A 30 años del autogolpe en Perú: Fujimori indultado y Lima con toque de queda

El lunes 28 de marzo, mientras en el Congreso se  debatía acerca de la moción de vacancia en contra el presidente Pedro Castillo presentada por la oposición que perdió por un voto, el Tribunal Constitucional (TC) publicó el fallo de restitución del  indulto humanitario que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018)  concedió a Fujimori en 2017.

La salida del ex presidente Fujimori del penal del Barbadillo estaba prevista para pocas horas después de que el TC publicara su fallo. Sin embargo, quedó suspendida debido al  comunicado enviado por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) cuyas decisiones son vinculantes para Perú solicitando al gobierno que se “abstenga” de  cumplir  la orden hasta que el Tribunal Supranacional se pronuncie sobre la solicitud de medidas provisionales presentada por los familiares de las víctimas del exmandatario.

“Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de disponer la libertad de Alberto Fujimori, hasta tanto este Tribunal Internacional pueda decidir sobre la solicitud de medidas provisionales”.

La notificación de la CIDH fue comunicada al Estado y a los representantes de las víctimas y posteriormente será notificada al TC y al Poder Judicial.

El viernes 1 de abril más de una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos de América solicitaron a CIDH que anule la sentencia del TC peruano que restituye el indulto al Fujimori

Gloria Cano, representante legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), informó que  27 entidades del continente remitieron una carta al Tribunal Internacional para instarlo a invalidar la decisión del TC de disponer la libertad del exmandatario. La misiva está firmada por organizaciones de EEUU, México, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, Panamá, Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana.

El documento menciona que la Corte Interamericana, que condenó a Perú en 2001 por el caso Barrios Altos y en 2006 por el de La Cantuta, ya emitió en 2018 una resolución en la que señalaba que la ejecución de la condena forma parte del derecho de las víctimas al acceso a la justicia “ya que los beneficios pueden conllevar impunidad”.  

En aquella ocasión, el Tribunal indicó que si la cárcel agravaba la situación de salud del condenado se tenía que hacer una ponderación de la posibilidad de indulto, pero esto siempre y cuando se siguieran unos estándares, entre ellos el cumplimiento de una parte considerable de la condena y el pago de la reparación civil impuesta. 

“Estos estándares no han sido analizados en la sentencia del TC, irrespetando la resolución de la CIDH y sus interpretaciones de la Convención Americana, así como los propios del derecho” .

El miércoles pasado el presidente Castillo expresó su compromiso al presidente del Tribunal Internacional , Ricardo Pérez Manrique,  “a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir” y manifestó  su solidaridad “con los familiares de quienes fueron víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos en ambos luctuosos acontecimientos”. 

Prontuario de Alberto Fujimori, de presidente a presidiario

Fujimori presidió el Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre de 2000. El 5 de abril de 1992, exactamente treinta años atrás, dirigió  un inesperado mensaje a la nación: “... He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República”. Aquella noche, todo el país se paralizó por el golpe perpetrado  al orden democrático del Perú. Que fue posible gracias al apoyo de las FFAA,  la deslegitimación de la clase política tradicional, la desastrosa situación económica, el avance de la corrupción y “una sensación de indolencia y de distancia” con la ciudadanía, como consideró  el analista Eduardo Dargent.

A pesar de las tres décadas transcurridas, los peruanos “aún arrastran las consecuencias que ese autogolpe dejó” en términos económicos, políticos y derechos humanos, agregó la socióloga y analista Gelin Espinoza.

Sin embargo, el legado del golpe de Estado de 1992 es reivindicado por los seguidores de Fujimori, incluida su hija y heredera política Keiko,  para quien fue un episodio “único e irrepetible” en un momento crítico de la historia peruana.

Así como el 18 de marzo cuando se conoció la restitución del indulto a Fujimori, cientos de ciudadanos en todo el país protestaron en las calles, el aniversario del autogolpe encuentra a Lima con militares en las calles, por un toque de queda diurno decretado sorpresivamente por el presidente Castillo para contener protestas por las alzas de los precios de combustibles y alimentos.

Este martes 5 de abril, trigésimo aniversario del autogolpe fujimorista, centenares de personas se manifestaron en las calles patrulladas por el Ejército: desafiaban un toque de queda diurno decretado sorpresivamente por el presidente Pedro Castillo.

El preso más caro del país que permanece en la cárcel del Barbadillo cuenta en su haber cinco sentencias condenatorias por parte de la Justicia del Perú  posterior a  su extradición de Chile en 2007 donde residía después de haber huido a Japón cuando se destaparon los escándalos de corrupción en su contra.

Entre las condenas de Fujimori figura la usurpación de funciones. En diciembre de 2007, el Tribunal determinó que el exmandatario ordenó a un soldado suplantar la identidad de un fiscal para allanar ilegalmente la vivienda de la esposa de su entonces asesor presidencial, Vladimiro Montesinos.

En abril de 2009, fue condenado a 25 años de prisión por secuestro y homicidio con alevosía por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti. Esas  matanzas son emblemáticas de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su gobierno por el secuestro y asesinato de civiles por parte de Colina, un destacamento paramilitar perteneciente a las FFAA peruanas.

En 2009, Fujimori fue condenado a 7 años y medio de prisión por malversación de fondos públicos y falsedad documental en  la entrega de 15 millones de dólares de las arcas públicas a su exasesor Montesinos y a 6 años más por delitos contra la Administración pública, espionaje y cohecho.

El exmandatario también recibió una sentencia condenatoria de 6 años de cárcel por violar el Secreto de Comunicaciones y, en 2015, la Justicia lo castigó con 8 años de prisión por el desvío de fondos de las FFAA y los servicios de Inteligencia para financiar un grupo de diarios y garantizar su reelección en el año 1995.

Además, Fujimori se encuentra imputado en el juicio demanda por esterilizaciones forzadas como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad que marcó la historia del Perú.

Después de decisión del TC, la Justicia ordenó que Fujimori no podrá salir del país durante 18 meses y que deberá acudir a las citaciones del juzgado periódicamente por el caso Pativilca, una matanza de seis personas que tuvo lugar en 1992 y por el que todavía se le sigue demandando.

Pese a todas las sentencias en su contra, el estado de salud de Fujimori, de 83 años, lo preservó de cumplir  con las múltiples condenas impuestas por los tribunales.  Cuando Kuczynski tramitó el indulto contra el expresidente, lo hizo esgrimiendo razones humanitarias. El TC rescató esta tesis para recuperar la medida de gracia, que se ejecutó inicialmente en 2017 pero se revocó ocho meses después. Sin embargo, la IDH considera que es necesario garantizar los derechos de las víctimas del ex presidente antes de ponerlo en libertad.

Indultos e insultos

Según una encuesta publicada por el diario La República  en estos momentos el 52% de los peruanos está en contra del indulto de Fujimori mientras que el 43% está a favor de otorgarle esta medida de gracia por razones humanitarias a la vez que acusan al tribunal internacional de tener un sesgo ideológico contra el líder histórico del fujimorismo, a quien ensalzan por considerar que salvó al país del terrorismo y el colapso económico. 

El polémico indulto se deslinda del perdón de delitos políticos que lo incluiría en las ‘amnistías’ anteriores del Perú , como la otorgada por el ex presidente  José Luis Bustamante (1945-1948) a los presos apristas   o la del expresidente  Juan Velasco Alvarado (1968-1975)  a los guerrilleros   Héctor Béjar, Hugo Blanco Galdós, Elio Portocarrero, entre otros. En este mismo sentido, en otros países de la región se buscó utilizar  acuerdos de paz  para integrar a grupos subversivos y paramilitares al sistema democrático, como en 2016 el celebrado  entre las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Por el contrario, el caso de Fujimori  se vincula con el carácter de las condenas por crímenes de lesa humanidad que se homologa con los de otros expresidentes de la región.

Golpes y autogolpes, autoamnistías y otros perdones regionales

En Argentina, el entonces presidente Carlos Menen (1989-1999) firmó en 1990 el indulto  a Rafael Videla presidente de facto y a los otros ex miembros de la  Junta Militar (1976-1981)  que habían sido  condenados en 1985 a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

El indulto favoreció a cerca de 220 militares exmilitares y 70 civiles . En 2007, una resolución de la Corte Suprema de Justicia  reactivó las penas impuestas a los exmilitares por su participación el llamado Proceso de Reorganización Nacional.

Videla quien estaba bajo arresto domiciliario por otras causas, como el robo de bebés nacidos de padres detenidos y el Plan Cóndor, la operación coordinada de los gobiernos militares sudamericanos para perseguir a sus opositores. En 2010, Videla fue juzgado nuevamente y condenado a cadena perpetua por el asesinato de 31 disidentes detenidos en Córdoba.

En 2012, fue condenado a otros 50 años por el robo de niños nacidos de prisioneras en centros de detención clandestinos. Videla murió en el Penal de Marcos Paz, en 2013.

El dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) en octubre de 1998 fue arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón, que buscaba juzgarlo por crímenes de lesa humanidad apoyado en “jurisdicción universal” .Senador vitalicio en su país, estaba autoamnistiado de antemano en su patria por la Constitución de 1980 todavía vigente hasta que la Convención Constitucional en funciones redacte una nueva Ley fundamental para Chile.

El Capitán General -este título militar fantasioso o arcaizante resucitó Pinochet para sí- había viajado a Inglaterra para recibir tratamiento médico y hacer compras en librerías militares anticuarias. El Parlamento  británico resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad y podía ser juzgado y los tribunales de Justicia británicos aprobaron en primera instancia que fuera extraditado a España

Los temores por el estado de salud del exgeneral llevaron al gobierno laborista de Tony Blair a liberar a Pinochet por razones humanitarias. El senador vitalicio regresó a Chile en marzo de 2000, después de recibir en prisión domiciliaria inglesa la visita de la ex premier conservadora Margaret Thatcher (agradecida por el apoyo de Santiago en la guerra de Malvinas), y murió en 2006.

La restitución del indulto a Fujimori sería, como dijo en su oportunidad  Kuczynski, “voltear la página”. Una suerte de olvido selectivo. Recordar lo bueno  y negar los crímenes de lesa humanidad. No lo permitió la sociedad argentina en el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que acortó la pena de un ex represor de la última dictadura argentina aplicando la ley 24.390 llamada  2 x 1  - pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención- durante  gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) que también rechazó el dictamen.

AGB