto Fernández. Recuerda que el conflicto con el campo de 2008 disminuyó la siembra y engendró un movimiento opositor que derivó en la victoria de Macri en 2015. Domínguez apuesta a incentivar la producción agrícola, sin dejar de amenazar a los frigoríficos -si incumplen el acuerdo de precios, no podrán exportar-, al tiempo que conversa con su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para ampliar los fideicomisos privados del aceite y del trigo, que son mecanismos “voluntarios” de los exportadores para abaratar en el mercado local el aceite, la harina y los fideos. A su vez, Guzmán reaccionó con una propuesta de gravar la renta extraordinaria que ha generado la guerra en los productores de materias primas, desde alimentos hasta la energía y la minería, pero en el propio Gobierno consideran que se trató más bien de un intento del ministro de mostrarse duro con los poderosos ante la presión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque a sabiendas de que en el Congreso la oposición frenará ese proyecto de ley. Aún se desconocen los detalles de la iniciativa, en Economía no tienen apuro, pero por lo pronto evalúan si captarán esa renta a través de anticipos del impuesto a las ganancias o ante la presentación de balances trimestrales de las grandes empresas. Los que sí quieren darse prisa son los senadores cristinistas con el proyecto de ley de blanqueo de capitales para pagarle al FMI: así se liberarían fondos extra para otros destinos.

En el equipo económico aclaran que, independientemente del proyecto de gravar la renta extraordinaria, el Gobierno analiza otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores desocupados e informales para contrarrestar el salto de la inflación. ¿Cómo se financiaría? Con el aumento de la recaudación tributaria que provoca la misma suba de precios. Es que el alza del IPC primero impacta en los ingresos y después en los gastos y genera un excedente que permitiría superar la meta de reducción del déficit fiscal del acuerdo con el FMI. En ese pacto se afirma que si se logra una recaudación extra, deberá destinarse a una mayor merma del rojo de las cuentas públicas, pero en el Ejecutivo esperan que el Fondo comprenda que ante la circunstancia excepcional de la guerra, así como todos los países adoptan medidas fuera de libreto para proteger a su población, también la Argentina pueda desviarse de la letra escrita y redirija el sobrante al IFE. Esta semana, en la reunión de primavera boreal del organismo en Washington, Guzmán y Pesce intentarán convencerlo. Al menos podrán mostrarle que cumplieron con las metas del primer trimestre en cuanto a ajuste fiscal y monetario y acumulación de reservas. Están en dudas las del segundo cuarto del año. Por lo pronto, el FMI aprobará el Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad con que el que a partir de 2023 asistirá países pobres y de ingresos medios, que fueron incluidos a pedido del ministro de Economía. El nuevo fondo beneficiaría a la Argentina con hasta US$ 1.500 millones.

El salario

Pero el IFE no incluiría a la clase media. ¿Qué remedio hay para la mitad de la población, que además pagará ahora otro aumento de 17/21% de tarifas, lejos de los tarifazos de Macri o del congelamiento del gobierno kirchnerista? “La ayuda a la clase media es bajar la inflación en abril o mayo y que el salario no caiga, por eso se adelantaron las paritarias”, responden en el equipo económico. La Bancaria del diputado Sergio Palazzo, que se abstuvo sobre el acuerdo con el Fondo, marcó la cancha pidiendo 60%, en línea con la previsión privada de inflación.

Otros responsables de la política antiinflacionaria se muestran más preocupados y lamentan que la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT) rechazaran la propuesta gubernamental de que las empresas dieran en lo inmediato un bono: “En abril, si bien la inflación puede ser un poco más baja, tampoco será 4% sino 5%. Eso te permitiría ir acomodando este desequilibrio descomunal. Hay una presión social inimaginable, porque con los planes sociales no alcanza y hay un gran impacto en los sectores bajo y medio. La política está nerviosa por la inflación porque los gobernadores y los intendentes ven que les complica su relación con el territorio y con el poder económico local que produce alimentos. La producción argentina está entrenada para recuperarse, la economía sigue creciendo al 5% este año, pero esto queda desdibujado con la inflación. Es cierto que la crisis política interna del Gobierno fomenta expectativas negativas, pero el problema mayor es macroeconómico. En el quilombo, hay inversiones que no se hacen, esperan a las elecciones de 2023, y otros se hacen porque miran el largo plazo, como Toyota o la mina Josemaría”, se refiere la fuente al nuevo yacimiento sanjuanino de oro y cobre que esta semana recibió la aprobación ambiental y donde la canadiense Lundin invertirá US$ 4.100 millones. El mismo funcionario reparte críticas a todos, desde Fernández hasta Feletti y Cristina Kirchner: “El Presidente anunció hace un mes que iba a declarar una guerra de precios y mientras tanto los grandes empresarios como Luis Pagani (dueño de Arcor) reaccionaron remarcando. Acá tendrías que sentar a la empresas a discutir su estructura de precios. Pero tampoco la solución es la radicalización que propone Cristina: no funcionó no acordar con los fondos buitre en 2014, no funcionaría ahora no pactar con el FMI”. Domínguez también apunta al secretario de Comercio Interior porque considera que no son los productores agropecuarios sino la cadena de producción y comercialización la responsable de la suba de precios. También advierte sobre la demora en la implementación del fideicomiso público del trigo.

Si el Frente de Todos no acierta a bajar la inflación y mejorar la vida de los pobres y la clase media, en 2023 vencerán Macri, Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta y hasta quizás compitan en segunda vuelta con Javier Milei, que gana adeptos con su discurso antipolítica y gracias a que no se pone en tela de juicio su prédica económica similar a la fallida de los 90. Se trataría de un ballotage similar al de Francia entre el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

Más allá de las diferencias, hay tres consensos sobre políticas entre los economistas del PRO (Hernán Lacunza, más afín a Larreta; Luciano Laspina, promovido por Bullrich; Guido Sandleris, NIcolás Dujovne y Luis Caputo, que siguen asesorando a Macri), la Fundación Mediterránea que preside Carlos Melconian (de mejor trato con la que fue ministra de Trabajo en la crisis de 2000/2001 y de Seguridad en 2015/2019), los radicales Martín Tetaz y Martín Lousteau (que podría ser otro candidato a presidente de la UCR, como Facundo Manes, asesorado por Eduardo Levy Leyati; Gerardo Morales o Alfredo Cornejo) y el fugaz ministro de Economía de 2001 Ricardo López Murphy (que también se lanzaría a la Casa Rosada por su partido, Republicanos Unidos, aunque mantiene buena relación con Bullrich). El primer consenso es una reforma monetaria, que consistiría en independizar el Banco Central -algo que no hizo Macri, cuando puso a un dirigente del PRO, Federico Sturzenegger, al frente-, prohibir que financie al fisco -una regla más dura que la vigente en Chile y Colombia- e impulsar una moneda del Mercosur, con el real brasileño como referencia, no una dolarización como la que propone Milei. Para esta reforma sería necesaria la eliminación del cepo cambiario, como en 2015. Los economistas de Juntos por el Cambio admiten que implicaría una devaluación del peso oficial, con el consiguiente impacto inflacionario, pero consideran que no sería tan grande como la de hace siete años porque el tipo de cambio hoy es más alto que entonces y las mayores cotizaciones de las materias primeras que exporta la Argentina también evitarían una depreciación tan elevada.

El segundo consenso es una reforma tributaria, que reduzca las cargas laborales y los impuestos a la producción -incluida una merma gradual de retenciones- y a la inversión. Estos dos primeros consensos esconden otro: para bajar la emisión monetaria y los impuestos, hay que podar el gasto público. En Juntos por el Cambio prevén que las tarifas de servicios públicos lleguen “atrasadas” a 2023, con lo que aplicarían un alza mayor que el ahora que dispuso Guzmán. Al menos admiten que si el Gobierno cumple su promesa de construir entre este año y el próximo el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires, habría que importar menos energía y entonces el incremento previsto para el gas y la electricidad -las centrales lo usan como insumo- no debería ser tan grande.

Además del tarifazo, también se habla de privatizaciones de empresas deficitarias, lo que no incluye YPF. Macri ya habló de vender Aerolíneas. Tetaz considera que no habría compradores y entonces propuso dejárselas a los gremios e ir reduciéndoles gradualmente los subsidios. Vaya a saber qué sucedería con los destinos del interior a los que no vuelan Flybondi y JetSmart. Asesores de Bullrich también sugieren privatizar AySA y el Correo. Tetaz, en cambio, opina que el déficit de AySA se soluciona con aumento de tarifas, igual que el de Integración Energética Argentina (IEASA), la empresa estatal encargada de importar gas y construir el gasoducto Kirchner. En tanto, Larreta no habla de privatizar: en su cabeza prevalece más la idea de “no comprar quilombos”, ser pragmáticos.

El tercer consenso de Juntos por el Cambio abarca las reformas laboral, de los planes sociales y de la Seguridad Social. Ya se conoce la propuesta de flexibilización laboral al eliminar la indemnización por despido, como sugirieron Larreta y Lousteau. “Si no creás empleo, no se termina con los planes y no solucionás la Seguridad Social, porque hoy la mitad de los trabajadores no aporta”, opina uno de los economistas de la coalición opositora. También bajarían las cargas laborales. A su vez, extenderían la asignación universal por hijo (AUH) a los trabajadores formales, de modo que los que están en negro no teman perder el beneficio en caso de blanquearse. Además crearían una asignación universal por vejez: es decir, a los que carecen de aportes suficientes no les darán más moratorias para llegar a la jubilación mínima ni accederían a la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), que creó Macri y equivale al 80% de la mínima, sino a una prestación aún más pequeña. Los tres consensos llegarían al poder en 2023 si el Frente de Todos no mejora la vida de los argentinos.

AR