El Congreso español aprobó la ley de amnistía

La histórica ley de amnistía en España es ya una realidad. Tras el Pleno de este jueves, que por momentos intentó frenar la extrema derecha con insultos, gritos e interrupciones durante la intervención del diputado socialista que defendía la norma, el Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a la medida de gracia que pone el punto y final a las consecuencias penales derivadas del procés.

La mayoría absoluta de la Cámara, con 177 votos a favor y 172 en contra –faltó al Pleno una diputada de Podemos por cuestiones personales–, respaldó una norma que han rechazado los diputados de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria en una sesión que el independentismo ha definido como “histórica”. Dirigentes de ERC y Junts, algunos de ellos condenados a prisión e indultados después como Oriol Junqueras, Carme Forcadell o Jordi Turrull, asistieron al debate parlamentario y a la votación desde la tribuna de invitados. Entre los escaños de los diputados catalanes hay quien no pudo reprimir las lágrimas.

“No es perdón ni clemencia, es victoria”, quiso reivindicar la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, para desterrar la idea de que las formaciones independentistas perdieron el pulso que lanzaron al estado en 2017. Nogueras aprovechó su intervención para reprochar al PP y al PSOE el castigo penal que se derivó del referéndum del 1 de octubre y de la posterior declaración unilateral de independencia. “No nos confundamos, nunca deberíamos haber necesitado la amnistía ni habríamos llegado hasta aquí si el Estado hubiera hecho una transición real, sobre todo en las cúpulas judiciales. No habríamos llegado aquí si el Gobierno hubiese aplicado las resoluciones del grupo de trabajo de la ONU sobre los exiliados y presos políticos catalanes. Si el PP y el PSOE no hubiesen promovido y participado activamente de la represión”, señaló.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también comenzó su intervención en la tribuna con una alusión al Estado. “Es un día histórico porque estamos delante de la primera derrota del régimen del 78. Hoy no es solo un buen día por unas ideas o una causa, hoy es un buen día para todo un país, para su democracia y libertad”, defendió en un discurso en el que advirtió que esta ley de amnistía no es un paso final.

“Si tienen memoria, me entenderán. Siguiente parada: referéndum. Y quien se ría, que recuerde lo que se decía aquí de la amnistía hace cuatro, tres, dos años”, dijo en referencia a los discursos del Partido Socialista que negaban la posibilidad de un texto de olvido penal para los encausados por el procés como el que el Congreso aprobó definitivamente este jueves. 

El momento de mayor tensión llegó con la intervención parlamentaria del líder de Vox, Santiago Abascal. El líder de la ultraderecha incendió el recinto con un discurso contra el Gobierno, Sánchez y sus socios por la aprobación de la amnistía, ley que calificó de “golpe” y del “mayor atentado contra la Constitución” perpetrado desde 1978.

Abascal arremetió contra todos los socios que tiene Sánchez, tanto en España como a nivel internacional, y que a su juicio “denota el extremismo en el que han caído”. “Aquí quién les apoya son los albaceas de ETA y los delegados del prófugo de la justicia Puigdemont”. Y “a nivel internacional -agregó- solo les felicita Hamás, los talibanes, Irán, un régimen teocrático asesino de mujeres” o “el grupo de Puebla de los narco-gobiernos de Latinoamérica”, “En realidad están muy solos”, concluyó. “Aun así creemos que lo peor de Sánchez está por llegar”, sentenció Abascal.

Durante su turno, el líder de extrema derecha se refirió al diputado de Sumar Gerardo Pisarello —que intervino justo antes que el diputado ultra— como “enemigo de España”. “Soy nieto de republicanos andaluces. Me siento orgullosamente catalán y orgullosamente latinoamericano, y aunque fuera de Senegal, o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento”, respondió Pisarello. Varios diputados de Vox se levantaron de sus sillas para increpar al diputado socialista que tomaba en ese momento la palabra y al que llamaron —durante varios minutos, a viva voz y gesticulaciones de por medio— “traidor” o “corrupto”. Insultos que profirieron también posteriormente contra Pedro Sánchez.

Ante la ausencia durante todo el Pleno hasta el momento de la votación del presidente del Gobierno y la decisión del Ejecutivo de no intervenir durante el debate, el portavoz elegido por el PSOE para defender la norma más importante de la legislatura fue el diputado Artemi Rallo, que aprovechó buena parte de su turno para arremeter contra el PP por boicotearla. Rallo acusó a Alberto Núñez Feijóo de boicotear su tramitación, de manipular las instituciones y de llegar a proponer incluso la ilegalización de los partidos independentistas. “El PP ha protagonizado el más bochornoso espectáculo de grosera manipulación de instituciones”, lamentó. 

El diputado socialista recordó a Feijóo que hacía todo eso mientras “en privado estudiaban la amnistía y descartaban el terrorismo”. “Lo ha fiado todo a engullir a los nostálgicos del franquismo. Pero será usted el devorado. Devorado por los suyos, que no le van a pasar otra victoria quimérica. Y devorado por la bestia neofascista que recorre España y Europa, ese monstruo que los españoles votarán en las urnas: esperanza, justicia y dignidad”, cerró el portavoz socialista.

El encargado de cerrar el turno de intervenciones fue el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha volcado su discurso en arremeter contra el presidente del Gobierno y contra el Partido Socialista, al que da por muerto. “Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos, desde la Constitución, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre, a nosotros no nos han elegido para mentir”. Feijóo pidió hasta el último instante la retirada de la norma y la convocatoria de elecciones, a poco más de una semana de que los españoles voten en las europeas.

“Procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos, siete votos”, dijo Feijóo. “¿Cuánto vale la Presidencia del Gobierno? Lo que le pidan. ¿Cuánto vale la impunidad? ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales, no pagar ni con cárcel ni multas la presunta comisión de delitos?”, prosiguió. “Si alguien cogiese fondos públicos y se lo diese a políticos a cambio de hacerle presidente, diríamos que es corrupción; pero si le borra unos delitos, ¿qué es? No se atrevan a llamarle convivencia, no se rían de los españoles. No pretendan lavar el cerebro de los españoles”, disparó.

Seis meses de tramitación

Durante su recorrido de casi seis meses en el Congreso el texto sufrió varias modificaciones. Tras su primera fase de debate en la Comisión de Justicia, la ley fue elevada a Pleno el 30 de enero, pero fue tumbada por el voto en contra de Junts. Los de Carles Puigdemont forzaron su vuelta a la comisión ante la negativa del PSOE a aceptar sus enmiendas sobre los delitos de terrorismo y traición y abocó la medida de gracia a una nueva negociación.

El acuerdo final en el Congreso se alumbró en el Pleno del 14 de marzo y fue entonces cuando la ley se envió al Senado. En la Cámara Alta el PP hizo uso de su mayoría absoluta para llevar a cabo una modificación reglamentaria que le permitió 'retener' allí la norma dos meses, el máximo fijado por la Constitución, pese a tramitarse por el procedimiento de urgencia.

Con el voto en contra del PP, el Pleno del Senado vetó la ley hace dos semanas y la devolvió al Congreso sin incluir modificaciones. Dirigentes independentistas como el líder de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, la expresidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, la portavoz de ERC y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, y la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Laura Vilagrà , han acudido este jueves al Pleno del Congreso para asistir una jornada definida como “histórica” por parte de ERC y Junts.

La aprobación de la ley, y su publicación en el BOE, implicará su entrada en vigor, pero no su inmediata aplicación. La norma establece un periodo de dos meses para que cada juez que instruye alguna causa susceptible de ser modificada por la amnistía la aplique. Pero, además, es previsible que se planteen diferentes tipos de recursos contra la norma. Desde los que partidos y jueces puedan plantear al Tribunal Constitucional, como ante instancias jurisdiccionales supranacionales, como el Tribunal de Justicia de la UE, entre otros.