Estado chileno deberá pagar millonaria indemnización a 20 detenidos y torturados de la dictadura

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco chileno que pague una indemnización millonaria por “crímenes de lesa humanidad” a 20 funcionarios y estudiantes detenidos en septiembre de 1973 en la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE) y torturados en distintos recintos inmediatamente después del golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet.

El Estado deberá pagar 1.615 millones de pesos chilenos ─equivalente a alrededor de 2 millones de dólares─ en concepto de daño moral a 20 víctimas por la “obligación de reparación íntegra” que tiene frente a casos de violaciones de derechos humanos.

Las personas indemnizadas son Sergio Muñoz Cáceres, Luis Cifuentes Seves, Héctor Peña Soto, Carlos Vega Pizarro, Gregorio Suárez Bustos, Emilio Daroch Fernández, María Geraldina Lisham Guerrero, Carlos Galaz Muños, Eduardo Nallar Abud, Mario Navarro Cortés, Fedora Demsky Verdugo, Érica Osorio Araya, Sergio Moscoso Bustamente, Aldo Leal Lacrín, Marcela Lizana Fuentes, Rimski Reyes Ramírez, Álvaro Palacios González, Eduardo Tourrel Navarrete, Iris Aceiton Venegas y Juan Martínez Amigorena. Cada uno de ellos, recibirá montos que oscilan entre los 40 y 90 millones de pesos según su caso particular.

Los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech) revelaron que, durante la dictadura de Pinochet, un total de 31.686 personas sufrieron violaciones a los derechos humanos. De ellos, 28.459 corresponden a casos de tortura, mientras que los 3.227 restantes refieren a ejecuciones o desapariciones forzadas.

Este año se cumplen 50 años desde el golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende. Por el aniversario, el gobierno planificó una agenda con distintas actividades conmemorativas a nivel nacional e internacional en rechazo a cualquier acción que busque atentar contra el sistema democrático. Se impulsaron, además, proyectos de ley e iniciativas para investigar el destino de los desaparecidos como es el caso del Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric.

ACM con información de agencias.