Del “robotito” fiscalizador a las imágenes satelitales: tras el acuerdo con el FMI, la AFIP afila herramientas para recaudar más

El “camino virtuoso” que el ministro Martín Guzmán introdujo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica, según sus propias palabras, cumplir con la exigencia de bajar el déficit fiscal de la Argentina, pero hacerlo “sin ajuste”. Dentro de ese planteo, aumentar la recaudación aparece como una necesidad central, algo que está atado fundamentalmente a la evolución de la macroeconomía, pero puede atizarse, eventualmente, con la creación de nuevos impuestos.  

El Gobierno dejó una puerta abierta para eso. El Consenso Fiscal al que adscribieron sobre el cierre de 2021 todos los gobernadores menos el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilita a aumentar alícuotas de Ingresos Brutos, gravar servicios digitales y a crear el impuesto a la herencia, que hasta el momento solo rige en Buenos Aires. Además, elDiarioAR pudo saber que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) trabaja junto con el Banco Central en una nueva normativa para someter a tributación el minado de criptomonedas. 

Pero por fuera de eso hay otra pata en la recaudación, más burocrática, que depende de la capacidad del Estado para reducir la evasión: de exprimir más las fuentes de ingreso que ya existen. La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, lo anticipó en sus declaraciones posteriores al acuerdo con el FMI, al que defendió como “la mejor solución posible”. Dijo que se encargará de “mejorar la administración tributaria y profundizar el trabajo realizado en materia de fiscalización y control de los sectores con mayor capacidad contributiva”. Para eso, aseguró, cuenta con “herramientas y tecnología”. 

La artillería de la AFIP va de un software automático de fiscalización –el “robotito”, como lo llaman internamente–  a la utilización de imágenes satelitales para detectar cultivos sin declarar y el cruce de datos internacionales. Además, este año insistirá en la intimación a quienes no pagaron todavía el aporte extraordinario a las grandes fortunas, fuente que seguirá manando a lo largo de 2022. ¿Hace la diferencia? “Todo suma”, dicen en el Gobierno. 

En 2021 el aporte extraordinario de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones generó ingresos por más de $238.000 millones. Los datos reflejan que unas 10.600 personas cumplieron con la obligación –contando a quienes pagaron en tiempo y forma y a los que se sumaron intimación mediante–, el 80% del universo potencial estimado. 

Es decir, hay un 20% sobre el que el organismo recaudador insistirá y que podrá aportar a la caja este año. Sin ir más lejos, en enero de 2022 ingresaron $938,7 millones en concepto de Aporte Solidario y Extraordinario.

Una segunda herramienta que promete recolectar para las arcas es un software basado en inteligencia artificial que funciona de manera automática y que a lo largo de 2021 inició 12.900 fiscalizaciones. No es un desarrollo de este Gobierno, sino preexistente, pero que para funcionarios del Frente de Todos estaban subexplotando. 

Cuando se detecta alguna irregularidad –como subdeclaración del valor de inmuebles en el exterior, liquidaciones de granos no declaradas o utilización de facturas apócrifas– se hace correr el “robotito”, que revisa información de distintas bases de datos en busca de otras posibles inconsistencias. Según datos de AFIP, en 2021 este procedimiento de fiscalización automática generó ingresos por $3.413 millones en impuestos adeudados, más que los $1.100 millones ingresados en 2020. En los últimos dos años acercó a la caja más de $4.500 millones.

El nivel de respuesta de los contribuyentes a estas fiscalizaciones –que rectifican declaraciones o pagan lo que se les reclama– suele ser alto, lo que tiene una explicación: cuando cumplen, el procedimiento se cierra. Si no, se inicia una fiscalización integral que puede derivar en hallazgos mayores. 

Alrededor del 60% del monto recaudado a través de las fiscalizaciones electrónicas corresponde a rectificaciones por liquidaciones de granos no declaradas y otras inconsistencias del sector agropecuario. Por eso otra de las estrategias de la AFIP es fortalecer la vigilancia sobre el agro a partir de la utilización de imágenes satelitales.  Comparando estas vistas con las declaraciones de los productores se puede advertir, por ejemplo, la producción en tierras rurales que no están declaradas con ningún tipo de actividad, la subdeclaración de hectáreas producidas o de rendimiento.

En el plano internacional, el Estado argentino recibe anualmente un paquete de información sobre cuentas financieras de argentinos en 90 países, producto de un acuerdo multilateral de intercambio. La AFIP tiene bajo investigación alrededor de 3.000 cuentas financieras de residentes argentinos alrededor del mundo con patrimonio elevado y cuentas desprolijas. Por ejemplo, declaran una cuenta en el exterior pero el monto reportado es inferior al que figura en la información recibida del exterior, omitieron declarar colocaciones financieras en el exterior en sus presentaciones de Bienes Personales, tienen una cuenta financiera en el exterior pero no presentaron su declaración jurada de Bienes Personales o ni siquiera están inscriptos en Bienes Personales. 

Esa fiscalización internacional es una fuente de interés para el Gobierno porque abreva a la causa de concentrarse en las cuentas de los sectores de mayores ingresos. Según pudo saber este medio, existen además contribuyentes a quienes se les detectaron colocaciones financieras no declaradas en el exterior que perdieron por este motivo los beneficios del blanqueo de 2016, impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri. 

Por el momento, un nuevo blanqueo no es una opción para sumar recaudación, pero sí reimpulsar uno que Alberto Fernández puso en marcha el año pasado, destinado a volcar fondos a la construcción. Estuvo vigente hasta julio y el Gobierno buscará que esté disponible durante todo el 2022, algo que estaba previsto en el presupuesto oficial de este año, que fue rechazado por la oposición. Por demoras en la reglamentación fue breve el plazo para inscribirse en la primera etapa del blanqueo, que otorgaba mayores beneficios y, por lo tanto, mayor interés. De acuerdo con datos de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en esa primera etapa hubo 7.000 aperturas de cuentas por un monto cercano a los US$200 millones, mientras que solo ingresó el 10% del total recaudado en las siguientes dos etapas. Este año el Gobierno saldrá a buscar a los que se quedaron con las ganas. 

DT