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Después del juez Sergio Moro, fue condenado ahora el fiscal Deltan Dallagnol por su accionar abusivo en el Lava Jato

El Tribunal de Cuentas Federal (TCU) de Brasil, en voto unánime, condenó a Rodrigo Janot,  ex Fiscal General de la República; a Deltan Dallagnol, ex jefe de los fiscales de la operación Lava Jato en Curitiba  y a João Vicente Beraldo Romão,  ex Fiscal Jefe del Ministerio Público en Paraná  a regresar a las arcas públicas  la suma de R$ 2.831.808,17 por el acto de gestión 'ilegítimo y antieconómico’' de sus liquidaciones corruptas de gastos y viáticos diarios. Cada uno de los condenados queda obligado a  una multa individual de R$ 200 mil.

El juez contable Bruno Dantas fue apoyado por el resto de sus colegas para condenar a Janot, Deltan y Romao, principales acusadores de la Operación Lava Jato, por haber utilizado en beneficio propio o sin responsabilidad dinero público.

El Lava Jato fue la operación más grande jamás lanzada en Brasil contra la corrupción. Su nombre alude a un lavadero de autos donde un cambista amañaba también lavados de dinero y delaciones premiadas. Sin embargo, el uso extensivo de arrestos provisionales y condenas basadas en acuerdos de culpabilidad provocó muchos desafíos. En 2019, una importante filtración de mensajes entre los fiscales y el juez Sergio Moro demostró que había coordinación de estrategias entre la fiscalía y el magistrado. El grupo de trabajo también fue objetado acusado de sostener  objetivos políticos y partidistas, acentuados por el paso posterior de Moro a desempeñar el cargo de Ministro de Justicia ofrecido en 2019 por el actual presidente Jair Messias Bolsonaro cuando asumió el cargo.

El nombre de Deltan Dallagnol, ex jefe de los fiscales del Lava Jato, adquirió conocimiento público por haber acusado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva de asociación ilícita durante su mandato encubriendo actos de corrupción en la empresa Petrobras. El exjuez Moro envió a prisión a Lula, quien fue sobreseído por probarse manipulación política, alteración de pruebas y persecución.

A pesar de la condena del Tribunal de Cuentas Federal (TCU), órgano auxiliar del Congreso Nacional que analiza los balances financieros, presupuestarios y la administración de los recursos de la nación, una eventual decisión sobre la ilegitimidad de Deltan, quien se presentó como candidato en diputado federal por Podemos do Paraná, corresponde al Tribunal Electoral. Cuando el ex fiscal registre su candidatura, que puede ser  cuestionada, la decisión final corresponde al Tribunal Electoral, con apelación al Tribunal Superior Electoral (TSE).

La decisión judicial alcanzó a Janot, jefe de los fiscales entre 2013 y 2019, quien acusó al ex presidente Michel Temer de decir que quiso asesinar a balazos durante una audiencia al juez Gilmar Mendes del Supremo Tribunal Federal, por cuestionar el accionar de toda la Operación Lava Jato en la búsqueda de delaciones premiadas.

La sentencia a la vez involucró a un tercer miembro del Ministerio Público (MPF), el ex fiscal de la ciudad de Curitiba Joao Romao, quien autorizó los gastos de los fiscales de Lava Jato.

Dantas también sugirió una investigación separada, “de oficio y por los órganos competentes”, de cuestiones que, en teoría, pueden constituir un acto doloso de improbidad administrativa.

Los recursos ante el fallo se pueden presentarse  ante el órgano colegiado y ante el pleno del TCU. El caso también puede recusarse ante el Supremo Tribunal Federal (STF) a través de una acción autónoma de impugnación de la sentencia en el tribunal de cuentas.

Argumentos de la acusación

Dantas en su relato acusatorio sostuvo que  “El modelo impugnado por el MP de cuentas en esta contabilidad especial implicó la elección de apoderados y el pago reiterado y excesivo de tasas y boletos diarios a quienes no tenían domicilio en Curitiba. Esa norma habilitaba a una industria a pagar viáticos y pasajes a determinados abogados elegidos a dedo, lo que es absolutamente incompatible con las normas que rigen la función pública brasileña”.

Respecto a otros ex integrantes del grupo de trabajo, que se beneficiaron del pago de viáticos y boletos, el Tribunal entendió que no hubo “práctica de un acto de gestión, ni un error grave”. Según Dantas, los fiscales “actuaron en la actividad principal, designados y autorizados” por los responsables del grupo de trabajo. Antonio Carlos Welter, CarlosFernando dos Santos Lima, Diogo Castor de Mattos, Isabel Cristina Groba Vieira, JanuárioPaludo, Jerusa Burmann Viecili y OrlandoMartello Júnior, fueron eximidos de cargo.

La situación de Deltan, Janot y Romão es diferente, según Dantas, debido a la “adopción del formato de fuerza de tarea desprovista de un razonamiento adecuado, con la consiguiente práctica de un modelo de costos antieconómico”. El ministro del TCU entendió que el trío es responsable del “diseño, solicitud, aprobación y gestión del modelo antieconómico” adoptado por Lava Jato.

“Es evidente que el modelo construido viola el principio de impersonalidad, tanto al privilegiar a los agentes administrativos en desmedro del interés público, como al no adoptar criterios imparciales, objetivos y transparentes para la elección de estos mismos agentes”, ponderó.

Dantas afirmó que Romão el entonces titular del Ministerio Público de la Federación autorizó la constitución del grupo de trabajo Lava Jato “adoptando un modelo antieconómico que permitía el pago irrestricto de jornales y boletas a fiscales elegidos sin criterios objetivos”.

En cuanto a Deltan Dallagnol, el ministro del TCU sostuvo que el ex fiscal, como líder del grupo de trabajo desde su creación, participó “notoria y activamente en su concepción del modelo elegido, eligió a sus integrantes y exigió, a la cúpula de la Fiscalía, General de la República, medios materiales y humanos para la realización de la obra”.

El ministro del TCU también discurrió sobre preguntas sobre los “'reflejos' institucionales” de los temas tratados en el caso de que se trate en el ámbito del Ministerio Público de la Federación. Dantas señaló que el caso Lava Jato operado desde Curitiba “no pretende abordar temas estructurales de constitución y economía del modelo de gestión a través de grupos de trabajo” en el ámbito del MPF del Ministerio Público de la Federación. Según él, este tema, “de carácter transversal y organizativo”, es objeto de otro relato.

En caso de que los tres ex fiscales no cumplan con la sentencia respecto al reintegro del dinero reclamado a las arcas públicas, corresponde a la Procuraduría General de la República (AGU) interponer una demanda de ejecución judicial para recibir el monto.

AGB con información de agencias y fuentes