Reformulaciones, plazos y conflictos comerciales: los argumentos que podrían obstaculizar la ley de etiquetado frontal

El martes de la semana pasada se convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos, cuando faltaban apenas días para que el proyecto perdiera estado parlamentario y se diera marcha atrás en años de debate sobre el tema. Saldado ese paso fundamental, la discusión abrió un nuevo capítulo. Si bien distintas empresas fabricantes de alimentos y bebidas aseguraron a elDiarioAR que acatarán la norma, la experiencia de otros países muestra que una vez sancionada la ley aparecen nuevos puntos de tensión con la industria que pueden generar dilaciones en su aplicación o incluso suavizar sus efectos. 

Los términos de la reglamentación, el cumplimiento de los plazos y las supuestas complicaciones vinculadas a la adaptación, el intercambio comercial con el exterior o incluso a la libertad de expresión son algunos de los puntos de fricción en la etapa de implementación, que en otros países han terminado incluso en la Justicia. 

El etiquetado frontal —con el modelo de octógonos negros que señalan “exceso” de azúcar, sal y grasas— existe en otros cinco países de la región: Chile, Perú, México, Uruguay y Colombia. Chile es el pionero en esta normativa; sus promotores debieron dar una larga batalla parlamentaria (se comenzó a discutir en 2007, se aprobó en 2012, se reglamentó en 2014 y terminó de implementarse en 2019) y enfrentaron una resistencia firme de la industria alimenticia, que estrenó en el país andino estrategias que luego se replicarían en otros.

Una investigación de las organizaciones civiles el Poder del Consumidor, de México, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de Colombia, concentra en tres las maniobras que se usaron en Chile para intentar deslegitimar y bloquear la ley una vez sancionada. La primera fue la “creación de una narrativa según la cual la medida era confusa y no solucionaba el problema que pretendía resolver”, lo que incluyó campañas de comunicación y contratación de figuras públicas de la farándula chilena.  

La segunda estrategia fue denunciar una supuesta incompatibilidad de la ley de etiquetado con el derecho del comercio internacional, haciendo referencia a que la norma transgrede artículos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que hablan de “libre competencia” para todos los productos. Esta estrategia no tuvo gran éxito dado que la propia OMC define que no se debe impedir que los países tomen las medidas necesarias para la protección de la salud pública. 

La tercera fue señalar que la prohibición de hacer publicidad y promociones de para niños, niñas y adolescentes de productos sin sellos viola las leyes de propiedad intelectual y constituyen una forma de expropiación. Desde este punto de vista, eliminar personajes emblemáticos (pensemos en el tigre Tony, en el conejo de Trix, en el osito Bimbo) es mutilar la identidad de las marcas. Si bien son argumentos que fueron perdiendo algún efecto con el avance de la discusión en la región, podrían reaparecer en la Argentina e incluso las empresas ya comenzaron a reflotar algunos de estos tópicos.

La mirada de las empresas alimenticias

La etapa de la reglamentación —que en la norma se prevé en 90 días— será clave, así como la definición de la autoridad de aplicación de la ley, a cargo del Poder Ejecutivo, y todas las empresas están atentas a eso. “Esperamos que la industria tenga participación en el proceso de reglamentación para poder lograr la mejor ley posible”, señalaron en Unilever, donde anticiparon que apuestan a “un sistema eficaz de etiquetado que brinde información clara a los consumidores sin desatender la realidad del sector productivo”. Del mismo modo, en Mondelez dijeron a elDiarioAR que están “analizando la nueva ley y su alcance y aguardando su reglamentación para entender bien” cuál será su impacto en los productos que fabrica. 

En su intervención en el Congreso la diputada Carla Carrizo, de la UCR, buscó evitar que queden “vacíos” en la ley que pudieran afectar el cumplimiento de su objetivo. Para eso, planteó que se incluya claramente cuáles son los productos alcanzados (sugirió “procesados y ultraprocesados”), que se incluya en las excepciones fórmulas para lactantes y niños y alimentos para propósitos médicos y que se adecuen los plazos a un contexto de pandemia y alta inflación para evitar que las empresas vayan a negociar sus excepciones con el Ejecutivo una a una. “Las leyes que no dicen correctamente a los actores alcanzados lo que tienen que hacer son leyes destinadas a no implementarse bien”, dijo. Finalmente, las modificaciones no fueron incorporadas. 

La norma establece un plazo máximo para la entrada en vigencia de 6 meses y de hasta 12 meses para pymes y firmas de la economía popular. Sin embargo, señala que el Ejecutivo puede disponer, cuando haya motivos justificados por parte de quien la solicite, una prórroga de 6 meses. “Los plazos son muy desafiantes. No creo que los 6 meses queden fijos”, anticipó el ejecutivo de una gran compañía de alimentos y bebidas y argumentó que en Chile le dieron de 24 a 36 meses para la implementación. 

En otra empresa, especializada en lácteos, señalaron que incluso antes de la sanción venían preparándose para este escenario: “Es algo que se venía venir hace mucho, que la empresa ya tenía bastante estudiado”. Además, dijo que la experiencia de otros países muestra que “no cambia el consumo en absoluto”. “En Chile está todo con sellos y la gente compra chocolates, nadie le hace caso”, relativizó. 

Sin embargo, una investigación que analizó las compras de alimentos en todos los supermercados Walmart entre mayo de 2015 y marzo de 2018 mostró que hubo una importante baja en la compra de productos son sellos, especialmente de aquellos que el consumidor creía “saludables” y resultaron tener sellos.  

De acuerdo a esta investigación, antes de la ley se compraban 27 gramos de azúcar por cada dólar gastado en alimentos en Walmart, que tres años después bajó 9%. Por dos motivos: los consumidores cambiaron su conducta de compra y, por otro, la industria alimenticia reformuló productos para recibir menos sellos, quitándoles azúcar y calorías.

“Como en todos los países, nos hemos adaptado a la norma incluso haciendo reformulaciones”, señalaron a elDiarioAR en una multinacional. En la industria de bebidas las reformulaciones ya se vienen realizando, como una estrategia de supervivencia, desde hace varios años. Aún en contra de los consumidores que, según dicen en el sector, no acostumbran todavía el paladar y “piden que les devuelvan el azúcar”. 

Otro punto conflictivo es la publicidad, que queda prohibida en los casos que sea de productos con sellos y esté destinada a menores. “Eso es lo más complicado, lo que nos puede jorobar más”, apuntan en el sector. La diputada del PRO Carmen Polledo, que votó en contra del proyecto en el Congreso, ya había anticipado ese argumento al señalar que “la publicidad es una consecuencia de la libertad de expresión”. “Las prohibiciones de hacer publicidad del modo que están planteadas en la ley son censura previa y están en colisión con las garantías individuales protegidas por nuestra constitución Nacional”, dijo. 

Por otro lado, varias empresas llamaron la atención sobre la falta de homologación a nivel de Mercosur, lo que —argumentan— podría generar problemas para las exportaciones o, en todo caso, aumentar los costos de las empresas al obligarlas a hacer envases diferentes para cada país. Ese argumento fue muy utilizado incluso por funcionarios del Gobierno, pero en otros países de la alianza comercial no fue un problema: Uruguay tiene su propia norma de advertencia con sellos octogonales y también Brasil adoptó su propio sistema de etiquetado, en ese caso de “lupas”. 

Las empresas también esgrimen posibles problemas en la cadena de producción cuando procedan a adaptar los su envases. “Es crítico saber que cuando toda la industria empiece a renovar etiquetas haya materiales e insumos para todos y que los materiales importados necesarios se puedan adquirir. Ahí pensamos que va a haber un cuello de botella”, señalaron en el sector de bebidas.

Argumentos como los mencionados anteriormente generaron disputas en los distintos países que tienen ley de etiquetado y en algunos casos llegaron a la Justicia. De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, en los primeros seis meses de implementación de la ley se presentaron casi 50 amparos y en Uruguay fueron cerca de 10 recursos de revocación del decreto que impuso los sellos. Queda por ver si en la Argentina también escalará la tensión o si el masivo respaldo que recibió en el Congreso (200 votos positivos contra 22 en contra), sumado al recorrido que ya tiene en la región, alcanzará para blindar la ley.    

DT