Después del referéndum que declaró venezolanos 150 mil km2 de la ex Guayana británica
La comparación del conflicto venezolano del Esequibo y el argentino por las Malvinas es exagerada. Pero sirve para explicar el resultado del voto en el referéndum del domingo convocado por el gobierno de Caracas. Cuando un gobierno argentino convocara una consulta popular para preguntar al electorado si las Malvinas son argentinas y si el Estado nacional puede proceder a la organización administrativa de las islas del Atlántico Sur como provincia n°25 de la República Federal, los votos afirmativos serían arrolladora mayoría. Otro tanto le ha ocurrido al gobierno de NIcolás Maduro con su referéndum del domingo 3 de diciembre sobre el territorio del Esequibo, en la frontera oriental de Venezuela, que no lo disputa a Gran Bretaña ahora, pero sí a la ex colonia británica de Guyana. Preguntado el electorado de la República Bolivariana si el Estado nacional podía convertir el territorio del Esequibo en el estado n°24 de Venezuela, la respuesta afirmativa fue casi la única en registrarse. Los efectos inmediatos son difíciles de calibrar.
La disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo data de más de un siglo. El hallazgo de yacimientos petroleros en la zona, que convirtió a Guyana en una de las economías de mayor crecimiento del mundo, provocó que crecieran las tensiones entre Caracas y Georgetown
Este domingo 3 de diciembre, el gobierno de Venezuela consultó a la ciudadanía del país si apoya la creación de la nueva provincia llamada “Guyana Esequiba” en este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados y administrado por Guyana, donde se habla inglés. Guyana ha rechazado la consulta calificada por su presidente, Irfaan Ali, como “una amenaza a la paz en América Latina y el Caribe”.
La consulta -que además preguntó sobre si otorgar la nacionalidad a los 125 mil habitantes de esta región rica en recursos naturales- fue repudiada por Georgetown, que planteó el 29 de noviembre la opción de establecer “bases militares” con apoyo extranjero en el Esequibo, y anunció la visita de funcionarios del Departamento de Defensa de EEUU. “Nunca hemos estado interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, declaró en rueda de prensa el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo. Aun así, el gobierno de Guyana ha mostrado voluntad de que la disputa con su vecina Venezuela pueda resolverse en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, cuya jurisdicción desconoce Caracas en el caso del Esequibo.
Más de un siglo de disputas
Cuando en 1810, la actual República Bolivariana de Venezuela declaró su independencia de España, el territorio liberado que desde 1777 correspondía a la Capitanía General de Venezuela llegaba hasta el margen izquierdo del río Esequibo. Sin embargo, durante las guerras de independencia, los británicos tomaron posesión de las colonias de Demerara, Berbice y Essequibo, que, luego, en 1831 pasaron a formar parte de lo que se llamó Guayana británica, el territorio al este del río Esequibo. Antes de eso, allí y en lo que hoy es Suriname estaba la Compañía de las Indias Neerlandesas.
Con el propósito de definir el límite occidental de la Guayana británica, en 1840, Gran Bretaña comisionó al explorador alemán Robert Shomburgk, para que levantara un mapa con los límites entre esa Guyana Británica y sus vecinos, entre ellos Venezuela. El resultado que se conoce como la línea Shomburgk, ubica el límite de Venezuela en la desembocadura del río Orinoco. Un año después, en 1841, Venezuela protestó sobre la base que había sido despojada de sus territorios ubicados al oeste del Esequibo. El acuerdo entre Gran Bretaña y Venezuela, en 1850, establece que la zona en controversia no sería ocupada y la definieron como territorio en disputa.
En 1897, con la mediación de EEUU, Venezuela y Gran Bretaña se comprometieron a respetar el resultado de un arbitraje internacional con la participación de Inglaterra, Gran Bretaña, Rusia y EEUU, el último en representación de Venezuela. Dos años después, el Laudo Arbitral de París (1899) otorga a los británicos la soberanía sobre toda la zona objeto de controversia y dejó a Venezuela una porción de tierra hacia el sur y las desembocaduras del río Orinoco.
Más de medio siglo después, en 1962 Venezuela denunció ante la ONU que hubo vicios en el procedimiento arbitral y dejó claro que consideraba el fallo del Laudo como “nulo e írrito”. Argumentó que una carta póstuma de uno de los árbitros estadounidenses evidenciaba la que fue una supuesta componenda del presidente ruso en el tribunal con los representantes británicos para lograr una decisión unánime y contraria a Caracas.
Seguidamente, en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el cual Gran Bretaña reconoce que existe una controversia sobre ese territorio. Ese mismo año, Guyana logra su independencia y se inicia una negociación directa entre ambos países por el diferendo territorial.
En 1970, con los buenos oficios de Eric Williams, primer ministro de Trinidad y Tobago, Venezuela, Guyana y Gran Bretaña firmaron el 18 de junio el llamado Protocolo de Puerto España, por firmarse en la capital de Trinidad y Tobago, que estableció un plazo de 12 años, contados a partir de la rúbrica, durante el cual “no se haría valer ninguna reclamación que surja de lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo de Ginebra y se suspendería el artículo 4 de dicho acuerdo”.
Para destrabar la disputa y acordar la designación de un ‘buen oficiante’ que pudiera mediar en 1986, las partes acudieron nuevamente a la ONU. A partir de ese momento fueron designados tres oficiantes. El último de ellos, Norman Girvan, falleció en 2014 sin haber logrado soluciones al diferendo territorial. Tampoco hubo nuevas solicitudes desde las partes hacia la ONU para que se designara a un nuevo mediador.
El descubrimiento de petróleo por la empresa estadounidense ExxonMobi en 2015, aumentó la disputa por este territorio. Guyana demandó en 2018 a Venezuela ante la CIJ para que esa instancia confirmara la validez del Laudo Arbitral de París. Venezuela, que no ha reconocido que la CIJ tenga competencia sobre el caso, en 2021 emitió una declaración en la que reafirma el dominio sobre el Esequibo. A esta declaración, Guyana la consideró una amenaza a su soberanía e integridad territorial.
En septiembre de 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela convocó a sus ciudadanos a un referendo sobre el Esequibo. Como respuesta, en octubre Guyana solicitó ante la CIJ suspender el referendo consultivo impulsado por Venezuela.
El 15 de noviembre de 2023 Venezuela expuso sus argumentos ante el tribunal internacional sobre la celebración del referéndum. La vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió el derecho de su país a “consultarse y escucharse” y denunció que Guyana ha entregado concesiones de petróleo y gas en la zona en disputa.
La CIJ, el 1° de diciembre determinó, sin hacer ninguna referencia explícita a la consulta del día de hoy, 3 de diciembre, que Venezuela debe “abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa”.
El reclamo que aúna al oficialismo y la oposición
La convicción de que el Esequibo es de Venezuela es una de las pocas cuestiones en las que coinciden públicamente el gobierno de Maduro y sus opositores. En 2021, en el marco de las negociaciones facilitadas por Noruega, ambos bloques políticos acordaron reivindicar los “derechos históricos, soberanos e inalienables” de Venezuela sobre ese territorio. Ambos consideran que el Laudo Arbitral de París es “nulo” y defienden al Acuerdo de Ginebra como el único instrumento válido para alcanzar una solución satisfactoria en el diferendo.
Pero si es unánime la postura del oficialismo y la oposición frente a la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, difieren en cuanto al referéndum. La líderesa opositora venezolana María Corina Machado, quien arrasó en las primarias para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de 2024, rechazó el 22 de noviembre a la decisión de la convocatoria del referéndum sobre esta disputa territorial; en lugar de defender los intereses del país ante las cortes internacionales. Machado considera que el gobierno venezolano debió suspenderlo en vista de los perjuicios que ocasionará a los intereses del país y prepararse para el caso ante la CIJ.
AGB
0