Jubilaciones: las implicancias del proyecto aprobado en Diputados y cómo se podría financiar

En un contexto político y legislativo que empieza a crujir, el tema de las jubilaciones, el cálculo de haberes y la fórmula mediante la cual se actualiza, vuelven a entrar en escena. La recurrencia del tema tiene que ver con su centralidad en el frente fiscal. En promedio, entre 2017 y 2023, las jubilaciones y pensiones representaron el 37% del total de erogaciones del Estado, constituyendo el gasto más trascendente, con importantes oscilaciones: pisos de 28% y picos de 48%. 

El miércoles a la madrugada, con una amplia mayoría de votos afirmativos, obtuvo media sanción un proyecto de ley que busca mejorar la situación de las jubilaciones y pensiones. ¿En qué consiste centralmente esta propuesta? Por un lado, otorga un aumento extra de 7,2% para todos los haberes, independientemente de su monto. Este porcentaje se obtiene por la diferencia entre la inflación de enero (20,6%) y la recomposición que otorgó el gobierno por Decreto (12,5%). Con lo cual, de sancionarse de manera definitiva esta ley, todos los jubilados y pensionados verían automáticamente incrementados sus haberes 7,2%. 

A su vez, el proyecto ratifica la decisión del Ejecutivo de actualizar los haberes de manera mensual en función de la inflación de dos meses atrás (por ejemplo en junio se tomó la inflación de abril). Esto implica el congelamiento del poder adquisitivo de los haberes: es decir, si mañana la inflación se lleva a 0%, las jubilaciones quedarían eternamente en este (bajo) nivel de capacidad de compra. Por ello, se establece en el proyecto una cláusula de recomposición anual: en marzo de cada año, si los salarios le ganaron a la inflación el año anterior, los haberes se actualizarán por un 50% de dicho diferencial. De este modo, se abre la posibilidad de que en un contexto de crecimiento económico, los haberes previsionales puedan acompañar el ciclo.

Lo más interesante que tiene el proyecto, a mi entender, es el esquema que crea para evitar la discrecionalidad del bono que viene sosteniéndose desde hace dos años, y que bajo el mandato de Caputo se congeló en $70.000 los últimos 4 meses, licuándolo paulatinamente. Se crea una garantía de haber mínimo para que si las jubilaciones no alcanzan ese piso, se pague un “suplemento” de manera automática. Este ingreso mínimo garantizado está, a su vez, asociado a la canasta básica total que mide el INDEC para una persona adulta. En el proyecto de Unión por la Patria, dicho valor debía multiplicarse por 1,2, en el de otros legisladores simplemente por 1, y en el recinto terminó acordándose 1,09. 

Traducimos en números: en abril, último dato disponible, la canasta básica total valía $268.012, multiplicado por 1,09, el haber mínimo garantizado para junio hubiera sido -de estar vigente- de $292.133,08, unos $15.000 más de lo que perciben este mes quienes cobran la mínima. Suponiendo una inflación de la canasta básica de 5,3% en mayo (en línea con lo estimado por las consultoras relevadas por el BCRA), en julio, los de la mínima cobrarían $307.616,13, 11% por encima en términos nominales de lo que perciben en junio, ganando más de 5 puntos de poder adquisitivo en un mes. 

Este proyecto aún debe pasar por la Cámara de Senadores, que tiene otra agenda inmediata: convocó a sesión para tratar la Ley Bases y el paquete fiscal el próximo miércoles 12 junio a las 10 de la mañana. A pesar del debate que suscitó en comisiones, los cambios introducidos al proyecto aprobado por la Cámara Baja son relativamente menores: extienden el plazo de funcionarios que no pueden ingresar al blanqueo de 5 a 10 años e inhabilitan a sus hermanos, incorporan otros organismos del Estado que no pueden disolverse, reducen la cantidad de “colaboradores” que puede contratar un trabajador independiente de 5 a 3, incorpora como causal justa de despido “la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento”, y sostiene un esquema similar al del monotributo social.

Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo alardean con su poder de veto. Sin embargo, la media sanción se logró con apoyos de todos los bloques que no son La Libertad Avanza y el PRO, quienes aferrados al equilibrio de las cuentas públicas, terminaron reconociendo lo que veníamos denunciando desde CEPA hace meses: en el primer cuatrimestre del año, el 35,1% del superávit del que se vanagloria el gobierno se explica por la licuación de los haberes previsionales. Terminaron reconociendo que el ajuste se hace en base a las jubilaciones y pensiones:

De pronto, un proyecto de Ley que implicaría, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, menos de 0,4% del PBI (porque la estimación está realizada desde mayo, y probablemente no comience a regir, en caso de aprobarse, hasta agosto), es denunciado por el oficialismo como un jaque a “la caja”, a la que habría que defender de “las ratas”: ¿se refiere a los jubilados?

Diez veces más de recursos podría obtener de otro lado: el total de gasto tributario y de beneficios impositivos, incluidos en la “separata” que presentó el gobierno anterior para su discusión en el Poder Legislativo, representarán en este 2024 una pérdida de recaudación de 4,72% del PBI. Un ítem, de los tantos contenidos en dicha presentación, es la exención de los inmuebles rurales en el pago del Impuesto a los Bienes Personales. Ese solo concepto implica para el Estado dejar de recaudar 0,48% del PBI.

Es decir, si el gobierno de Javier Milei, en vez de reducir este impuesto progresivo como pretende con el paquete fiscal que se discutirá la semana que viene en el recinto del Senado, incorporara los inmuebles rurales, podría financiar este incremento para las jubilaciones. Plata hay, en todo caso, no hay voluntad de gestionar para las grandes mayorías.